Desde 1995, la organización Transparency International elabora y publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés), el cual es reconocido como el principal indicador de corrupción en el sector público a nivel mundial. En el CPI 2020, publicado en enero último, se presenta un panorama sombrío del estado de la corrupción en todo el mundo, pues esta no solo mermó la capacidad de respuesta de los Gobiernos frente a la crisis de salud generada por la COVID-19, sino que también contribuyó a una crisis continua de la democracia. Cabe mencionar que se clasificó a 180 países y territorios, con una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (libre de corrupción).

En el mencionado reporte, el puntaje global promedio es 43, el cual se ha mantenido constante desde 2012. Asimismo, dos tercios de los países evaluados obtuvieron un puntaje por debajo de los 50 puntos, lo que demuestra que la mayoría aún no aborda la corrupción de manera eficaz. Además, se señala que casi la mitad de los países no han registrado mejoras significativas en sus puntajes durante casi una década. Sin embargo, lo más interesante es el enfoque referido a la COVID-19, pues sostiene que esta no solo fue una crisis sanitaria y económica, sino también una crisis de corrupción, en la que innumerables vidas se perdieron debido a que esta impidió una respuesta global justa y equitativa.

El CPI 2020 resalta que la corrupción adopta muchas formas en la atención de la salud, como el soborno, la malversación de fondos, el sobreprecio y el favoritismo. Además, demuestra que aquellos en el poder, a menudo, sirven a sus propios intereses en lugar de satisfacer las necesidades de los más vulnerables. En ese sentido, resulta necesario evaluar los resultados de la región y, específicamente, los del Perú, a fin de identificar nuestra situación y compararla con la de países vecinos.

La región América[1] es la tercera con mayor puntaje en el CPI 2020 (43); no obstante, no alcanza siquiera los 50 puntos y esta situación se ha mantenido en el último quinquenio. Los países de la región que destacan por su alta puntuación son Canadá (77), Uruguay (71) y EE. UU. (67), mientras que aquellos con menor puntuación son Venezuela (15), Haití (18) y Nicaragua (22). Asimismo, se destaca como una región con instituciones gubernamentales débiles, donde la COVID-19 ha develado sus más profundas desigualdades sociales y económicas. Además, se señala que todos sus ciudadanos luchan por acceder a información confiable y actualizada sobre estadísticas de salud y adquisiciones de emergencia.

Por tanto, uno de los desafíos más importantes de la región es garantizar que los fondos y los programas de alivio para contrarrestar los efectos de la COVID-19 no se pierdan debido a la corrupción, pues esto aumentaría el descontento social, avivaría el populismo y crearía mucha más pobreza y desigualdad, grandes riesgos que hemos mencionado en reiteradas oportunidades (ver Semanario 1057).

Por otro lado, el CPI 2020 le otorga un análisis propio a la situación del Perú, que con un puntaje de 38 se mantiene relativamente estancado desde 2012, cuando obtuvo el mismo puntaje. Sin embargo, según el CPI 2020, nuevos esfuerzos brindarían esperanza de disminuir los niveles de corrupción en el país, al evitar que las personas declaradas culpables de corrupción se postulen a cargos públicos o sean designadas en puestos de confianza. En este sentido, es importante reconocer a dos líderes de la región de Latinoamérica: Uruguay y Chile, que ocuparon los puestos 21 y 25 en el ranking, respectivamente, mientras que Perú se ubicó en el puesto 94. La gran brecha es resultado de que en nuestro país se padece de impunidad e inestabilidad política por corrupción estructural, según el informe.

PERÚ: INFRAESTRUCTURA Y EQUPAMIENTO DEL SECTOR SALUD

El CPI 2020 señala que la corrupción desvía los fondos de inversiones destinados al sector salud y deja a comunidades enteras sin mejoras en atención médica, equipos, medicinas y, en algunos casos, sin clínicas ni hospitales de calidad. En este sentido, resulta importante evaluar la situación del Perú.

Según la última actualización de los Indicadores de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector Salud, elaborados por el Ministerio de Salud (Minsa), a enero de 2021, el 96% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención cuentan con una capacidad instalada inadecuada, y esta situación se repite en el 95% de hospitales; el 77% de institutos especializados bajo responsabilidad del Minsa, Essalud y los Gobiernos regionales; el 95.1% de laboratorios del Instituto Nacional de Salud y el 96% de los laboratorios regionales de salud pública.

Frente al panorama descrito, quedan claras las precarias condiciones de nuestro sistema de salud, de la cual dependen miles de peruanos para combatir la COVID-19. Asimismo, nos encontramos frente a un panorama en el que la corrupción y la incertidumbre política limitan los avances de la reactivación económica y acrecientan las brechas de infraestructura y equipamiento del sector de salud. Una situación inaceptable y que debe ser priorizada por las autoridades que resulten elegidas en abril próximo. No olvidemos que acabar con la corrupción es tarea de todos.

[1] Incluye a América del Norte, América Central y América del Sur.