La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido las lesiones por tránsito como una de las cinco principales causas de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad[1] (AVAD) a nivel mundial. Solo en 2016, los accidentes de tránsito le costaron al mundo 83 millones de años de vida saludable y las expectativas son que la cifra continúe creciendo en 2020. Por tanto, la inseguridad vial constituye un grave problema de salud pública que, según la OMS, afecta principalmente a los países de pequeños y medianos ingresos, como el Perú. Es más, dicha organización ubica a nuestro país en el puesto 107 de 175 países en cuanto a muertes por accidentes de tránsito, con un estimado de 13.5 por cada 100,000 habitantes, cifra superior a la de otros países de la región con un parque automotriz de similar tamaño, como Chile.

Según el reporte más reciente de la Policía Nacional del Perú (PNP), durante el primer trimestre de 2019 ocurrieron 27,345 accidentes de tránsito a nivel nacional, un 4.4% más que durante el mismo periodo de 2018. Además, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, entre enero y noviembre del año pasado, 23,840 peruanos resultaron lesionados por esta razón. Los datos del Anuario Estadístico de la PNP señalan que, en 2013, el Perú alcanzó un pico en la cantidad de accidentes de tránsito ocurridos, pues se produjeron 102,762 incidentes, cifra que se fue reduciendo hasta 2017. Sin embargo, en 2018 la cifra volvió a crecer y se espera que en 2019 este también sea el caso.

Según datos de la PNP, en promedio, el 89.4% de los siniestros ocurre en vías urbanas, mientras que el restante 10.6% ocurre en vías nacionales; de hecho, Lima y Callao engloban en promedio el 59.4% de los accidentes ocurridos. No obstante, el segundo grupo comprende un 25.9% de las muertes por accidentes de tránsito, lo cual implica que los accidentes fuera de zonas urbanas tienen un índice de mortalidad mucho más elevado que en los centros poblados.

Asimismo, los vehículos implicados en accidentes suelen ser automóviles (55.6%), motos (16.9%) y motocars (12.1%), y los conductores involucrados suelen ser hombres (86.8%), principalmente entre los 30 y 59 años, aunque también son quienes manejan con mayor frecuencia. En el Anuario de 2018 de la PNP, entre las principales causas de accidentes figuran la imprudencia del conductor (28.7% de los casos), el exceso de velocidad (27.8%), la ebriedad del conductor (7.3%) y la imprudencia del peatón (5.9%). Solo un 2.4% de los incidentes son atribuidos a pistas en mal estado o a la falta de señalización. Por lo tanto, queda claro que la causa principal del problema de seguridad vial no radica en la infraestructura, sino en el comportamiento de los usuarios de la vía, especial, pero no únicamente, de los conductores.

Con los resultados mostrados anteriormente… ¿cómo evitaremos que se produzcan cada vez más accidentes?

Las leyes de tránsito ya existen, solo hace falta que se hagan respetar. Esta es la tarea del Estado, específicamente de la PNP y el Poder Judicial. Sin embargo, en su informe Global Status Report on Road Safety 2018, la OMS califica al Perú con puntajes de 1 y 2 sobre 10 en cuanto a la exigencia del cumplimiento de las leyes que restringen el límite de velocidad y la conducción en estado de ebriedad, respectivamente. Como se mencionó anteriormente, estas son dos de las tres principales causas de accidentes en el país. ¡No podemos permitir que su incumplimiento permanezca impune! Incluso, protocolos judiciales que pretenden simplificar y agilizar la resolución de conflictos, como el principio de oportunidad, contribuyen a proteger a los infractores del Reglamento Nacional de Tránsito. Esto, sumado a la microcorrupción en la PNP y en las fiscalías, nos deja exactamente donde nos encontramos: un país en el que cada uno hace lo que quiere, y atenta contra su propia seguridad y la de los demás, gracias a un Estado que teme ejercer sus propias leyes.

La inseguridad vial es un problema grave de salud pública que, según la OMS, afecta más fuertemente a las poblaciones vulnerables, las cuales tienen mayor dificultad para afrontar la carga económica de una lesión o el fallecimiento de un familiar económicamente activo. Ya se ha intentado abordar el problema desde la perspectiva de la educación vial, pero no basta con conocer las reglas, el Estado debe asegurar que estas se cumplan. Funcionó anteriormente con el uso del cinturón de seguridad; una fiscalización fuerte y sin excepciones es necesaria. ¡No permitamos que se sigan perdiendo más vidas!

[1] Unidad de medida empleada para estimar la carga de una enfermedad o lesión expresada en los años equivalentes de vida sana perdidos.