Cuando a una empresa privada no le va bien, o al menos como esperaría, busca refinanciamiento para continuar con sus operaciones o hace los ajustes de capital de trabajo necesarios para optimizar sus recursos. Así, es la propia empresa, su directorio, con el aval de sus accionistas, quien asume el riesgo de continuar con el desarrollo del negocio. Si falla, quiebra. 

Mientras que, cuando a una empresa estatal no le va bien o, peor aún, genera pérdidas, sus directivos no tienen mejor idea que “prestarse” de la caja fiscal, que se nutre de los recursos de todos los contribuyentes. Es decir, le meten la mano al bolsillo a la gente para continuar con la aventura llamada Estado empresario, por más que esta sea probadamente fallida a lo largo de la historia económica del mundo. 

Una vez más, el Ministerio de Energía y Minas solicita un rescate para la ineficiente empresa estatal Petroperú y así cubrir sus importaciones realizadas el año pasado, así como los desembolsos fiscales que implica la modernización de la refinería de Talara. Serían US$ 2,550 millones de los bolsillos de todos los peruanos con los que habría que rescatar a Petroperú. Es decir, alrededor de S/ 9,500 millones, monto que supera los presupuestos de inversión pública de 2023 para sectores como saneamiento, agropecuario, salud, orden público y seguridad. 

Por tanto, hacer efectivo este rescate no solo es una pésima señal como país, pues se estaría priorizando la operatividad de una empresa estatal al cierre de brechas sociales, sino también para la población, que ve cómo el Gobierno premia la ineficiencia en lugar de castigarla. De acuerdo con los Estados Financieros de Petroperú, en 2022, esta entidad registró pérdidas acumuladas por US$ 278 millones, mientras que en el periodo enero-setiembre de 2023 estas pérdidas sumaron US$ 530 millones. 

Los resultados de la gestión de Petroperú se traducen también en pérdida de mercado. Esta empresa estatal ha reducido significativamente su participación en el mercado interno de combustibles, al pasar de casi un 50% en 2018 a un 31% en 2022. Es decir, hoy las empresas privadas abastecen la mayoría del mercado y en un futuro podrían remplazar la participación de Petroperú. A manera de “anécdota”, se rumorea que la situación es tan crítica que, para que un privado se haga cargo de Petroperú, el Estado debería de pagarle a la empresa privada, debido a las deudas que mantiene la empresa estatal. Entre pagarle un monto a una empresa privada para que se lleve una empresa quebrada o seguir financiando la ineficiencia, ¿qué elegirías? 

Independientemente de lo anterior, promover una mayor participación privada resulta complicado bajo las condiciones actuales, debido a la falta de incentivos para la inversión en el sector hidrocarburos. Por ejemplo, en el caso peruano, las regalías pueden ascender hasta el 50% del valor de la producción, pero en países como Argentina, Colombia y Ecuador estas no superan el 10%. Además, obtener los permisos de exploración puede demorar hasta cuatro años en el Perú, mientras que en otros países suele demorar hasta seis meses. Así, la inversión en el sector en el periodo enero-setiembre de 2023 no superaría los US$ 250 millones, según estimaciones de Perupetro, mientras que diez años atrás superaba los US$ 1,440 millones. 

Rescatar una y otra vez a Petroperú es insostenible, y debería indignarnos a todos los peruanos. Los recursos son escasos y deben emplearse en cerrar brechas sociales. Para colmo, la solicitud de rescate estaría siendo respaldada en afirmaciones de las calificadoras de riesgo que reconocen que el apoyo del Gobierno es fundamental para la continuidad de esta empresa estatal, a pesar de que esto fue una crítica, no una recomendación. ¡Qué lisura! 

*Publicado en Infobae el 12.01.2024