El Índice de Progreso Social Regional del Perú (IPSRP) analiza las dimensiones sociales no económicas de las regiones. Moquegua encabeza el ranking. En contraste, otras regiones como Loreto y Puno enfrentan desafíos por la elevada informalidad y las limitaciones en el acceso a servicios esenciales. Este índice orienta a los responsables de políticas públicas a conocer qué brechas reducir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Recientemente, se publicó la actualización del IPSRP , elaborado por el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Centrum PUCP), que analiza datos a 2023. Este índice recoge resultados alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante tres dimensiones: Necesidades humanas básicas, Fundamentos para el bienestar y Oportunidades. 

La relación que existe entre el progreso social y el desempeño económico de una región es positiva. Esto se cumple en la mayoría de las regiones del país. Moquegua destaca con el valor más alto en ambos aspectos. Otras regiones como Arequipa y Lima Metropolitana presentan valores intermedios en los dos casos, mientras que Puno está rezagado en ambos. No obstante, a pesar del avance económico que presente una región en un determinado período, no todos sus habitantes logran tener una mejor calidad de vida. Por ello, el índice mide el acceso que tiene la población para satisfacer sus necesidades humanas fundamentales. 

La escala del IPSRP es de 0 a 100 puntos, siendo 100 el puntaje máximo que se puede obtener y 0 la puntuación más baja. Se clasifica en siete niveles, que van desde un nivel extremo bajo (0 a 34 puntos) hasta muy alto (85 a 100 puntos). 

De las 26 regiones evaluadas[1], solo Moquegua alcanza el rango de progreso social Medio Alto (65 a 74 puntos), lo que destaca la heterogeneidad en el país. Son 18 las regiones que se sitúan en un nivel de progreso social Medio Bajo (55 a 64 puntos), mientras que 7 se encuentran en un nivel Bajo (45 a 54 puntos). 

Moquegua continúa como la región con el puntaje más alto en progreso social. Si bien en 2023 su calificación descendió a 64 puntos, en 2024 experimentó una recuperación, alcanzando los 66.4 puntos, lo que le permitió reincorporarse al grupo Medio Alto. Si bien el crecimiento económico de esta región está estrechamente vinculado con su nivel de progreso social, resulta importante promover una diversificación económica que trascienda el sector minero, a fin de asegurar la sostenibilidad de su crecimiento a largo plazo y mejorar la calidad de vida de los moqueguanos. 

Arequipa, posicionada en el segundo lugar, logró un avance considerable, alcanzando su máximo puntaje histórico de 64.6 puntos. Esto es resultado de mejoras en las dimensiones de Fundamentos del Bienestar, como un mayor acceso a educación básica, y Oportunidades, como acceso a educación superior y la promoción de la libertad individual, según Centrum PUCP. Asimismo, Ica mostró un progreso sostenido en los últimos años, al lograr 63.1 puntos en 2024. 

Tacna, que ocupaba el segundo lugar en 2023 con 63.3 puntos, descendió al quinto puesto en 2024, con 61.9 puntos. Si bien sigue siendo una de las regiones con mejores resultados, aún falta incrementar esfuerzos en la creación de nuevas oportunidades de empleo. Por su parte, Lambayeque mantiene su desempeño, con 61.7 puntos en 2024, consolidándose en el grupo de rango Medio Bajo. 

Las regiones con menor desarrollo fueron Loreto y Puno. Estas registraron una mejora gradual, aunque continúan en niveles bajos de progreso social. Loreto obtuvo 52.3 puntos, mientras que Puno registró 51.3 puntos. Uno de los principales problemas es la gran informalidad que ambos presentan, que limitó su progreso. Los retos en estas regiones serán concentrarse en asegurar servicios esenciales como educación, salud y acceso a agua potable, que requieren intervenciones específicas en cada sector. 

Es importante identificar las carencias que enfrenta cada departamento, pues estas obstaculizan una verdadera relación entre competitividad económica y desarrollo social. Esto es relevante dado que el progreso social depende, en buena medida, de las decisiones de los responsables de políticas públicas, quienes son los encargados de gestionar los recursos para ofrecer servicios de calidad. 

Reconocer estos desafíos permite comprender que, si bien el crecimiento económico es necesario, no es condición suficiente para que la población se beneficie de ello. Nuestras autoridades tienen la gran responsabilidad de convertir los crecientes recursos —provenientes de un mayor crecimiento económico— en obras públicas, proyectos y actividades que incrementen la calidad de vida de los ciudadanos.

[1] Se consideran Lima Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.