De acuerdo con el Banco Mundial (BM), la acumulación de capital humano no termina en las aulas, los trabajadores también tienen la posibilidad de aumentar sus conocimientos. Sin embargo, particularmente en economías en vías de desarrollo, estos últimos enfrentan el problema de la informalidad. Como hemos mencionado en ediciones anteriores (ver Semanario N.º 957), los trabajadores que pertenecen a este sector tienden a laborar en actividades poco productivas, con una menor inversión en capital humano, menos fuentes de ingresos estables y que enfrentan la amenaza de la automatización.

Además, las economías en vías de desarrollo se caracterizan porque la mano de obra poco calificada representa una cantidad importante de la fuerza laboral. Estos trabajadores se dedican a actividades manuales y son forzados, por las regulaciones del mercado, a ingresar al sector informal de la economía, lo que termina perjudicando sus posibilidades de capacitación, según el BM.

SITUACIÓN DEL PERÚ: LAS CONDICIONES DE LA MICROEMPRESA

Este es un problema importante en nuestro país, pues de acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la tasa de informalidad de nuestra economía es mayor al 70%. Si a esto se le suma que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 95.8% del total de empresas son microempresas —de las cuales el 83.5% pertenece al sector informal—, se puede concluir que las oportunidades para la inversión en capital humano son pocas. Como consecuencia, el BID calculó que la productividad de las microempresas representó únicamente un 3% de la productividad de las grandes empresas.

Si bien el problema no es la existencia de una gran cantidad de microempresas, las condiciones en las que estas trabajan no propician mejoras en la productividad de sus trabajadores. Por ejemplo, de acuerdo con cifras de la Enaho, en 2017, un 4.2% de las empresas contaba con teléfono fijo, mientras que solo un 4.1% tenía conexión a internet. De acuerdo con el BM, la falta de acceso a la tecnología castiga la productividad, debido a que limita la innovación, reduce las posibilidades de aprendizaje de los empleados y arriesga a que estos puestos de trabajo se vuelvan redundantes luego de choques tecnológicos.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Además de redoblar los esfuerzos para cerrar la brecha de infraestructura (calculada en US$ 160,000 millones hacia 2025[1]), responsable de una menor productividad, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su último Reporte de Inflación, recomienda la reducción de costos logísticos y la promoción de la digitalización en los procesos del Estado, para reducir los costos de los servicios públicos y fomentar la productividad. Estas recomendaciones buscan solucionar los problemas de regulación estatal, pues si el exceso de regulación limita la innovación, es más probable que el empleo caiga.

Para combatir la informalidad, es fundamental que los Gobiernos promuevan la creación de empleos formales, debido a que las empresas formales tienen más facilidades para crecer. Para ello, el BM recomienda eliminar la presencia innecesaria del Estado, lo que contribuiría a reducir la economía informal. Un primer paso es suprimir las restricciones a la creación de nuevas empresas. Un ejemplo de medidas que reducen los costos de la formalidad lo dio México. De acuerdo con el BM, en 2002, se creó en dicho país el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, basado en tres pilares: (i) ventanilla única, de modo que desde una sola oficina se efectúen todos los trámites para la creación de la empresa; (ii) formato único de solicitud, para reducir los costos asociados a los procedimientos burocráticos; y (iii) resolución máxima (72 horas), para que los individuos puedan tener una respuesta rápida a su solicitud. De esta manera, se logró que, para 2016, la cantidad de días necesarios para abrir una empresa pasara de 30 a 3, y la cantidad de procedimientos necesarios y procedimientos presenciales se redujera de 8 a 3 y de 4 a 1, respectivamente.

Si bien existen iniciativas por parte del Indecopi y del Poder Ejecutivo, en general, en materia de reducción de la burocracia (ver Semanario N.º 945), a nuestro país le falta mucho por hacer, puesto que son 8 los procedimientos necesarios para abrir un negocio y toman, en promedio, 24.5 días, de acuerdo con el BM. Mejorar en este aspecto contribuye a reducir los costos de la formalidad. En lugar de hacer que las empresas informales pasen a ser formales, favorece a que lo sean desde su concepción y se les permita destinar los recursos ahorrados a una parte de sus actividades productivas. Nuestro país tiene experiencias exitosas en materia de innovación para favorecer la formalidad, como el uso de planillas electrónicas por parte de la Sunat, que favoreció el registro de cerca de 300,000 puestos de trabajo formales en 2008. Esta política indujo a que las empresas con tres o más trabajadores reportasen la información correspondiente a sus trabajadores, prestadores de servicios o personal de terceros de manera virtual a la Sunat, cuando antes debían hacerlo directamente con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, según la Organización Internacional del Trabajo[2].

Por tanto, es tiempo de que el Gobierno presente medidas que favorezcan la formalización de nuestra economía. Una menor burocracia reduce los costos de la formalidad y les permite a las empresas informales acceder a oportunidades de crecimiento vía acceso a créditos o programas del Estado que favorezcan el emprendimiento. Todo esto desemboca en menores contratos de corto plazo, más inversión en capital humano y mayores salarios para los trabajadores.

[1] Según estudio de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

[2] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_245621.pdf