La institucionalidad representa una de las bases del crecimiento económico de los países. Con una baja calidad institucional, es poco lo que se puede lograr, pues gran parte de las iniciativas se pierden en manos de la corrupción y la burocracia. Según el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), la institucionalidad en el Perú se encuentra entre las peores del mundo. Así, en el reporte 2016-2017, ocupamos la posición 106 de 138 países, lo que refleja nuestras grandes deficiencias en ese aspecto. De acuerdo con un estudio realizado por Gustavo Yamada y Ricardo Montero, investigadores de la Universidad del Pacífico, la baja calidad de las instituciones disminuye el acceso de la población a servicios básicos y los más afectados con ello son los sectores de menores ingresos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú, hasta junio de 2016, el 86.1% de la población contaba con acceso a agua por red pública. Si se analizan las cifras por área de residencia, el 90.1% de hogares urbanos accedió a esa red pública y solo el 62.8% de los hogares rurales. Los departamentos cuyos habitantes tuvieron mayor acceso a redes públicas de agua en 2015 fueron Apurímac, donde el 93.9% de la población contó con ese servicio; Moquegua, con el 93.4%; y Cusco, con el 92.6%. Los departamentos que menor cobertura tuvieron fueron Loreto (48.2%), Puno (63.3%) y Pasco (64.7%).

En lo que respecta a las redes de desagüe, hasta junio de 2016, el porcentaje de la población que contaba con el servicio de desagüe por red pública fue del 92.4%; sin embargo, solo el 72.6% de la población tuvo acceso a redes de alcantarillado, mientras que el resto contaba con letrinas y pozos sépticos. El porcentaje de la población que no tenía ningún tipo de acceso a desagüe por red pública fue del 7.6%. Si se observan los datos para las zonas urbanas y rurales, las diferencias saltan a la vista. Hasta junio de 2016, el 88.8% de la población urbana accedió a redes públicas de alcantarillado, el 5.1% a letrinas, el 2.7% a pozos sépticos y el 3.4% no contaba con ningún tipo de red pública de desagüe. En lo que respecta a la población rural, tan solo un 18.9% de ella tuvo acceso a redes de alcantarillado, un 31% a letrinas, un 28.5% a pozos sépticos y un 21.6% no accedió a ningún tipo de red pública de desagüe. Los departamentos con mayor acceso a servicios de alcantarillado en 2015 fueron Lima (91.6%), Tacna (90.2%) y Moquegua (87.2%), mientras que los más rezagados fueron Ucayali (30.1%), Loreto (33.8%) y Madre de Dios (34.9%).

En cuanto al servicio de alumbrado eléctrico por red pública, hasta junio de 2016, el 94.4% de la población total contó con este servicio. En el ámbito urbano, el 99.4% de la población accedió a una red pública de alumbrado eléctrico, mientras que en el ámbito rural tan solo tuvo acceso el 77.3%. Los departamentos cuya población tuvo mayor acceso a una red pública de electrificación en 2015 fueron Lima (99.8%), Callao (99.2%) y Tumbes (98.9%). Los de peor desempeño fueron Loreto (75.4%), Amazonas (77.1%) y Ucayali (84.4%).

El estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad del Pacífico concluyó que las personas con menores ingresos tienen menor probabilidad de contar con servicios públicos. Ello se evidencia en las diferencias en el acceso a servicios básicos entre las zonas urbanas y las rurales. Asimismo, concluyeron que son los de menores ingresos también quienes tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos por concepto de “coimas” exigidas por funcionarios públicos. De igual manera, encuentran evidencia de que los pobres tienen menor probabilidad de culminar con éxito sus trámites ante las empresas de servicios públicos básicos.

Se observa entonces que la baja calidad de las instituciones no afecta a todos por igual, sino que los más pobres son los más vulnerables. El estudio concluye también que las instituciones más utilizadas por la población son aquellas relacionadas con salud, educación y servicios básicos. En estos últimos existe una gran brecha de cobertura entre las personas más pobres y las menos pobres. Por último, el estudio encuentra evidencia que respalda que la corrupción reduce el uso de los servicios básicos. Así, los hogares con niveles más bajos de ingreso son castigados con probabilidades más bajas de terminar exitosamente sus trámites en estas instituciones, debido a las trabas burocráticas y los pagos ilegales que se necesitan para culminarlos.

El Gobierno actual ha mostrado su compromiso con ampliar la cobertura de los servicios básicos como agua y desagüe, principalmente en las poblaciones más vulnerables. No cabe duda de que una manera de lograrlo es trabajar en la institucionalidad y en la reducción de los niveles de corrupción y burocracia existentes. Si se logra aumentar el nivel de cobertura de los servicios básicos, se habrá avanzado en la reducción de la pobreza, la cual no solo incluye el aspecto monetario, sino también dimensiones relacionadas con el acceso y la calidad de los servicios públicos.