Dado que una mala intervención estatal perjudica el nivel de competitividad en el país, incrementando injustificadamente los costos de transacción para empresas y personas, y generando incertidumbre, entre otras consecuencias, asegurarse de que toda normativa sea eficiente y eficaz resulta fundamental. Así, para atender esta problemática, diversos países han implementado el análisis de impacto regulatorio (AIR), una metodología que cuantifica el íntegro de los efectos positivos y negativos que pueda generar una regulación en particular para determinar si se debería implementar, mantener o eliminar.

Por ejemplo, en México, en el año 2000, se estableció la obligatoriedad de implementar el AIR para todas las dependencias que elaboren anteproyectos de ley, decretos legislativos y actos de carácter general cuando generen cargas regulatorias. Asimismo, esta iniciativa fue respaldada por políticas posteriores como el Acuerdo 2x1 en mejora regulatoria, implementado en marzo de 2017[1], y desde su entrada en vigor, en julio de 2018, contribuyó con un ahorro neto de US$ 14,200 millones en costos asociados a cumplir las nuevas regulaciones, según el grupo de Asesores en Derecho y Economía (ASDEC). Más aún, como resultado de todo este proceso, dichas cargas se redujeron de un equivalente del 4.9% al 2.5% del PBI entre 2009 y 2018.

No obstante, si bien en el Perú se reconoce el AIR como un instrumento apropiado para la mejora regulatoria, su aplicación continúa siendo restringida[2]. En particular, lo que ya está vigente en el país es el análisis de calidad regulatoria (ACR), que se diferencia del primero al  únicamente simplificar o eliminar procedimientos administrativos (PA), también conocidos como trámites, y requisitos para aminorar las cargas administrativas, en vez de evaluar de manera completa los potenciales efectos de una regulación. Desafortunadamente, de acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el proceso de elaboración y evaluación del ACR no contempla provisiones para asegurar el cumplimiento de la regulación en cuestión, por ejemplo, evaluar si alcanzó su objetivo después de ser implementada ni garantizar un proceso constante de consulta pública, lo que el AIR sí permite.

¿PERO, CÓMO VAMOS CON EL ACR?

De acuerdo con el informe de resultados finales e información de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el ACR, apenas se pudo evaluar 2,432 PA de los 3,274 recibidos, el 74.3% del total. Asimismo, si bien implementar esta evaluación resulta obligatoria para todas las normativas de alcance general, a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de ley que establezcan algún trámite, solo 62 de las 90 entidades públicas lo implementaron. Esto se debería a las complicaciones evidenciadas por la SGP.

Por un lado, la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CCR), la cual se encarga de validar el ACR y definir si el PA deberá aprobarse o eliminarse, presenta dificultades para la toma de decisiones y carece de personal suficiente para atender todas las solicitudes. Si bien, para solucionar esto, se decidió realizar más reuniones a fin de lograr un consenso entre los miembros e inclusive la cooperación alemana GTZ apoyó con la contratación de consultores para la revisión, el verdadero problema se encontraría en la organización detrás del proceso de ACR. En particular, su elaboración recae completamente sobre los equipos técnicos, los cuales, al ser propios de cada entidad del Poder Ejecutivo, presentan capacidades limitadas y no cuentan con un asesoramiento constante de la CCR.

Al respecto, de acuerdo con la SGP, los equipos técnicos se encuentran limitados por elaborar PA que se sujetan a la especialidad del sector al cual pertenecen; en consecuencia, tienden a ignorar posibles problemas que se generan en otros y presentan complicaciones para elaborar información que permita desarrollar un análisis completo. Para ello, se implementaron capacitaciones a fin de facilitar la elaboración del ACR y generar fuentes de información comunes, aunque nuevamente esto no resolvería el verdadero problema, pues la falta de capacidades de los mencionados grupos se explicaría por su estructura. A pesar de que se requieren equipos multidisciplinarios, la estructura continúa siendo ad hoc dependiendo de la voluntad de cada entidad pública y únicamente se establece como preferencia que participe un especialista legal, uno en metodologías de costeo y otro que provenga de la oficina de planeamiento.

Evidentemente, si resultó tan difícil implementar una metodología más sencilla que el AIR, urge considerar los problemas encontrados para mejorar la calidad de las regulaciones de nuestro país. A este paso, recuperarnos del puesto 128 de 141 economías en cargas regulatorias, de acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2019, resultará muy complicado.

[1] El Acuerdo 2x1 en mejora regulatoria consiste en evaluar si una nueva regulación generará cargas regulatorias adicionales mediante la metodología AIR y, en caso esto suceda, se deberán derogar o abrogar dos regulaciones o actos que refieran a la misma materia o sector económico.

[2] Existen iniciativas de programas piloto para desarrollar el AIR, aunque a la fecha solo los organismos reguladores poseen un manual para su implementación, con excepción de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que recién comenzó el proceso para su implementación en diciembre de 2019.