Según cifras actualizadas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en mayo, la inversión pública alcanzó los S/ 3,019 millones, un 1.1% más que en el mismo mes de 2021. Este crecimiento estuvo liderado por el avance de proyectos a nivel de los Gobiernos locales, que alcanzaron una ejecución de S/ 1,334 millones (+28.3%), y de los Gobiernos regionales (S/ 670 millones; +23.8%). Sin embargo, como era de esperarse, el Gobierno nacional, con un devengado de S/ 1,016 millones, registró una caída del 27.8% en dicho mes. 

En el periodo enero-mayo, la ejecución de proyectos de inversión alcanzó un total de S/ 12,187 millones, lo que evidencia una caída del 4.7%. En lo que va del año, los Gobiernos locales han ejecutado S/ 4,960 millones, un 22.8% de su presupuesto modificado; los Gobiernos regionales ejecutaron S/ 2,332 millones (18.3%) y el Gobierno nacional, S/ 4,896 millones (19.5%). Una vez más, en términos acumulados, el Gobierno nacional registra una caída del 16.6% con respecto al avance del año previo.

Este magro desempeño a nivel del Ejecutivo se explicaría por la incertidumbre producto de la coyuntura política, con constantes cambios en el Gabinete, lo que deja mucho que desear y viene destruyendo la poca tecnocracia e institucionalidad de nuestro país (ver Semanario 1121). Según las principales unidades ejecutoras de este nivel de Gobierno, en los primeros cinco meses del año, la inversión pública se explica por el trabajo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y Provías nacional. Sin el desempeño de la ARCC, por ejemplo, la caída de la inversión del Gobierno nacional habría sido del 25%.

Cabe recordar que la gestión de las inversiones en nuestro país está descentralizada y se evidencia en el trabajo de las municipalidades distritales y provinciales, así como de los Gobiernos regionales. Tal es así que, del total del presupuesto para inversión pública de este año, el 37% lo comprenden los Gobiernos locales y el 21%, los regionales. Ahora, si bien se resalta su avance presupuestal, explicado en cierta medida por ser el último año de gestión de las autoridades subnacionales, persiste una alta disparidad entre departamentos.

A nivel de Gobiernos regionales (Gores), Moquegua lidera la ejecución, con un avance del 28.6%, seguido por el Callao (28.2%), Loreto (27.5%) y Tacna (27.5%). No obstante, tres Gores no superan siquiera una ejecución del 10%, entre los que se encuentran Huánuco (6.7%), Ica (7.7%) y La Libertad (8.3%).

Por el lado de los Gobiernos locales a nivel departamental, los municipios del Callao lideraron el avance presupuestal, con un registro promedio del 33.3%, seguidos por Loreto (32.5%) y Lima (31.6%). En el otro extremo, Áncash persiste como el departamento con menor desempeño al cierre de mayo, con un avance del 15.1%, seguido por Ica (17.3%) y Ayacucho (17.5%). 

Además, es importante conocer que, de los 20 municipios con mayor presupuesto institucional modificado (PIM) para inversión pública a nivel nacional, en 14 de ellos el rubro de canon, sobrecanon y regalías explica más del 90% de los recursos, por lo que se consolida como la principal fuente de financiamiento para las obras públicas en dichos distritos. Pese a ello, muchos de estos municipios evidencian bajos niveles de ejecución presupuestal.

La inversión pública es un factor determinante para impulsar la economía en la medida que se realice de manera eficiente y oportuna. Esta permite aumentar el stock de capital para la adecuada provisión de bienes y servicios públicos. Por ello, a nivel del Gobierno nacional, urgen medidas concretas que pasen por convocar al personal calificado en los puestos clave de Gobierno, de manera que se tengan señales claras de gestión y se retome el ritmo de crecimiento de la inversión.

A nivel subnacional, existe un espacio de mejora para acelerar el ritmo de ejecución de los proyectos. Una de ellas, según el Informe de Competitividad 2022, es fomentar el uso de procedimientos especiales de contratación. Esto permitiría reducir las demoras en la adjudicación de los proyectos en comparación con el tiempo requerido a través de la licitación pública tradicional.

En esa misma línea, un detalle no menor es el caso de las obras paralizadas. Según información de la Contraloría General de la República (CGR), al mes de abril del presente año, se tienen 2,538 proyectos paralizados en todo el país, que suman un total de S/ 24,374 millones. Estas, en su mayoría, corresponden a obras bajo responsabilidad de las municipalidades. Para tener una idea, este monto equivale al presupuesto destinado para la reconstrucción del norte. Por ello, las medidas de acción también deberían estar dirigidas a resolver los casos de paralización. Esto se podría lograr, por ejemplo, estableciendo consejos de disputas que incluyan a la empresa contratista, la entidad pública y un representante de la Contraloría, de manera que se revisen los pagos y las penalidades, y así se eviten mayores demoras.

Además, cercanos a las elecciones regionales y municipales, recordemos que el ingreso de nuevas autoridades tiende a ralentizar la inversión pública, por lo que se requerirá tener, desde el Gobierno central, una estrategia clara de capacitación para los nuevos funcionarios. De igual manera, en estos niveles de gobierno también se necesitará garantizar el ingreso de personal calificado. Según un informe de la CGR, para 2019, tres de cada diez funcionarios elegidos para puestos de confianza en los gobiernos subnacionales no cumplían con el perfil solicitado.

No debemos olvidar que la ejecución de los proyectos de inversión no es un fin en sí mismo, sino el medio para llevar más y mejores servicios públicos a la población, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de más peruanos. Para ello, necesitamos de personal idóneo que lidere la gestión pública tanto a nivel nacional como subnacional.