La crisis generada por la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto negativo en nuestro país. Por ello, 2021 apunta a ser un año de grandes retos para el Gobierno, en el cual se debe recuperar el dinamismo que venía teniendo la economía nacional. Para esto, un eje fundamental es la promoción de la inversión, sobre todo en grandes proyectos de infraestructura que contribuyan a aumentar la competitividad y brinden servicios de calidad a la ciudadanía.

Si bien el Perú cuenta con un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), considerado como el mayor shock de capital de los últimos años, hasta setiembre de 2020, más de la mitad de estos proyectos presentaba retrasos (ver Semanario 1054). Esto se debería a las ineficiencias del sistema, como los retrasos en la adjudicación, tema en el que necesitamos mejorar. Por ello, y ante la necesidad de acelerar la inversión en medio de la crisis sanitaria y económica mundial, el Gobierno ha empezado a optar por otros mecanismos y modelos de contrato que permitan estimular la economía.

Por ejemplo, recientemente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que antes de julio de 2021 se firmarán cuatro contratos Gobierno a Gobierno (G2G), mecanismo que ya ha sido utilizado anteriormente en el país y ha demostrado ser un método eficiente para llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura. Por ello, el MTC ha dispuesto que la construcción de la nueva carretera central, la vía Santa Rosa-Costanera (Callao) y las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao se lleven a cabo bajo esta modalidad.

Para empezar, es importante mencionar que el mecanismo G2G es una figura contractual mediante la cual un Estado contrata con otro, quien se encarga de suministrarle bienes, servicios u obras. En este tipo de contrato, el Estado contratista se encarga de elegir a quienes llevarán a cabo la ejecución de las obras, bienes o servicios, siempre en representación del Estado contratante.

El principal beneficio para el Estado contratante es la posibilidad de obtener la experiencia y el know how del Estado contratista, a partir de la transferencia de conocimiento por medio de la capacitación en beneficio del personal del primero. Asimismo, con este tipo de contratos se obtendrían economías de escala, acceso a proveedores internacionales, reducción del riesgo de incumplimiento de proveedores, entre otros. Por su parte, el Estado contratista tiene el beneficio de abrir nuevos mercados para sus empresas, así como los ingresos y la presencia internacional derivada de la ejecución del proyecto. Además, este tipo de contrato permite que los Gobiernos establezcan un horizonte de colaboración internacional a futuro.

Como se mencionó anteriormente, nuestro país ya ha celebrado acuerdos G2G con otros países. El primer contrato G2G se celebró en abril de 2017 y tuvo como país contratista a Reino Unido. De esta manera, bajo el mecanismo de project management officer[1] (PMO), se logró construir grandes recintos deportivos, incluso con un ahorro del 21% del presupuesto autorizado. Asimismo, actualmente se encuentran en ejecución tres proyectos adicionales: el Aeropuerto de Chinchero, los hospitales Lorena y Bernales, y la Reconstrucción con Cambios. Cabe mencionar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2021 que destinó S/ 1,564 millones para proyectos bajo este mecanismo.

No obstante, según César Peñaranda, exdirector de Servicios al Inversionista de ProInversión, este tipo de contratos no fuerza a mejorar el sistema. En ese sentido, si bien el uso de estos contratos puede incentivar la inversión eficiente y transparente, es necesario que el Estado contratante, en este caso el Gobierno peruano, aproveche al máximo el conocimiento sobre gestión de proyectos del Estado contratista. De esta manera, se podrá modernizar el sistema de inversión pública bajo distintas modalidades, como obras por impuestos, asociaciones público-privadas, entre otros.

Por lo expuesto, queda claro que la situación generada por la COVID-19 ha motivado al Gobierno a celebrar este tipo de acuerdos que prometen mayor eficiencia y transparencia en su ejecución. Sin embargo, la transferencia del know how del Estado contratista es la principal ganancia para el Perú. Con ello, esperamos que en el futuro nuestro país cuente con profesionales capacitados para manejar grandes proyectos de inversión pública.

[1] En esta modalidad, el contratista se encarga de brindar asistencia técnica y administrar el proyecto.