El reciente anuncio del fin del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) nos lleva a evaluar el papel que ha cumplido en la evolución de la inversión pública en el Perú. Recordemos que el SNIP fue creado a mediados del año 2000, con el objetivo de mejorar la asignación de los recursos públicos destinados a la inversión, gracias a la aplicación de procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con los proyectos de inversión pública (PIP). En su momento, fue un gran avance para el Estado, dado que permitió mejorar la toma de decisiones de inversión a partir de criterios técnicos y con una mayor transparencia. 

Las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que la ejecución de la inversión pública aumentó significativamente desde que se inició el uso del SNIP. Así, pasó de S/ 3,961 millones en 2001 a S/ 31,760 millones en 2015, lo que equivale a un crecimiento acumulado del 702%. Sin embargo, es claro que el SNIP presentaba muchas debilidades. Entre ellas destacaba la concentración del sistema en las primeras fases del proyecto (preinversión), lo que generaba trabas y lentitud en la aprobación de proyectos, así como un descuido del mantenimiento y la evaluación ex post. Esto provocaba que muchas veces se tuviera que volver a reinvertir en proyectos ya construidos. Por otro lado, se presentó un problema, quizás más serio aún, relacionado con la descentralización.

El papel de la descentralización

A partir de 2007, debido al proceso de descentralización impulsado por el Gobierno del presidente Toledo, el SNIP delegó la declaración de viabilidad de los PIP a las entidades del Gobierno nacional y de los Gobiernos subnacionales, y solo actuó como un ente rector que emitía reglas nacionales, pues son estos últimos quienes formulan, evalúan, priorizan, ejecutan y operan los PIP.

Desde entonces, los Gobiernos subnacionales han ido incrementando su participación en la ejecución de la inversión pública. Específicamente, durante el periodo 2007-2016, los gobiernos locales tuvieron la mayor participación promedio (42%), seguidos por el gobierno nacional (36%) y los gobiernos regionales (21%).

A ello se suma que los Gobiernos subnacionales son quienes aprueban la mayor cantidad de PIP. Así, durante el periodo 2001-2015, el total de proyectos declarados viables fue 166,030, de los cuales, un 11% estuvo a cargo del Gobierno nacional, un 11% de los Gobiernos regionales y el 78% de los Gobiernos locales. Es decir, el 89% estuvo a cargo de los gobiernos subnacionales.

Esto evidencia que la delegación de la viabilidad a los Gobiernos subnacionales ha generado una proliferación de proyectos, que muchas veces suelen ser pequeños y desarticulados, debido a que carecen de un plan a largo plazo. La debilidad institucional que aún enfrentan les impide priorizar proyectos de una mayor envergadura que cierren las actuales brechas que enfrentan.

¿Solo basta Invierte.pe?

A inicios de esta semana, el Ejecutivo aprobó el reemplazo del SNIP por un nuevo sistema denominado Invierte Perú (Invierte.pe). Este tiene como principal característica la identificación y priorización de proyectos que cierren las brechas sociales y económicas existentes en el país; además de agilizar la aprobación de los proyectos, gracias a menores trámites burocráticos.

En ese sentido, Invierte Perú se presenta como una alternativa positiva que permitirá destrabar proyectos importantes y facilitar la ejecución de la inversión en todos los niveles de Gobierno. Sin embargo, no hay que perder de vista que este no debe ser el único paso para reactivar la inversión pública. Aún queda pendiente un tema más relevante relacionado al fortalecimiento y la orientación de los Gobiernos subnacionales para diseñar proyectos articulados con una visión a largo plazo.

Además, salta a la vista la baja ejecución presentada este año hasta fines de noviembre, la cual ha alcanzado S/ 20,921 millones, según los datos publicados por el MEF. Así, la tarea de complementar el nuevo sistema con medidas para reactivar la inversión, no solo recae en los Gobiernos subnacionales, sino también en el Gobierno nacional, en el que 7 ministerios han ejecutado menos del 50% de su presupuesto institucional modificado a puertas de cerrar el año.