Desde el pasado 15 de junio, en la ciudad del Cusco, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) viene acatando una huelga indefinida. Mediante esta medida de fuerza demandan el aumento de salarios y la derogación de la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. Así, en el transcurso de la misma, se han sumado docentes de 15 departamentos, quienes mantienen paralizadas las labores educativas en gran parte del país.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) decidió sancionar desde el 7 de agosto a todos los docentes que no asistieran a impartir clases, con descuentos que se efectuarían en función a la treintava parte del sueldo mensual cada día; y de cumplirse tres días, se procedería a iniciar el proceso para despedir a los profesores y contratar nuevos docentes, para que los estudiantes no pierdan más días de clase y, por ende, el año escolar.

A pesar de las acciones tomadas por el Ejecutivo, en algunos departamentos se rehusaron a acatar dichas disposiciones. Tal es el caso de Puno, donde el Director Regional de Educación sostuvo que no descontarían a los maestros, a la espera de un documento oficial que ordene tal medida administrativa.

¿Tienen sustento las demandas del Sutep como para poner en riesgo la educación de miles de peruanos? Veamos…

Piden y piden sin someterse a la meritocracia

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 2016, el gasto devengado en educación registró un crecimiento promedio anual del 12.4% en los últimos cinco años, frente al 7.4% del gasto devengado total. Por su parte, el Presupuesto Institucional Modificado de 2017 asignado a esta cartera fue de S/ 29,142 millones (17.2% del total). Cabe mencionar que la remuneración al personal docente en 2017 representa el 51.1% del presupuesto total en educación.

En cuanto a las demandas, el Sutep exige el aumento inmediato del piso salarial de S/ 1,781 a S/ 2,000 para la primera escala y de S/ 3,116 a S/ 3,500 para la sexta, mientras que el Estado contemplaba hacerlo a inicios del próximo año. Al respecto, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), dicha demanda requeriría de S/ 4,000 millones adicionales, que serían equivalentes al presupuesto del año de los programas sociales Cuna Más, Juntos, Pensión 65, Qali Warma y Tambos, en conjunto.

Además, solicita que se fije un compromiso que garantice que, para 2021, el piso de la primera escala sea de S/ 4,050, lo cual no estaría permitido legalmente, ya que las instituciones públicas solo pueden establecer su presupuesto con un año de antelación y no se les permite realizar un compromiso presupuestal multianual.

Tal como señalamos en ediciones anteriores (ver semanarios N.° 685, 750 y 816), el Sutep se ha mostrado en contra de la Ley de Reforma Magisterial y muchos profesores han optado por rechazar la meritocracia. De esta manera, se oponen a toda reforma, mejora y modernización en la estructura de la educación en nuestro país y convocan a paros donde los más perjudicados son los alumnos.

Como mencionamos precedentemente, el Ejecutivo ya dispuso medidas para que miles de alumnos a nivel nacional no pierdan el año escolar. Sin embargo, al cierre de la presente edición, van más de 50 días de paro, los cuales podrían alargarse en departamentos donde no existe la disposición de cumplir la normativa. Esto genera, además de un impacto negativo en la educación, costos para las economías de los departamentos donde se acata el paro. De acuerdo con la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, la huelga de docentes le cuesta US$ 100 millones diarios a la economía cusqueña. En otras palabras, solo en los primeros 45 días de huelga, Cusco habría perdido cerca del 3% de su PBI no minero. Esto se acentúa en un ambiente de inseguridad que limita una de las actividades claves de la ciudad: el turismo.

Lamentablemente, no es la primera vez que el Sutep demuestra su falta de compromiso con la sociedad, en perjuicio de los alumnos y de la economía de las regiones donde se acata el paro. Recordemos que las acciones violentas que se desprenden de las paralizaciones, las cuales atentan contra el orden público y la propiedad privada, constituyen delito de disturbio y son sancionables bajo el artículo 315° del Código Penal, con pena privativa de la libertad (cárcel) no menor a 6 años, y que incluso se puede aplicar la famosa ley de flagrancia. Si bien esperamos que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno y los docentes, no podemos dar el mensaje, una vez más, de que existe impunidad cuando se trata de protestar.

Es importante actuar con inteligencia para neutralizar protestas desmedidas, sobre todo de un grupo de interés que a través de los años se resiste a la modernidad del sector en el que se desempeña. Es inaudito que un grupo sindical ponga contra las cuerdas al Estado. Mano dura con los radicales. Todo sea por el interés de asegurar la educación pública de miles de alumnos a nivel nacional.