En esta segunda etapa de Gobierno, el Ejecutivo ha anunciado que la promoción de la inversión privada y el destrabe de importantes proyectos será uno de los ejes clave para la recuperación de la economía peruana. Sin embargo, desde el Legislativo surgen una serie de iniciativas que impedirían alcanzar tal objetivo.

Así, pese a que en 2017 las actividades de minería e hidrocarburos representaron un 14% del PBI, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y que, en el último año, el precio del crudo ha venido recuperándose —lo que ha permitido aumentar los ingresos fiscales y configurar un mejor escenario para el golpeado sector de hidrocarburos—, nos encontramos con una propuesta que, sin ningún fundamento técnico, pretende anular la ejecución de inversiones por más de US$ 200 millones.

En efecto, la congresista Marisol Espinosa, de la bancada Alianza para el Progreso, ha presentado el Proyecto de Ley N.º 2781/2017-CR, que busca derogar los decretos supremos mediante los cuales el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó los contratos de exploración y explotación en cinco lotes ubicados en el zócalo continental de Tumbes, Piura y Áncash (lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68), y autorizó su suscripción. Según la propuesta, se cuestiona que estos hayan sido expedidos al finalizar la gestión de la administración anterior y que la negociación se haya llevado a cabo de manera directa entre Perupetro y la empresa interesada, así como las bajas regalías establecidas y la supuesta falta de un estudio de impacto ambiental, cuestionamientos que evidenciarían un limitado conocimiento de la normativa y la dinámica del sector de hidrocarburos.  

Al igual que en otras oportunidades, como bien señala Perupetro, la aprobación de los decretos en cuestión siguió varias etapas (evaluación y calificación de la empresa, aprobación en el Directorio de Perupretro, así como evaluación y aprobación del Minem), contrariamente a lo que se esgrime en el proyecto. Bajo esta lógica, otras medidas expedidas al culminar la administración anterior, como el aumento de la remuneración mínima, que no han sido objetadas en el Congreso, serían igualmente cuestionables per se. De ahí la importancia de contar con un análisis exhaustivo que recoja información relevante sobre lo que se pretende regular, y del que adolece el proyecto de la congresista Espinoza.

Asimismo, resulta importante señalar que la negociación directa es una modalidad reconocida por la Ley Orgánica de Hidrocarburos y aplicada por Perupetro desde 1994, no únicamente en la negociación de los referidos contratos: de los 43 contratos vigentes para la exploración o explotación de hidrocarburos, 35 se originaron por negociaciones directas y 8 por procesos de selección. Incluso, para el caso de los lotes en cuestión, se realizaron convocatorias entre 2013 y 2014, que fueron declaradas desiertas al no presentarse empresas interesadas para iniciar un proceso de selección a través de licitación, concurso o ronda. ¿Por qué esta información no se incluyó en el proyecto? ¿Por desconocimiento o por conveniencia?

En este contexto, las negociaciones directas constituyen una herramienta para atraer flujos de inversión, más aún si se tiene en cuenta que la inversión del sector, principalmente en exploración, viene cayendo sostenidamente (pasó de US$ 946.7 millones en 2012 a unos US$ 17.1 millones en 2017), lo que ha causado una caída en la recaudación y las regalías para el Estado, así como de los ingresos por canon para las regiones, recursos que podrían financiar proyectos para reducir las brechas en sectores como educación, salud e infraestructura.

Igualmente, como en otros contratos, las regalías establecidas siguen la metodología por escalas de producción y la metodología por resultado económico, y se determinan conforme con los rangos que establece la ley vigente. De hecho, según Perupetro, del total de 17 contratos de hidrocarburos vigentes en fase de exploración, 11 tienen las mismas metodologías y porcentajes establecidos para los lotes del norte del país; entonces, ¿por qué ahora se cuestionan las referidas regalías? De igual manera, al parecer, se ignora que los instrumentos de gestión ambiental se gestionan una vez que los contratos se suscriben, no antes. Cuando los contratos de los lotes del norte se suscriban para operar, dichos instrumentos deberán tramitarse. No hay ninguna excepción.

Otra afirmación errada es que estas operaciones afectarían a la pesca artesanal, que se desarrolla dentro de las 5 millas del litoral, mientras que las actividades de exploración se harían a 40 millas de la costa. Más aún, los 5 lotes no se superponen con ningún área natural protegida, zona reservada ni con las islas de la reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que se encuentran a lo largo del litoral. Finalmente, de acuerdo con Perupetro, se realizaron 27 talleres con las autoridades locales y la población durante la negociación, independientemente de las reuniones que el mismo Minem ha tenido con los pescadores artesanales para abordar sus preocupaciones. Cuestionar los mecanismos de participación ciudadana utilizados es exponer irresponsablemente al país a más conflictos sociales innecesarios.

Para retomar nuestro crecimiento económico sostenible, necesitamos propuestas serias, objetivas, que sumen. Una eventual aprobación del proyecto, muy aparte de las contingencias legales que acarrearía para el Perú, daría una pésima señal al mercado y haría mucho más atractivos a países como Colombia, que ya ofrecen mejores condiciones en el sector.