De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en 2022, la informalidad laboral afectó a cerca de 13.4 millones de trabajadores, lo que corresponde al 75.7% de los empleos a nivel nacional. Esta problemática se agudiza especialmente en las áreas rurales, donde alcanza un 95.3% frente al 70.5% registrado en las zonas urbanas. Además, la actividad agropecuaria es la más afectada por dicha práctica, al sumar 4.1 millones de empleos informales, como resultado de, entre otras cosas, la baja productividad del sector. Esta situación se intensifica en departamentos como Huancavelica o Puno, donde la tasa de informalidad supera el 90% en ambos casos. La necesidad de abordar esta problemática recae en sus consecuencias, ya sea en la forma de salarios bajos por la poca productividad, o de riesgos y vulneraciones de derechos laborales. 

Recientemente, el director de indicadores globales del Banco Mundial, Norman Loayza, adelantó hallazgos sobre una nueva investigación de la percepción de los beneficios de formalizarse, desde la visión de las propias empresas informales[1]. Los resultados arrojan que el 75% de los negocios encuestados reconocen el mejor acceso a financiamiento como el mayor beneficio de pasar a la formalidad. A pesar de esto, este porcentaje cae a cerca del 50% para otras nociones importantes, como el reducir pérdidas por coimas o el acceder a mejores canales de venta, insumos e infraestructura. Adicionalmente, el estudio provee información adicional sobre cómo las empresas más nuevas, con mayor capital físico, con propietarios que alcanzaron un mayor nivel educativo y que hayan experimentado alguna dificultad relacionada con los indicadores mencionados perciben mayores beneficios de convertirse en formales. 

Otro aspecto por resaltar es que, cuando se considera la percepción de los principales obstáculos para ser formales por parte de empresas registradas ante la Sunat, destaca que el 87% de ellas indicaron la inestabilidad política como la principal barrera. La segunda principal limitación sería la informalidad (69% de las empresas encuestadas), porque las formales deben competir contra aquellas que no pagan impuestos ni cumplen con los requerimientos que implica formalizarse. Otras limitaciones residen en el riesgo por crimen e inseguridad ciudadana (60%) y en las dificultades para acceder a las licencias de funcionamiento (56%). Es importante destacar que esta última limitación, junto con la administración tributaria, son aspectos que pueden mejorarse con óptimos servicios de atención y simplificación de los procesos. 

VÍAS DE SOLUCIÓN A FUTURO

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, informó que a finales de año se enviará una propuesta para la reforma de los regímenes tributarios y su simplificación. La norma vigente contempla los distintos regímenes tributarios en función de las ventas de una empresa, y se caracteriza por incrementos masivos en la carga tributaria a la hora de pasar de regímenes simplificados (diseñados en teoría para mypes) al general, lo que causa que una empresa limite su crecimiento para no pagar mayores impuestos. Cuando se habla de simplificar, una alternativa sería establecer esquemas que presenten menores brechas en dichas cargas. Inclusive, implementar un régimen único sujeto a, por ejemplo, la utilidad de la empresa, eliminaría las distinciones, reduciría los costos administrativos y podría trabajarse mejor en torno a ella. 

Otro aspecto por considerar reside en reducir los costos laborales no salariales, que incluyen el pago por vacaciones, CTS, gratificación o contribuciones a EsSalud, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Asimismo, es importante abordar la falta de incentivos y costos por rigidez laboral, entendida como las limitaciones legales para contratar y despedir trabajadores (ver Semanario 957). Medidas que aborden estos puntos son necesarias para mejorar la eficiencia laboral. 

A puertas de 2024, aún existen desafíos importantes en materia de formalidad. La simplificación de procedimientos y obligaciones para cumplir con la normatividad laboral, así como el desarrollo de la tecnología e innovación para la productividad, son algunos de los objetivos identificados por las autoridades correspondientes y expertos en el tema. El próximo año deberá ser aprovechado para sacar adelante reformas que garanticen condiciones laborales dignas, aumenten la competitividad y promuevan un desarrollo económico más sostenible.

[1] La investigación analizó el desempeño de empresas no registradas ante la Sunat de los sectores comercio, manufactura y servicios, en Lima y Trujillo.