La incapacidad del Gobierno para resolver los problemas que enfrentan los ciudadanos, la mala ejecución de la inversión pública y el pésimo manejo de los conflictos sociales, sumados a un discurso populista vacío que solo ha engañado a la población, vienen desencadenando una serie de huelgas y paros que han sumido en el caos al país. 

El 22 de noviembre último, empezó un paro indefinido de transportistas de carga pesada que viene siendo acatado en varias regiones del país. El bloqueo de más de 15 vías viene ocasionando daños al comercio exterior, al abastecimiento de productos agrícolas en mercados y al transporte de pasajeros, lo que afecta aún más a una economía ya debilitada. 

Los transportistas incluyen entre sus demandas las siguientes: i) establecer costos mínimos para el servicio de transporte de carga pesada; ii) establecer una reserva de carga al transporte de carga pesada; iii) la intervención del Gobierno frente al aumento del precio del combustible; iv) atender la supuesta competencia desleal del transporte de carga internacional; y v) una reestructuración de la Sutran. Un Gobierno sin firmeza e incapacidad para atender los problemas sin caer en el populismo, solo acrecienta el conflicto y el daño al país. 

A ello se suman en esta semana huelgas de pescadores en los departamentos de Piura y Lambayeque. También un paro agrario que viene afectando los departamentos del sur del país. Los agricultores protestan por la inacción del Gobierno frente a la difícil situación del sector, el pésimo manejo en la compra de fertilizantes y sus altos precios, así como el elevado costo de vida. Los hombres y mujeres del campo han sido engañados con la compra de fertilizantes y con una reforma agraria vacía y sin soluciones reales para la problemática del sector. 

Esta situación solo empeora. Como lo ha señalado el Consejo Privado de Competitividad (CPC), la tendencia de los conflictos sociales es creciente y, a octubre, existía al menos un conflicto social en cada departamento del país. Además, con base en la información de la Defensoría del Pueblo, se puede observar que, en los últimos 4 meses (junio-octubre), han surgido 19 nuevos conflictos sociales, y son 6 departamentos los que concentran el 50% de estos: Loreto, Cusco, Áncash, Apurímac, Puno y Piura. 

A ello se suma que, tal como lo hemos señalado desde ComexPerú, la pobreza multidimensional, que incluye el acceso de la población a servicios básicos (salud, educación y condiciones de la vivienda) es mayor a la pobreza monetaria en todos los departamentos. A nivel nacional, la pobreza multidimensional es del 38.9%. La mala ejecución de la inversión pública, que solo llega al 55% al 23 de noviembre último, es una muestra clara de un Gobierno que le da la espalda a la población, sobre todo a los más pobres. 

Esta situación nos afecta a todos los peruanos. Tenemos una economía debilitada, una confianza empresarial e inversión privada en terreno negativo, un mercado laboral sin dinamismo y con alta informalidad. Del otro lado, campean la incapacidad, la corrupción, la destrucción de la tecnocracia y el copamiento del Estado. Esto no da para más.