Recientemente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) presentó las políticas y líneas estratégicas de gestión del sector agropecuario, en las que se precisan los ejes de las intervenciones que abarcará la segunda reforma agraria. Si bien se mencionó que no consistirá en expropiaciones, resulta preocupante el objetivo de disminuir la dependencia de las importaciones, pues se espera, inclusive, que ya no sea necesario importar alimentos. 

Esta propuesta fue presentada como una respuesta a la inseguridad alimentaria, la cual refiere a la incapacidad para acceder a una alimentación adecuada y saludable. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), esto no es un fenómeno ajeno a América del Sur, pues un 33.1% de la población en la región sufrió de inseguridad alimentaria moderada (es decir, aquellos que enfrentaron incertidumbre respecto a su capacidad para acceder a alimentos y redujeron la cantidad o calidad de su consumo) entre 2018 y 2020, aunque en nuestro país ello se agudizó, al registrarse una incidencia del 47.8% durante el mismo periodo.

Lo mismo sucede con la incidencia de la inseguridad alimentaria severa (es decir, aquellos que suelen quedarse sin alimentos, padecen hambruna o pasan días sin comer), la cual afectó a un 9.8% de la población de la región entre 2018 y 2020, mientras que en nuestro país ascendió al 19.2% durante el mismo periodo, según estimaciones de la FAO. Al respecto, es importante considerar que, tanto a nivel regional como nacional, se observan incrementos considerables en la incidencia de ambos grados de inseguridad alimentaria respecto de los niveles registrados entre 2004 y 2006.

IMPORTACIONES Y PRODUCCIÓN NACIONAL: UNA RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

Evidentemente, un retroceso de tal magnitud requiere que la prioridad sea reducir la inseguridad alimentaria de la manera más rápida y eficiente posible, en vez de condicionar las mejoras en la calidad de vida de las personas a metas secundarias y contraproducentes, como una menor participación de las importaciones. En ese sentido, la propuesta del Midagri, que aspira a reducir la influencia de los precios internacionales en los domésticos a través de una menor “dependencia de las importaciones”, resulta preocupante, sobre todo al considerar las importaciones como rivales y dañinas para el desarrollo del sector. 

De acuerdo con el titular del Midagri, Víctor Maita, uno de los productos en los que se considera más necesario reducir esta dependencia es el trigo. Al respecto, es importante mencionar que, si bien es cierto que la gran mayoría del consumo de este grano proviene de las importaciones, la producción nacional de trigo permanece estancada desde hace más de 25 años como para atribuirle todas las limitaciones que enfrenta su desarrollo al comercio exterior.

La producción nacional de trigo, según cifras del Midagri, aumentó de 125,000 a 188,000 toneladas entre 1995 y 2000. No obstante, en la última década se ha mantenido casi constante, al sumar nuevamente 188,000 toneladas en 2020. Estos resultados generaron que, constantemente, la participación de las importaciones de trigo se incremente, con lo que llegaron a representar un 92.4% del consumo del país el año pasado. Evidentemente, ante la limitada oferta nacional, la mayor presencia del trigo extranjero responde a la incapacidad de los productores peruanos para satisfacer la demanda interna.

LOS VERDADEROS PROBLEMAS DEL SECTOR

Lamentablemente, los intentos de restringir las importaciones no son una novedad en el sector agropecuario. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones se ha solicitado restringir las importaciones de papa por el supuesto perjuicio que significan para los productores peruanos. Anteriormente, el Midagri ha aclarado que las importaciones no afectan a la producción nacional (ver Semanario 1054). Y en el caso específico de las papas, las cifras demuestran que, en los últimos años, las importaciones de este producto representaron menos del 1% del consumo interno (ver Semanario 1087).

En ese sentido, implementar restricciones como las mencionadas solo perjudicarían considerablemente la capacidad de las familias para acceder a alimentos, debido a que se generaría desabastecimiento. Solo en el caso de los productos cuyas importaciones representan una porción muy baja de la oferta en el mercado peruano, como es el caso de la papa, podrían registrar un efecto mínimo en los precios, pero eso no solucionaría los problemas que por años aquejan a los productores peruanos.

Por el contrario, las prioridades del Estado deberían estar centradas en resolver, por ejemplo, la falta de acceso a la disponibilidad hídrica en el sector. En 2012, apenas un 36.2% de la superficie agrícola era regada, según el Censo Nacional Agropecuario (Cenagro). En 2018, la proporción apenas había aumentado al 37.8%, según estimaciones del Midagri. Es decir, la gran mayoría de los cultivos del país no reciben riego, lo que limita considerablemente el desarrollo del sector. Pese a ello, y a que uno de los ejes para la segunda reforma agraria busca generar mayores proyectos de riego, apenas se ha considerado realizar mantenimiento a los canales como medida de “reactivación agraria” en el corto plazo.

Otro aspecto preocupante es la ausencia de la innovación agraria, pues se desconocen el progreso del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y las considerables oportunidades que representan las semillas certificadas que promueve. En particular, estas se caracterizan por un mayor rendimiento por hectárea de cultivos, mejor adaptabilidad a climas y resistencia a plagas y enfermedades, como la variedad INIA 443-Antapampino de trigo, liberada en junio del presente año, la cual permitiría incrementar la rentabilidad económica del pequeño y mediano agricultor en un 50%. Inclusive, algunas de las variedades creadas suelen también estar reforzadas en nutrientes, como la INIA 328-Kulli Papa (papa morada) liberada a finales de 2018, con elevados niveles de hierro y zinc para combatir la anemia y la desnutrición en las zonas altoandinas.

Desafortunadamente, a pesar de los beneficios de la innovación agraria, apenas un 12.05% de los cultivos utilizaron semillas certificadas en 2019. La proporción se reduce considerablemente a apenas un 0.3% en los cultivos de maíz, a un 0.31% en los cultivos de papa y a un 0.67% en los cultivos de cereales, según el INIA. No obstante, esto no sorprende al considerar el recurrente rechazo del país por la innovación en los cultivos, como se apreció en la ampliación de la moratoria para los organismos vivos modificados (OVM) por 15 años más (es decir, hasta 2035) el año pasado. Esto a pesar de los constantes esfuerzos realizados para mejorar su control y los considerables beneficios que hubieran supuesto para la rentabilidad de los agricultores.

Sin duda, el sector agrícola enfrenta una serie de limitantes para su progreso, pero la apertura comercial no es uno de ellos. Por el contrario, gracias a los tratados de libre comercio, nuestro país se posicionó como el principal exportador a nivel mundial en partidas como el arándano el año pasado, y ocupó el segundo puesto con las paltas y los espárragos.

Este progreso podría ser afectado por retaliaciones, en caso se implementen restricciones unilaterales a los acuerdos comerciales. Lo que la evidencia sugiere, contrariamente a lo que el actual Gobierno propone, es que los buenos resultados alcanzados en los últimos años podrían replicarse en otros productos agrícolas con una buena gestión.