Los mecanismos de defensa comercial no deberían utilizarse como herramientas para establecer algún tipo de restricción al comercio que devenga en una protección técnicamente injustificada de la industria nacional. Pero, en varias oportunidades, como en la descrita en el semanario anterior, su uso se ha desvirtuado hasta volverse un reclamo recurrente con actitudes proteccionistas. A propósito, recordamos el caso de la aplicación de derechos antidumping a la industria del calzado, que en 2020 ha cumplido nada menos que 25 años de vigencia.

Estos derechos[1], impuestos al calzado importado desde China (el principal país de origen), se iniciaron en 1996 en la forma de medidas provisionales, que fueron convertidas en derechos definitivos por el Indecopi en 1997. A partir de entonces, han sido reafirmados y prolongados por varios años, inclusive a pesar de los cuestionamientos que se han hecho a las investigaciones que sirvieron como base para su aplicación (ver Semanario 800). La última vez fue en 2017, cuando el Indecopi publicó la Resolución 209-2017/CDB-INDECOPI, que los prorrogó por 5 años más para 7 subpartidas de calzado[2] (excluyendo a las chalas y sandalias). 

De esta manera, durante prácticamente un cuarto de siglo, diversas empresas han pagado estos derechos para traer productos como zapatos, zapatillas, botas, pantuflas, entre otros, al mercado peruano. El pago anual ha aumentado desde 2010, pasando de US$ 0.6 millones a US$ 2.3 millones, si bien entre 2016 y 2017 hubo reducciones importantes, según datos de la Sunat. En 2019, el valor de derechos antidumping pagados fue de casi US$ 6 millones, con lo que en los 25 años ya se ha desembolsado un total de US$ 52.7 millones por este concepto.

Lo más importante respecto de estos montos es que por ellos las importaciones de calzado tienen un sobrecosto, lo que podría generar aumentos de precios finales en el mercado nacional. Es decir, los consumidores son perjudicados, porque los derechos antidumping vuelven más caros los bienes que encuentran en tiendas, centros comerciales, retailers, etc. De hecho, este efecto “encarecedor” se volvió más fuerte en la última decisión de 2017, ya que se incrementó el rango de precios de importación a los que se aplica el derecho, y se incluyó así más productos de las subpartidas afectadas.

Ante este perjuicio para los peruanos, lo natural es preguntarse qué beneficios ha traído esta política que justifique haberla mantenido por tanto tiempo. Sin embargo, la realidad es que no se conoce cuánto ni cómo han contribuido al desarrollo del sector calzado, si es que siquiera lo han hecho.

Si se revisan los datos de producción, tampoco se observa que la industria de calzado local haya dado un gran salto bajo esta gran protección artificial. Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el PBI real de la fabricación de cuero y calzado ha tenido subidas y bajadas en la última década, oscilando entre los S/ 800 millones y S/ 1,000 millones (solo en 2019, el PBI bajó de este rango y fue igual a S/ 722 millones). A su vez, las exportaciones de calzado (capítulo 64 del código arancelario) perdieron su tendencia ascendente desde 2014, y retrocedieron a un valor de US$ 20.4 millones en 2019.

Por consiguiente, antes de pensar en prórrogas en la aplicación de los derechos antidumping al calzado, como la que se estaría evaluando desde el Indecopi, se debería analizar otras estrategias más eficaces para cambiar la situación de la industria nacional. De forma similar al sector textil, el de calzado adolece de una baja productividad, poca capacidad de innovación, falta de una adecuada infraestructura, poca inserción en cadenas de valor, etc. Deficiencias que sí han sido trabajadas por los productores extranjeros, lo que les permite ofrecer productos de mejor calidad, más sofisticados y a menores precios. ¿Acaso los derechos antidumping han hecho algo por mejorar estos aspectos?

Mejorar la competitividad del sector es la clave para darle un nuevo impulso. Seguir insistiendo con esta política, que no da indicios de haber aportado algo durante años, es incorrecto, sobre todo en un contexto en el que los ciudadanos tienen sus bolsillos golpeados.

[1] En el caso de esta industria, los derechos antidumping son específicos, es decir, son un monto fijo que el importador debe pagar por cada unidad (par de calzado) importada.

[2] A 2019, el valor de las importaciones de estas subpartidas representaron el 90.8% del total del sector calzado.