Al 31 de noviembre de 2024, los Gobiernos locales aún tienen pendiente utilizar el 45% de su presupuesto público asignado a la realización de proyectos. De hecho, la ejecución presupuestal de estos no alcanza ni el 50% en 11 departamentos. 

El presupuesto institucional modificado (PIM) para la inversión pública en 2024 asciende a S/ 70,984 millones, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Entre enero y noviembre, se ejecutaron S/ 46,839 millones, lo que representa el 66% del presupuesto total. En desagregado, los Gobiernos locales, quienes recibieron el mayor PIM anual de los tres niveles de Gobierno (S/ 28,767 millones), solo han utilizado el 55% de su presupuesto. Este avance es inferior al 75.3% de ejecución del Gobierno nacional y al 70.5% de los Gobiernos regionales. 

En los últimos cinco años, los Gobiernos locales emplearon, en promedio, menos del 63% del presupuesto total destinado a proyectos, lo que los posiciona como los de menor ejecución entre los tres niveles de gobierno. A pesar de ello, habrá un incremento del 8% en su presupuesto para actividades y proyectos en 2025, según el MEF. 

En el ámbito sectorial, estos Gobiernos invirtieron menos del 60% en 13 de las 20 categorías y en ninguna de estas lograron un avance superior al 70%. Transporte, saneamiento y educación, que son los sectores con mayores recursos asignados, alcanzaron niveles de ejecución por debajo del 55%. 

Este desempeño es aún más crítico a nivel departamental. En 11 departamentos, la inversión de los Gobiernos locales no superó el 50%. Huancavelica, Pasco y Lambayeque destacaron entre los departamentos con menor avance, al registrar cifras por debajo del 40%. En contraste, los de mayor ejecución fueron Cusco, con un 73.9%; Tacna, con un 64.4%, y Moquegua, con un 64.2%. 

A partir de los datos presentados, se evidencia el bajo nivel de ejecución del presupuesto de los Gobiernos locales. Para comprender mejor sus desafíos en la gestión de recursos públicos, es crucial mirar más allá de los números y analizar sus capacidades internas. 

Una de las limitaciones para el desarrollo de la inversión pública es la falta de capacidades de los funcionarios. En 2023, el 94.9% de las municipalidades provinciales y el 95.3% de las distritales identificaron la necesidad de reforzar las capacidades de su personal, según el informe Perú: Indicadores de Gestión Municipal, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este indicador se mantuvo por encima del 90% durante los últimos cuatro años. Entre los temas más solicitados, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) destacó con el 74.9%, seguido por los procedimientos administrativos, con el 74.5%, y el Sistema de Focalización de Hogares, con el 72.2%. 

El PI, como incentivo presupuestario, busca optimizar el desempeño institucional en la provisión de servicios públicos. Sus objetivos incluyen, por ejemplo, la mejora en la gestión de residuos sólidos y la prestación de servicios de saneamiento. Para alcanzar las metas, el PI se desarrolla en tres etapas: diseño, implementación y verificación. En la etapa de implementación, se brinda asistencia técnica a los municipios y se monitorea el avance de sus metas. 

En todos los departamentos, más del 50% de las municipalidades solicitaron capacitación sobre el PI, según el INEI. Asimismo, en 2023, el 85.7% de las municipalidades de Moquegua y Tacna expresó esta necesidad, lo cual los posicionó como los departamentos con el mayor porcentaje de municipalidades que requirieron este apoyo. 

Además de las capacitaciones específicas, las municipalidades también señalaron la necesidad de asistencia técnica. En 2023, el 94.5% de las municipalidades provinciales y el 91.4% de las distritales requirieron asistencia técnica, según el INEI. Entre los temas más solicitados, la Evaluación de Riesgo de Desastres destacó, con el 63.2%, seguida por el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (62.6%), el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (62%) y los Procedimientos Administrativos (60.9%). 

En el reporte Panorama de las Administraciones Públicas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se resalta la importancia de contar con mecanismos sólidos de evaluación de desempeño y rendición de cuentas en el sector público. Estas herramientas permiten identificar a los funcionarios de alto rendimiento, asignar responsabilidades claras y garantizar altos estándares en la prestación de servicios. 

En América Latina y el Caribe (ALC), la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos presenta diferencias significativas. En el 53% de los países de la región se llevan a cabo evaluaciones regulares basadas en objetivos de desempeño. Sin embargo, en el 47% restante no existe la obligatoriedad de llevar a cabo evaluaciones formales. A su vez, un 27% de los países de ALC aplican el despido para quienes tienen un desempeño deficiente. 

En Chile y México, el desempeño de los directivos se mide mediante métricas específicas de productividad o resultados. Además, ambos países reconocen y premian a los directivos con altos rendimientos. La OECD señala que un adecuado diseño de incentivos podría fomentar la excelencia, motivar el rendimiento y aumentar la eficiencia en la prestación de servicios. 

Para superar los desafíos en la ejecución presupuestaria de los Gobiernos locales, es crucial fortalecer sus capacidades técnicas y operativas, así como implementar estrategias que optimicen la gestión de los recursos públicos.