De acuerdo con The Heritage Foundation, la libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano para controlar los frutos de su trabajo y propiedad, y abarca sus derechos de producción, consumo e inversión. En los últimos años, la implementación de los principios fundamentales de la libertad económica ha contribuido a un rápido incremento en los ingresos; disminución de la pobreza; ganancias sustanciales en educación, salud y medio ambiente, y mejora de las condiciones para la democracia y cooperación pacífica entre países.

Dicho lo anterior, desde hace 25 años, The Heritage Foundation elabora anualmente el Índice de Libertad Económica, el cual evalúa el estado y evolución de las libertades económicas en los diferentes países del mundo. Para ello, hace uso de cuatro pilares (subdivididos, en total, en doce componentes): (i) Estado de derecho, (ii) tamaño de Gobierno, (iii) eficiencia regulatoria y (iv) apertura de mercados. De esta manera, según su grado de libertad, los países son clasificados con una puntuación entre 0 y 100: libre (80-100), mayormente libre (70-79.9), moderadamente libre (60-69.9), mayormente controlado (50-59.9) y reprimido (0-49.9).

En el Índice de Libertad Económica 2019, la puntuación mundial promedio es de 60.8, la tercera más alta desde su creación. De esta manera, desde 1995, la puntuación mundial promedio se ha incrementado en 3.2 puntos, es decir, un 5.6%. No obstante, la puntuación de este último índice significa una disminución de 0.3 puntos con respecto a la de 2018. Ello se debería, principalmente, al componente de eficacia judicial, perteneciente al pilar Estado de derecho, ya que disminuyó en 2.2 puntos, producto de los profundos problemas relacionados con la independencia judicial y la corrupción, lo que significaría un grave fracaso del liderazgo y falta de voluntad política para llevar a cabo las reformas necesarias, según The Heritage Foundation.

Por otro lado, Hong Kong, con una puntuación de 90.2 y un aumento nulo con respecto a 2018, fue el líder del ranking y, de esta manera, mantuvo la posición que viene ocupando desde que existe el índice. Esta economía se caracteriza por poseer un alto grado de transparencia, poca tolerancia a la corrupción y un marco legal de alta calidad que proporciona protección efectiva a los derechos de propiedad. Ello se suma a una elevada eficiencia regulatoria y apertura al comercio global, que le han permitido desarrollar uno de los entornos empresariales más dinámicos y competitivos del mundo. Igualmente, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia e Irlanda obtuvieron puntuaciones superiores a 80 y, por tanto, junto a Hong Kong, fueron las únicas economías consideradas libres. En esta línea, cabe mencionar que otras 88 economías obtuvieron puntuaciones superiores a 60, es decir, que cuentan con un entorno institucional que les permite beneficiarse de al menos un grado moderado de libertad económica.

Por el contrario, Cuba, Venezuela y Corea del Norte, con puntuaciones de 27.8 (-4.1 puntos con respecto a 2018), 25.9 (+0.7) y 5.9 (+0.1), respectivamente, se mantuvieron como las economías más reprimidas del mundo. Además, si bien a nivel mundial se han dado ganancias sustanciales, aún el 65% de la población vive en países económicamente no libres, es decir, con puntuaciones inferiores a 60, y más de la mitad habita en China e India. Asimismo, el reporte evidencia la existencia de 64 países mayormente controlados y 22 países considerados reprimidos.

PERÚ: MODERADAMENTE LIBRE

Nuestro país obtuvo una puntuación de 67.8, (0.9 puntos menos que en 2018). Con dicho resultado, ocupamos la quinta posición en América Latina y el Caribe (ALC), y nos ubicamos por encima del promedio regional (58.4) y global (60.8). Asimismo, a nivel de la Alianza del Pacífico (AP), Chile, con una puntuación de 75.4, fue la economía que más destacó y la única de ALC considerada mayormente libre. Por su parte, Colombia y México obtuvieron puntuaciones de 67.3 y 64.7, respectivamente.

Los componentes que más sobresalieron en nuestro país fueron el de salud fiscal (puntaje de 88.5; -6.2 puntos con respecto a 2018), libertad comercial (86.4; -0.7) y gasto gubernamental (86.1; +0.5). Asimismo, el reporte destaca la implementación de reformas favorables a las empresas, aunque señala que el costo de formación y funcionamiento de estas aún es elevado. De igual manera, menciona que, si bien la economía peruana está relativamente abierta a una gran cantidad de inversión extranjera, la falta de previsibilidad regulatoria impide un mayor dinamismo de la inversión.

Por otro lado, en cuanto a los componentes en los que aún hay mucho por mejorar, resaltan la integridad gubernamental (31.8; -4.8) y la eficacia judicial (34; +0.5), en los cuales nos encontramos por debajo de la media de la AP e, inclusive, de ALC. Esto sería reflejo de la ineficiencia de nuestro sistema judicial en la resolución de conflictos y la toma de decisiones, así como el alto grado de corrupción existente.

Una vez más, el pobre desempeño de nuestro Estado de derecho queda en evidencia. Si bien los resultados en varios componentes son alentadores, no olvidemos mejorar aquellos en los cuales nos encontramos muy por detrás de nuestros pares de la región. La lucha contra la corrupción, por ejemplo, es esencial y, nuevamente, la mejora en la eficiencia de procedimientos administrativos es necesaria para mejorar la situación de las empresas y la productividad en general.