Durante el presente año hemos visto cómo el contexto político ha atravesado un proceso electoral con una turbulencia considerable para, ya casi a fines del octavo mes, encontrarse en una situación definitivamente más apaciguada.

En el Semanario N.° 835 mostramos cómo el proceso electoral genera cambios en las expectativas de los agentes económicos debido a la incertidumbre que genera. De forma específica, analizamos el rol de la confianza de los empresarios, cuyas decisiones de inversión están fuertemente relacionadas con las expectativas que tienen sobre el país, lo que es sumamente importante, pues cuando estas son negativas la inversión se reduce. Así, observamos que el Índice de Confianza Empresarial[1], elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), había caído en enero de este año 11 puntos con respecto a su valor hace un año.

¿Cómo se encuentra este índice ahora? Los últimos datos del BCRP revelan que este ha crecido de manera importante. En el mes de abril, se encontraba en 54 puntos, 8 puntos más que su valor en marzo. Esta gran subida se explica por el resultado de la primera vuelta, que mantuvo a dos candidatos percibidos como amigables con el mercado. Cabe resaltar que ello devolvió las expectativas a un valor mayor a 50 puntos, que de acuerdo con la metodología del BCRP es el valor mínimo para considerar perspectivas positivas de la economía. Otros indicadores también reflejaron una renovada confianza en aquel momento. Por ejemplo, el mismo día de los resultados de la primera vuelta, el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL)[2] subió un 8.6% y el tipo de cambio[3] se redujo un 2.9%.

Por otro lado, en el mes de julio, el índice se ubicó en 61 puntos, lo que significa un crecimiento récord del 43.4% (18 puntos) en el periodo de enero a julio en un año de elecciones. En este mismo periodo, en 2006 el índice creció un 29.4%, mientras que en 2011 tuvo un crecimiento negativo del 22.7%. Al mismo tiempo, de acuerdo con el BCRP, gracias a que el índice se encuentra por encima de los 60 puntos, se han recuperado niveles de confianza no vistos desde 2013 (cuando el PBI real crecía, trimestralmente, a tasas entre un 4 y un 6%). 

A partir de estos datos podemos inferir que hay una gran expectativa por parte del sector privado respecto de la economía peruana. Esto es sumamente positivo para revertir la tendencia de la inversión privada, que continúa reduciéndose, al acumular diez trimestres de caída consecutiva, según el BCRP. La recuperación de la confianza de los inversores es muy importante para el crecimiento, como indica el gerente de Estudios Económicos del BBVA Research, Hugo Perea, al mencionar que la economía tendrá un crecimiento del 4.3% en 2017, impulsada principalmente por la confianza empresarial y por el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura, que estima serán equivalentes a US$ 4,457 millones.

Además, la designación del nuevo gabinete ministerial y la presentación de medidas a adoptar en los próximos días han generado un nuevo aire de optimismo sobre el futuro del país. Sumado a ello se encuentran otras variables que han mejorado: el producto bruto interno (PBI) aumentó un 4.1% en el primer semestre, en relación al mismo intervalo de tiempo en 2015; la inflación (medida como la variación del índice de precios al consumidor de Lima) a 12 meses de julio fue igual al 2.96%, con lo que volvió al rango meta del BCRP (entre 1% y 3%), y el sol se ha apreciado un 5.92% desde febrero de este año, cuando el tipo de cambio alcanzó su valor más alto (US$ 3.51 por sol). Parece, entonces, que nos encontramos en un esperanzador punto de partida.

Es por eso que, de ahora en adelante, lo primordial será que el Gobierno implemente una correcta política económica que permita dar al país ese salto hacia adelante que le hace falta. Esta deberá ser una tarea para todos los niveles del Estado, al igual que para todas sus instituciones. Ya sabemos lo que una mala política económica puede hacer, pues el Perú lo experimentó entre 1980 y 1990, en la llamada “década perdida”, cuando el PBI per cápita retrocedió hasta un nivel similar al de 1960. La clave estará en la ejecución de las reformas estructurales que se han planteado: la desregulación y simplificación de procesos que solo generan trabas, la reforma laboral e impulso de la formalización, la oferta de servicios públicos de calidad, una mayor inversión en infraestructura pública con más participación privada, y reformas políticas que mejoren la eficiencia del Estado.

El objetivo final es el desarrollo del país a través de un crecimiento alto y sostenido, es decir, el crecimiento del PBI potencial, a fin de que se produzcan más bienes y servicios, aumente la población económicamente activa y suban los ingresos de las personas. Pero como indica el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, este no se moverá si no se hace nada. La confianza ya la tenemos, ha llegado la hora de actuar.