De acuerdo con el estudio Ciudadanos, burocracia y gobierno digital, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2017, la excesiva burocracia estatal en el Perú fue señalada como el segundo impedimento para hacer negocios, detrás de la corrupción. Según el BID, la elevada complejidad regulatoria genera grandes costos administrativos y la dificultad de hacer negocios es excesiva al tener que afrontar cuestiones como la obtención de licencias para crear una empresa, los permisos de construcción, los registros de propiedad, entre otros. En ese contexto, la gobernanza pública se presenta como la tercera prioridad a nivel mundial, solo por debajo de la salud y la educación, y lo cierto es que nuestro país y América Latina se encuentran muy por debajo del promedio de avance del resto del mundo, para lograr mayores niveles de simplicidad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. La modernización digital del Estado prioriza el acceso y la transparencia en la información, el conocimiento y la innovación, valores fundamentales para la competitividad y rentabilidad.

Conscientes de lo anterior, el Gobierno peruano viene implementando una serie de reformas en materia de digitalización y mejora de la calidad regulatoria, con el fin de promover una mayor interoperabilidad y estandarización, y así perfeccionar y ampliar la prestación de servicios a ciudadanos y empresas. Esto reduciría enormemente los altos costos de transacción existentes en nuestra economía, así como contribuiría a elevar el nivel de satisfacción de los ciudadanos y mejorar el clima de negocios.

En el marco de las recientes facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo, hace unas semanas, se publicó el Decreto Legislativo 1412, que aprobó la Ley de Gobierno Digital, con el objeto de promover la modernización del Estado mediante el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y así, bajo un enfoque descentralista, planificador e integral, crear servicios digitales de valor, seguros y accesibles, mejorar la articulación de los tres niveles de gobierno, orientar la formación y capacitación en materia de gobierno digital y TIC, seguridad digital y arquitectura digital.

A propósito de esta normativa, viene bien conocer de cerca cuál es el contexto en el que nos encontramos en materia de trámites y uso de medios digitales, así como compararnos con el resto de los países de la región.

SIMPLICIDAD Y REDUCCIÓN DEL GASTO

De acuerdo con los resultados del estudio, los ciudadanos de nuestro país se demoran en promedio 8.6 horas en hacer un trámite; mientras que el promedio de la región es de 5.4 horas. Al respecto, según el BID, el uso de medios digitales puede ayudar a solucionar este problema, pues en general hace los trámites más rápidos, más baratos de prestar y menos vulnerables a la corrupción. Entre 20 y 43 veces más costosos son los trámites presenciales para el Gobierno, en relación con el canal digital. A su vez, logra un gran beneficio en cuanto al ahorro de tiempo para los ciudadanos, pues los trámites digitales se demoran un 74% menos que los presenciales. Por ejemplo, en Reino Unido, se estimó que, debido a la transición hacia los servicios digitales, el Gobierno podría ahorrarse hasta US$ 2,510 millones anuales.

Asimismo, en cuanto a lo engorrosos que pueden ser los trámites, el BID realizó encuestas que determinaron que el 80% de las personas encuestadas en América Latina considera que hacer trámites es complicado o muy complicado. Por otro lado, de dichas encuestas se desprende que solo un 7% de las personas realizó su último trámite al menos parcialmente en línea, y un 4% lo efectuó en línea de principio a fin. Dicho resultado se debería a que muchos de los trámites existentes están mal diseñados o llevan a malas experiencias, lo que genera que gran parte de las personas prefieran el canal presencial. En la región, según el BID, el 90% de los trámites se realizan de manera presencial.

En el contexto anterior, una mayor simplificación es necesaria, por lo que se debe trabajar en la reducción de las brechas de conectividad, alfabetización digital y financiera. Esto último tiene, además, un impacto en la economía de los países con ingresos medios y bajos. Por ejemplo, un incremento del 10% en la penetración de banda ancha lleva asociado un crecimiento del 1.38% en el PBI, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial realizado en 120 países con dichas características.

Los avances normativos en el país son importantes para establecer las pautas que aspiren a crear un modelo de gobernanza que mejore la calidad y la eficacia de la acción pública. La voluntad política es una condición necesaria para el éxito de los esfuerzos de simplificación y digitalización, que permitirán terminar con las condiciones actuales que muestran organizaciones resistentes al cambio, poca coordinación interinstitucional y un Gobierno alejado del ciudadano. Existen grandes desafíos por superar y, como sugiere el BID, es necesario definir una estrategia de largo plazo para superar las brechas en conectividad, alfabetización digital e inclusión financiera.