La pandemia ha evidenciado serios problemas estructurales en nuestro país. Uno de los más relevantes ha sido la ineficiencia de un Estado que parece un elefante, que no tiene agilidad, pero sí un tamaño enorme que le impide responder rápidamente a las necesidades de la población. A ello se ha sumado el egoísmo de líderes políticos y autoridades que pusieron por delante la ideología, oponiéndose a que el sector privado sea un socio para enfrentar la crisis y provea de soluciones que el gran elefante no puede darle al ciudadano.

Basta recordar la demora del Ejecutivo para responder al ofrecimiento de donación de oxígeno de una empresa minera para las regiones de Arequipa y Moquegua, en pleno pico de contagios. Reuniones con diversas autoridades y sendas comunicaciones que nadie respondía. ¿Ineficiencia o ideología? Ambos. Tuvo que armarse un escándalo y evidenciar tamaño egoísmo y negligencia para que se destrabe y acepte la donación. Hasta hoy nadie paga por las miles de muertes que pudieron haberse evitado.

Similar situación ocurrió cuando no había suficientes pruebas COVID, porque el Estado lento y burocrático no fue capaz de adquirirlas a tiempo, y a los antiprivados solo les importaban sus intereses ideológicos. La estrategia de contención de la pandemia no funcionaba, porque no contábamos con suficiente información sobre el nivel de contagios. Pero pudo más el egoísmo y demoramos meses antes de permitir que laboratorios privados y empresas pudieran importar las pruebas. El ciudadano accedió a ellas para una detección temprana de la enfermedad y muchas empresas invirtieron grandes recursos en pruebas a sus trabajadores.

Hace unas semanas, se publicó el Reglamento para el Registro Sanitario Condicional de Medicamentos y Productos Biológicos y, como era de esperarse, líderes políticos y congresistas de izquierda armaron un alboroto y pidieron que el Ejecutivo aclare que la norma no permitiría que los privados comercialicen la vacuna. Doblegaron al Ejecutivo, quien temeroso aclaró que ello no se permitiría y que la vacunación se haría a través del sistema público.

Ese sistema de salud público que hoy está colapsado, que no compró pruebas a tiempo y que tampoco pudo cerrar contratos de vacunas de manera oportuna, sería el único encargado de la vacunación. ¿Por qué no permitir que laboratorios privados o empresas, que definitivamente serán más eficientes en asegurar contratos de compra, puedan proveer vacunas a los peruanos, además del Estado que lo hará de manera gratuita?

Los peruanos tendríamos la oportunidad de elegir y pagar por una vacuna, y así protegernos y a nuestros familiares, y las empresas podrían invertir en vacunar a sus trabajadores y sus familias. ¿Quién gana? Ganamos todos con mayor acceso a una vacuna de manera más rápida y eficiente, y el Estado se ahorraría además mucho dinero. 

Sin duda, en el Perú, la ideología y la burocracia matan.