Recientemente, durante la Cumbre Minera Perumín 34, la embajadora del Reino Unido, Kate Harrison, comentó que su Gobierno apoyará al Perú para que el sector minero, y en general nuestro país, pueda beneficiarse en el futuro de lo que se conoce como infraestructura compartida. ¿A qué se refirió con ello? 

Aunque es común que las grandes empresas desarrollen sus propios proyectos de infraestructura para lograr economías de escala[1], en ciertos casos, una forma más costo-eficiente de alcanzarlas es mediante la creación de infraestructura compartida. Esto consiste, como su nombre lo indica, en el uso compartido de un activo físico, no solo por múltiples usuarios, sino también para múltiples propósitos. Su ventaja radica en el ahorro que trae consigo compartir la inversión entre más partes para obtener los mismos beneficios que si se realizara de forma individual.

Este concepto no es nuevo y el sector que más lo ha utilizado en el mundo es el de telecomunicaciones. Las empresas de este sector enfrentan altos costos tanto para aumentar la penetración de sus servicios en zonas alejadas como para crear infraestructura relacionada con nuevas tecnologías. A ello debe sumarse la creciente reducción de espacio físico para desplegar antenas, estaciones base, etc. en ámbitos urbanos. Por estos factores, resulta lógico que los agentes privados busquen compartir infraestructura para brindar sus servicios de forma menos costosa.

Así, por ejemplo, la infraestructura compartida permitió una reducción del 30% en costos operativos y de capital en el Reino Unido en servicios de 3G de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en la India por medio del uso compartido de torres, según la Asociación GSM. Ahorros entre un 16% y un 35% también fueron encontrados en varios países europeos, según Berec, el regulador de las telecomunicaciones de la Unión Europea. Y se espera que esta tendencia continúe en el futuro, ya que, de acuerdo con la consultora global McKinsey & Company, la infraestructura compartida podría generar reducciones de costos mayores al 40% en inversiones de 5G. De hecho, en China, las tres empresas más grandes de telecomunicaciones han declarado una colaboración para desplegar infraestructura compartida de 5G que les permitiría ahorrar entre US$ 28,000 millones y US$ 38,000 millones[2].

Ahora bien, ¿cómo se daría esta actividad en el sector minero? Un ejemplo concreto es la construcción de ferrocarriles. Las minas requieren este activo para llevar los minerales desde el punto de extracción hacia otras zonas. Si bien cada mina puede tener su propio sistema férreo, resulta menos costoso construir una única línea para transportar la carga de todas. Pero eso no es todo, pues esta infraestructura también puede compartirse con otros sectores. Las líneas férreas pueden transportar vagones con pasajeros, incluir líneas de transmisión, compartir su sistema de telecomunicaciones con empresas del sector, etc.

¿Y cómo se beneficiaría la población? Por un lado, es claro que existe un menor impacto en términos de uso geográfico, lo cual disminuye la huella medioambiental de la actividad minera. Mientras que, por otro lado, el uso eficiente de estos recursos físicos permitiría que otros sectores puedan abastecer a comunidades adyacentes a un menor costo.

Por ejemplo, en Chile, las empresas Newmont Goldcorp y Barrick Gold han unido esfuerzos para realizar trabajos de explotación conjunta en los yacimientos de Cerro Casale y Caspiche, lo cual evita una duplicidad de inversiones que generaría un mayor impacto ambiental. Del mismo modo, se ha fomentado la infraestructura compartida en plantas desalinizadoras de agua[3] (es decir, evitar múltiples plantas por cada mina), lo que ha derivado en la futura construcción de la mayor planta desalinizadora de Latinoamérica (proyecto Enapac), que no solo tendrá capacidad para abastecer a las mineras, sino también a la población de Atacama. 

A nivel local, también tenemos experiencias de este tipo. Según el Centro de Investigación de Inversión Sostenible de Columbia (CCSI, por sus siglas en inglés), Antamina invirtió US$ 2 millones en fibra óptica desplegada paralelamente a un sistema de tuberías de transporte de cobre y zinc concentrado para su monitoreo. Este activo ya instalado fue aprovechado por Telefónica para incrementar su cobertura en las comunidades cercanas a la mina.

UN RETO DE POLÍTICA

Si bien hemos visto los beneficios que trae la infraestructura compartida, cabe resaltar que su aplicación no es una práctica fácil, ya que la coordinación entre empresas está condicionada por varios factores de tiempo y gestión. A fin de cuentas, los agentes privados suelen colocar en primer lugar sus preocupaciones individuales, y si los costos asociados a la coordinación son muy elevados, no existirán incentivos para incurrir en esta actividad. Por ello, es muy importante el rol mediador del Estado para “ordenar la cancha” y crear un marco que asegure las condiciones necesarias para compartir infraestructura.

Del mismo modo, debe estar claro que no todas las formas de infraestructura y sectores son compatibles para compartir infraestructura. Visto desde una política de Estado, es necesario que se identifique qué proyectos son los más idóneos, enfocándose tanto en factores geográficos como en su complementariedad. De acuerdo con un documento de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, estos aspectos serían claves, por ejemplo, para crear corredores económicos en departamentos mineros, siempre que se identifiquen los clústeres mineros con mayor potencial, como aquellos en la zona sur del país.

Es así que el quid del asunto radica en si el Gobierno peruano está preparado para comandar políticas de este estilo. Sin embargo, como comentamos en el semanario anterior, parece que actualmente el Estado se halla entrampado en una burbuja de medidas populistas, que poco o nada tienen que ver con un análisis serio como el que se necesita para impulsar la infraestructura compartida.

A su vez, no se tiene claridad aún sobre la ejecución de los proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, y mucho menos de la Reconstrucción con Cambios, lo cual, sumado al poco éxito que ha tenido la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) en adjudicar nuevas concesiones, refleja una lentitud preocupante para sacar adelante proyectos de infraestructura. Si a ello le sumamos la gran debilidad que nuestro Estado tiene frente a la administración de los proyectos mineros (y la incertidumbre que esto genera), el escenario se vuelve cada vez más sombrío.

Sin duda, el apoyo del Reino Unido es más que bienvenido para sacar adelante esta iniciativa. Pero necesitaremos más que nada un cambio radical en cómo manejamos y ejecutamos nuestras políticas en favor de las inversiones.

[1] Ciertas empresas requieren invertir elevadas cantidades de dinero en activos físicos de gran envergadura para empezar a producir. A mayor producción, el costo de esta inversión por unidad producida es cada vez menor, con lo cual el activo se convierte en una inversión rentable con niveles de producción elevados. Esto se conoce como economías de escala.

[2] De acuerdo al siguiente enlace.

[3] De acuerdo con Codelco, experiencias anteriores del uso compartido de plantas desalinizadoras han generado ahorros de US$ 70 millones en comparación con su uso individual.