Al 30 de diciembre de 2024, el número de obras paralizadas a nivel nacional asciende a 2,474. De estas, 1,782 están a cargo de los Gobiernos locales, 308 corresponden a los Gobiernos regionales y 384, al Gobierno nacional, según datos de la Contraloría General de la República. Entre los departamentos más afectados se encuentran Cusco, con 329 obras paralizadas; Puno, con 317; y Lima, con 201. 

Asimismo, las causales que han llevado a la paralización de estas obras nos permiten identificar los problemas subyacentes. Las tres causas principales son el incumplimiento de contrato (628 obras paralizadas), la falta de recursos financieros y liquidez (526), y la deficiencia en el expediente técnico (271). 

Dado que la mayoría de las obras paralizadas se concentran en los Gobiernos locales, cabe preguntarse qué ocurre a nivel municipal. Los datos del Registro Nacional de Municipalidades 2024 (RENAMU), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), evidencian serias deficiencias en la planificación y las capacidades técnicas de dichas instituciones. Las principales causas están estrechamente relacionadas con las limitaciones técnicas y presupuestarias que enfrentan los Gobiernos locales. A nivel nacional, el 55% de las municipalidades informó que necesitaba asistencia técnica, mientras que el 57% requería apoyo en la evaluación de proyectos. Esta carencia de apoyo contribuye de manera directa al elevado número de obras paralizadas y a las fallas encontradas en contratos y expedientes técnicos.  

Por otro lado, a nivel nacional, el 55.3% de las obras paralizadas tienen un avance físico igual o superior al 50%. Huancavelica (65 de 89 obras), Huánuco (55 de 79) y Cajamarca (91 de 137) son los departamentos que lideran este indicador. 

Este indicador es de suma importancia, ya que la paralización de obras avanzadas implica una pérdida considerable de inversión y recursos. Cuando se invierte en proyectos que ya han alcanzado un avance físico del 50% o más, se destinan importantes cantidades de capital y mano de obra que, al detenerse, no generan los beneficios esperados para la comunidad. Esto puede llevar a un considerable desaprovechamiento o incluso pérdida de inversión, lo que afecta la capacidad de continuar con otros proyectos prioritarios y reduce el potencial de mejora en la infraestructura general. 

Asimismo, la paralización de estas obras impacta de forma directa en la prestación de servicios esenciales, como el transporte, la salud o la educación, ya que los proyectos incompletos dejan de brindar soluciones prácticas a la población. Esta situación no solo retrasa la implementación de servicios necesarios, sino que también incrementa el costo del mantenimiento de las estructuras ya ejecutadas, pues deben conservarse en condiciones adecuadas para evitar deterioros mayores hasta que se retome su ejecución. En conjunto, estos factores deterioran tanto la eficiencia del gasto público como la capacidad del Gobierno para responder de manera efectiva a las necesidades de la sociedad. 

Ante este panorama, es imperativo que el Gobierno actúe para mejorar la capacidad técnica de sus funcionarios, especialmente en el ámbito local. Fortalecer la planificación, evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública es crucial para prevenir la paralización de obras y asegurar que las inversiones realizadas se traduzcan en beneficios palpables para la población. Una mayor capacitación y asistencia técnica no solo optimizarán el uso de recursos, sino que también contribuirán a mejorar la calidad de los servicios esenciales e impulsar el desarrollo integral del país.