El impuesto selectivo al consumo (ISC) consiste en gravar la venta y la importación de determinados bienes para desincentivar su consumo, pues generarían externalidades negativas, efectos indeseados para la sociedad. Si bien estos regulan, por ejemplo, al combustible para mitigar la contaminación ambiental y a los cigarrillos para prevenir las enfermedades pulmonares, entre otros, su aplicación indebida es capaz de desencadenar mayores problemas. En particular, tal como el resto de los impuestos, mientras el Estado no desarrolle una adecuada capacidad recaudatoria, elevadas tasas incentivarán a la evasión e inclusive a la expansión de un mercado paralelo, donde no existen certificados de calidad.

Debido a la relevancia del ISC, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó el año pasado, mediante la Resolución Ministerial 034-2020-EF/15, que durante los primeros 30 días de cada año se pueda modificar el monto fijo del impuesto a los combustibles y lubricantes, las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. Para ello, se estableció que esto podría suceder únicamente si se registrase un incremento igual o superior al 1% en el índice de precios al consumidor (IPC) respectivo[1]. No obstante, la resolución nunca especificó una obligación en caso se cumplan dichas condiciones, por lo cual preocupa el reciente incremento en el valor del gravamen de determinados productos, pues perjudicaría la recuperación económica de sectores severamente golpeados por la crisis de la COVID-19.

¿RECAUDAR A COSTA DE PERJUDICAR?

Si bien la actualización en el ISC a las cervezas, los piscos, las bebidas con más de 20 grados de alcohol, los cigarrillos y el tabaco aumentaría algunos centavos en sus respectivos precios, esto no debe tomarse a la ligera. Por ejemplo, anteriores incrementos similares significaron una pérdida del 5% de los ingresos de las bodegas, según Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. No obstante, en un contexto en el que el consumo permanece limitado por la expansión del desempleo y la leve recuperación del dinamismo de los sectores (ver Semanario 1059), el daño a las 400,000 familias bodegueras que se espera sean afectadas por la medida en cuestión, según la Asociación de Mypes Unidas del Perú, resultaría severo.

Además, según el Banco Central de Reserva del Perú, la inflación se define como un aumento persistente de los precios, pero el incremento del IPC, cuya función radica en medirlo, se podría estar explicando por factores adicionales. En realidad, la metodología que emplea el Instituto Nacional de Estadística (INEI) consiste en realizar un seguimiento a las variaciones de los precios que pagan los consumidores por determinados productos[2], pero omite el comportamiento de las cantidades consumidas. No obstante, la atípica paralización de la producción global para mitigar la expansión de la pandemia produjo una menor oferta de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco, lo que generó, a su vez, un incremento artificial de sus precios.

En particular, esto se puede apreciar en la evolución de las importaciones de productos como los cigarrillos, que apenas alcanzaron un valor de US$ 6.2 millones el año pasado, una disminución del 62.1% con respecto al mismo periodo de 2019. Esto también sucedió con las bebidas alcohólicas, pues las importaciones de cervezas sumaron US$ 21.1 millones (-6.1%); de vinos, US$ 30.5 millones (-9.3%), y del resto, US$ 23.7 millones (-30.6%). Esta situación, sumada a la paralización de la producción interna, cuya reactivación recién se permitió durante la segunda fase, se reflejó en una escasez de estos productos en el país, pero ello no implicaría un aumento verdadero ni permanente de los precios.

Por otro lado, existen falencias en la aplicación del ISC que deberían resolverse antes de priorizar el mantener la recaudación real del instrumento en cuestión. Esto porque, a pesar de que su objetivo radica en disminuir el consumo de dichos productos, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), la proporción de personas de 15 años a más que fumaron cigarrillos en los últimos 12 meses apenas disminuyó de un 20.3% a un 18.4% a nivel nacional entre 2014 y 2019, mientras que la de peruanos que consumieron bebidas alcohólicas aumentó del 90.2% al 92.6% en el mismo periodo. Empero, esto poco sorprende al considerar la apremiante participación del contrabando en la oferta de estos productos, pues el 80% de las bebidas alcohólicas consumidas en 2018 fueron ilegales, adulteradas o fabricadas artesanalmente, según Rafael García, exsuperintendente nacional adjunto de la Sunat, mientras que un 20% de los cigarrillos consumidos en el mismo año fueron ilegales, según la Sociedad Nacional de Industrias.

En ese sentido, inclusive si se evita la influencia de la inflación en los niveles de recaudación del ISC, este instrumento estaría lejos de alcanzar su verdadero potencial. Por ello, el incremento propuesto se traduciría, principalmente, en perjuicios para los sectores más afectados por la pandemia, como alojamiento y restaurantes, que acumuló hasta noviembre del año pasado una contracción del 52.8% respecto de 2019, pero sobre todo para las pequeñas empresas formales, que apenas sobrevivieron a la crisis. Además, incluso si la actualización llegase a alcanzar también su objetivo de incrementar la recaudación en S/ 100 millones, esto significaría apenas un 1.5% de la recaudación por ISC del año pasado.

[1] La resolución considera pertinente analizar el desempeño del IPC del rubro combustibles y lubricantes, bebidas con alto contenido alcohólico, con bajo contenido alcohólico, cervezas y cigarrillos.

[2] Según la Metodología del Cambio de Año Base 2009, del Índice de Precios Consumidor de Lima Metropolitana, el INEI calcula el IPC mediante la fórmula de Laspeyres, la cual se caracteriza por únicamente considerar las variaciones en los precios, mientras que la cantidad consumida se asume igual a la del año base.