En setiembre último, se publicó el Decreto Legislativo 1448, que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 1310 (ver Semanario N.º 874), que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, y busca perfeccionar el marco institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejora de la calidad regulatoria en el Perú.

En ediciones anteriores (ver Semanario N.º 900) hemos comentado la importancia de adoptar medidas efectivas de mejora del análisis de impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés), como proceso orientado a promover la eficiencia, transparencia y neutralidad en el ejercicio de la función regulatoria del Estado, así como un marco racional en la elaboración de políticas públicas. Este análisis constituye un enfoque sistémico que evalúa críticamente los efectos positivos y negativos de las regulaciones propuestas y las ya existentes, además de las alternativas no regulatorias, mediante procesos de consulta transparentes y participativos, con evaluaciones posteriores de eficacia de las regulaciones. Se ha empleado durante más de dos décadas como parte de una práctica internacional aplicada por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual el Perú aspira integrar, pues hoy es el único miembro de la Alianza del Pacífico que no forma parte.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el Perú ocupa el puesto 90, en un ranking de 140 economías, en el pilar que mide la calidad de las instituciones, donde alcanzamos ubicaciones especialmente malas en los indicadores de eficiencia del marco legal en regulaciones (103) y carga de regulación gubernamental (128). Estos datos confirman que necesitamos medidas urgentes, y el RIA y la simplificación administrativa constituyen las bases de una profunda reforma del sistema de gobernanza pública necesaria en el Perú. Por tanto, debemos trabajar en la institucionalización de las reformas, para mejorar nuestros estándares, aumentar la confianza en el país y no continuar rezagados.

En este sentido, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ya ha desarrollado un manual que contiene los criterios aplicables para la elaboración y evaluación del análisis de calidad regulatoria (ACR), aplicable solo a procedimientos administrativos (no al proceso regulatorio en sí, el cual será parte de un desarrollo posterior), que debe ser tomado en cuenta por todos los ministerios y organismos públicos que son parte del Poder Ejecutivo.

De esta forma, cada entidad viene trabajando en el desarrollo del ACR, tanto de sus procedimientos vigentes como de los que piensa emitir a futuro, los cuales son evaluados en última instancia por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, dependiente de la PCM e integrada por representantes de dicha entidad, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El primer resultado de este trabajo vio la luz hace unos días, con la promulgación del Decreto Supremo 110-2018-PCM, mediante el cual se ratificaron determinados procedimientos administrativos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la PCM y el Ministerio del Ambiente. Recientemente, se ha anunciado que, en los próximos días, se publicará un segundo paquete orientado a los sectores de Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura y Riego, y Cultura.

Así pues, si bien el Perú está comenzando a desarrollar una política de calidad regulatoria, es interesante observar algunas experiencias de otros países que han ido más allá en la aplicación e institucionalización de sus procesos de RIA. México, por ejemplo, cuenta con una Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), que se encarga de la evaluación y aplicación de la Ley General de Mejora Regulatoria, con impacto en los tres niveles de gobierno. Además, la ley agrega pautas para la creación de un Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, un observatorio ciudadano encargado de vigilar la correcta implementación de la política de mejora regulatoria. Otro elemento para destacar en el caso mexicano son los Consejos de Mejora Regulatoria, que actúan a nivel nacional y estatal, y cuentan con la participación del sector empresarial, académico y de la sociedad, con el objetivo de fortalecer e incentivar la participación de dichos sectores en la labor desarrollada por la Conamer.

Por otro lado, desde hace muchos años, España viene trabajando en mejorar sus procesos de RIA, y dio un gran paso en 2015 con la aprobación de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común, la cual incluye un nuevo artículo que regula la iniciativa legislativa y establece principios de buena regulación, de acuerdo con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, del Gobierno español. Es interesante este elemento, ya que incorpora la aplicación del RIA en las instituciones legislativas y no lo limita únicamente al Ejecutivo. Como sostuvimos en semanarios anteriores (ver semanarios N.º 897 y N.º 899), estamos convencidos de la necesidad de que el Congreso de la República del Perú realice también un análisis de impacto normativo que convalide el sustento de sus propuestas legales, a fin de mejorar su calidad normativa, como parte del proceso de formulación de políticas públicas eficientes.

El Perú ha tenido logros destacables en política monetaria y fiscal, y es necesario que también se mejore la implementación de una buena política regulatoria, que permita darle sostenibilidad a su desarrollo como país, establecer estrategias que faciliten la promoción de normas claras e impulsar la competitividad y el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.