El directorio de Petroperú sugiere introducir una gestión privada para revertir la desastrosa situación que atraviesa la empresa estatal y lograr la tan deseada “autosostenibilidad financiera”. Esta es la última opción de financiamiento disponible para acceder a los US$ 2,200 millones que requiere. 

Nuevamente, Petroperú registró pérdidas por más de US$ 183 millones en el primer trimestre de 2024. Esto supera en US$ 25 millones las pérdidas del mismo periodo del año anterior (US$ 158 millones), según los estados financieros (EEFF) de la empresa. Aun así, Petroperú proyecta que las pérdidas anuales disminuirán a US$ 716 millones, por detrás de los US$ 823 millones de 2023. Como fruto de este pobre desempeño en los últimos años, la participación de la estatal en el mercado de hidrocarburos pasó del 51% en 2016 al 25% en la actualidad. 

Petroperú es insolvente y un sinónimo de despilfarro de recursos públicos. Para defenderse, la empresa argumenta haber aportado más de US$ 9,000 millones en impuestos recaudados entre 2016 y 2022. Sin embargo, esta cifra es apenas superior a los US$ 8,532 millones de deuda que afronta la empresa, de los cuales US 4,468 millones vencen este año, según sus EEFF. 

Es ingenuo esperar que Petroperú podrá recuperarse por sí misma. Por eso, el Directorio Transitorio expresa la necesidad de contar con US$ 2,200 millones adicionales para darse abasto y subsistir otro periodo. Si sumamos este monto a todos los rescates y transferencias que recibió la empresa desde 2017, resultaría en una cifra de US$ 8,000 millones (ver Semanario 1179), monto equiparable al PBI de 2022 de Tumbes y Ucayali juntos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

¿Qué se pudo haber hecho con las transferencias a Petroperú? Reducir las brechas sociales del país. Con aquel monto, se pudo haber construido 18 hospitales de tercer nivel (es decir, aquellos de mayor complejidad y alcance en cuanto a servicios de salud). De manera similar, se pudo pavimentar el 110% de la red vial nacional y llevar electricidad a todos los hogares contemplados en el Plan Nacional de Electrificación Rural dos veces, según datos públicos. Estos números se incrementan si consideramos las últimas necesidades de la empresa. 

No solo se trata de los modestos números de la empresa, sino de la incongruencia de sus acciones y su falta de transparencia. Recientemente, la calificadora Fitch Ratings bajó su calificación por segunda vez en el año, debido al potencial riesgo de incumplimiento en sus obligaciones de pago sin el respaldo del Gobierno peruano. Recordemos también que, en 2022, la empresa perdió calificación crediticia simplemente por no querer transparentar sus estados financieros. 

Por otro lado, la refinería de Talara prometía ser el salvavidas de la empresa, pero resultó un desastre económico más. El proyecto costó aproximadamente US$ 6,500 millones, cuatro veces su presupuesto inicial. Este irresponsable manejo de deuda hubiera llevado a cualquier empresa a la quiebra, de no estar respaldada por el Gobierno y financiada por el bolsillo de todos los peruanos. Hoy, cuando ya debería estar operando, aún presenta deficiencias técnicas y administrativas que impiden su desempeño óptimo.

Afortunadamente, cada vez son menos las responsabilidades que se le confieren a la estatal, y cada vez hay más indicios de participación privada. La reciente concesión del Lote X, ubicado en Talara, no se entregó completamente a Petroperú, como pretendía el anterior ministro de Energía y Minas, Óscar Vera. La licitación se llevó a cabo y Petroperú contará con una participación de un 40%, mientras que el 60% fue adjudicado a un consorcio privado. El proyecto implica US$ 8,000 millones de inversión en los primeros 10 años. Sobre el futuro de otros lotes cuyas concesiones están por vencer, confiamos en que sean adjudicados a empresas o consorcios altamente técnicos y con las espaldas financieras para impulsar la producción del crudo.

El vicepresidente de Petroperú, Oliver Stark, propone alternativas para incluir al sector privado en la administración de la empresa estatal. Por ejemplo, menciona implementar un project management office, como el empleado en los Juegos Panamericanos, o un contrato de asesoría para la restructuración de Petroperú. Así, los actores privados gestionarían la empresa, pero continuaría perteneciendo al Estado. 

Al cierre de la presente edición, no se conoce aún si el Ejecutivo optará por la gestión privada sugerida por el Directorio Transitorio. Los días pasan y las pérdidas se siguen acumulando. Pérdidas que pagamos todos.