La coyuntura actual nos viene demostrando que tenemos brechas y retraso en la inclusión financiera. El escenario actual no se muestra muy auspicioso, pues según diversas entidades internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), el gran riesgo es que dichas brechas se acentúen y generen aún mayor desigualdad en el acceso a oportunidades.

Si bien tenemos una estrategia de inclusión financiera, la crisis nos deja claro que estamos muy poco preparados. En agosto de 2019, se aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera con la finalidad de generar competitividad productiva, contribuir a reducir la pobreza y desigualdad, así como promover el desarrollo económico y la estabilidad financiera mediante el desarrollo de un sistema financiero inclusivo. En esta se establecía la elaboración del Plan Estratégico Multisectorial de la mencionada política, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contaba con un plazo de 180 días calendario, es decir, hasta los primeros días de febrero del presente año. Sin embargo, esto no se concretó y carecemos de políticas públicas que guíen el alcance de los objetivos.

¿SE ACELERARÍAN ALGUNOS PROCESOS EN ESTA CRISIS?

Las crisis aceleran la historia y hacen que procesos que antes tardaban meses o años se lleven a cabo en menos tiempo. Uno de estos es el acceso a cuentas de ahorro en el sistema financiero. De acuerdo con una de las metas de la Política Nacional de Inclusión Financiera, se apunta a incrementar este acceso del 38.1% en 2018 al 43% en 2021 y al 75% en 2030. En la actual crisis, se prevé que esto aumente, dada la necesidad sanitaria de manejar menos efectivo y la actual desconfianza que existe frente a las aglomeraciones en entidades financieras.

Esta meta, que planeaba concretarse en unos diez años, ahora más que nunca en toda nuestra historia se hace necesaria. La entrega de los subsidios monetarios, por ejemplo, enfrenta grandes dificultades porque las personas no tienen una cuenta en el banco para hacer efectivos los depósitos. Además, también se ha hecho evidente que llegar al 100% de la cobertura del sistema financiero, es decir, que todos los distritos tengan instalado al menos un canal o medio para que la población pueda usar los servicios financieros es más que necesario. Esa es otra de las metas de la referida política a 2030. No obstante, la crisis actual nos muestra que no deberíamos llegar a un 75% de la población adulta, sino a un 100%, y no plantearnos una cobertura total en diez años, sino mucho antes. De lo contrario, no habremos aprendido de los costos de esta crisis.

Pero, así como nuestra historia se acelera, otros procesos pueden ralentizarse y las brechas se exacerban, especialmente por las barreras que los grupos vulnerables enfrentan, lo que ocasiona que su acceso a la inclusión financiera se postergue aún más. Cuando hablamos de inclusión financiera no existe una receta, sino que se debe tener en cuenta la diversidad de los grupos poblacionales. Por ejemplo, solo por mencionar algunos casos, el 22% de la población indígena[1] y el 70.7% de población que habla una lengua originaria no tiene ni siquiera acceso al suministro eléctrico (ver Semanario 1012). También resulta de interés incorporar diferencias demostradas por la economía del comportamiento, tales como que, en promedio, las mujeres son menos aversas al riesgo que los hombres y que recortan gastos en lugar de buscar fuentes adicionales. Datos que sin duda deben tomarse en cuenta.

ACELEREMOS LA MARCHA

En los últimos años, nos hemos enfocado en herramientas como la Billetera Móvil (BIM) o las fintech, pero no se tiene en cuenta que el ecosistema es el limitante principal, tal como señala Carolina Trivelli, especialista en políticas sociales. Sin la infraestructura mínima ni la capacidad de usar el dinero digitalmente no se lograrán mayores avances. Por ello, esta coyuntura es una oportunidad sin precedentes para que más negocios se afilien a medios de pago electrónico, tanto las bodegas como los mercados de abastos. Incluso, la economía informal podría incorporarse al sistema financiero mediante créditos condicionados, por ejemplo.

Así como ahora hablamos del sistema de salud, es necesario hablar de salud financiera. Esta va mucho más allá de contar con una cuenta bancaria y usar medios digitales, que son solo herramientas, sino que también incluye la resiliencia financiera, entendida como la capacidad de resistir choques de corto plazo y lograr un bienestar financiero en el mediano y largo plazo. Según la Encuesta de Capacidades Financieras Perú 2019, realizada por la Corporación Andina de Fomento, el 53% de peruanos no había ahorrado en los últimos 12 meses, y es muy probable que gran parte de aquellos que lo hicieron agoten sus reservas en estos meses y otros inclusive consuman su capital de trabajo.

Actualmente, contamos con una política nacional clara, pero sin estrategias que la dirijan. De hecho, contar con esta es un gran avance que debe ser reconocido, pero nos faltan cuestiones básicas como el acceso universal al sistema financiero. Esperamos que la situación actual nos sirva para acelerar procesos como este, pero no solo en el ámbito urbano, sino también en el rural. Tenemos que acelerar el paso.

[1] Para efectos del presente artículo, se considera la lengua materna como criterio de clasificación, es decir, la población que tenga al quechua, aimara u otra lengua originaria como lengua materna.