Recientemente, el presidente del Consejo de Ministros del Perú manifestó que el Gobierno planea centrar sus esfuerzos en 2024 para cerrar la brecha de agua y desagüe en el país, en especial mediante la ejecución del presupuesto público. Esta es una postura oportuna si consideramos que las cifras de cobertura de estos servicios, estancadas en los últimos años, ahora han retrocedido. Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2022, el porcentaje de la población con acceso a agua por red pública fue del 88.9%, 1.9 puntos porcentuales (pp) menos respecto de 2019, mientras que el porcentaje de personas que accede a una red pública de alcantarillado fue del 74.2%, 0.7 pp menos. 

No obstante, es necesario mencionar que la ejecución de proyectos públicos de saneamiento, cuyo propósito precisamente es crear infraestructura de cobertura para estos servicios o mejorar la existente, es subóptima en general. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inversión pública en este sector, desde hace cinco años, oscila alrededor del 60% de ejecución de su presupuesto institucional modificado (PIM), lo cual sitúa a este sector usualmente entre los de menor porcentaje de ejecución del Gobierno (por ejemplo, en 2022, ocupó el cuarto peor lugar; en 2021, el noveno; y en 2020, el quinto). 

A su vez, los Gobiernos locales, que centralizan la mayoría de la inversión en saneamiento, son también los que presentan los porcentajes de ejecución más bajos entre los tres niveles de Gobierno. Esto es preocupante porque las municipalidades son las entidades del Estado más cercanas al ciudadano y las que deberían conocer mejor sus necesidades de servicios básicos. Por consiguiente, son las que tienen la mejor oportunidad de generar impactos inmediatos con sus proyectos, pero en la realidad son las que menos ejecutan el dinero que tienen a su disposición. 

Este bajo uso de recursos representa una enorme losa para el sector cuando miramos sus necesidades de inversión. Según el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026, en este periodo de cinco años se requieren S/ 41,044 millones para lograr las metas de ampliación de cobertura, mejoramiento de infraestructura y sostenibilidad del sector, lo que se traduce en un monto promedio por año de S/ 8,209 millones. Si tomamos tan solo la inversión necesaria para el primer componente, las cifras se reducen a S/ 26,767 millones y S/ 5,353 millones por año. Pues bien, en ninguno de los dos casos la ejecución mostrada en años previos alcanzaría el valor anual necesario. De hecho, si tomamos el monto real de 2022, el primer año dentro del periodo que postulaba el plan, nos encontramos con que hemos empezado ya con un déficit de S/ 1,139 millones con respecto a solo aumentar el acceso a los servicios de saneamiento. 

Las comparaciones son incluso más “crueles” cuando añadimos a la ecuación todo el dinero no utilizado. Si hacemos el ejercicio de sumar el PIM que no se ejecutó entre 2018 y 2022, tenemos la suma de S/ 12,616 millones, lo cual representa un 30.7% del financiamiento necesario para cumplir todas las metas, y un 47.1% del correspondiente solo a cobertura. En otras palabras, podríamos estar cercanos a la mitad de lograr el objetivo más urgente. 

Por supuesto, no nos sirve llorar sobre la leche derramada. Si en verdad es un objetivo del Gobierno impulsar el cierre de brechas en agua y saneamiento, resulta esencial cubrir el financiamiento que se demanda. Una manera de hacerlo es incrementar la ejecución de su presupuesto para inversión, lo que llama a mejorar las capacidades de gestión y manejo de proyectos de las autoridades. En el caso de los Gobiernos locales, una posible acción también sería reducir el universo de proyectos que deben atender anualmente, pues, como vimos en nuestro segundo Informe de Cierre de la Brecha de Infraestructura, en cuanto a la ejecución de proyectos de servicios básicos, las municipalidades cierran el año con múltiples obras con un avance prácticamente nulo para, en contrapartida, tener un grupo menor con un avance cercano al 100%. Una menor cantidad de proyectos en sus oficinas podría hacer que sus esfuerzos sean más equitativos, lo que podría incrementar el avance promedio general. 

Sin embargo, también se deben impulsar otros mecanismos de inversión para alcanzar las metas de financiamiento. Por ejemplo, las obras por impuestos (OxI) han ganado fuerza en el sector, ya que, en 2022, saneamiento fue el que tuvo la mayor cantidad de ellas (ver Semanario 1158), y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció hace poco que cuenta con una cartera de 30 proyectos adicionales, por un monto de inversión de S/ 226 millones. De igual forma, según ProInversión, se espera adjudicar nueve proyectos de agua y saneamiento entre 2023 y 2024, por un monto de US$ 1,300 millones. Aprovechar las ventajas y conocimientos del sector privado permitirá un uso eficiente de recursos que generará servicios de alta calidad. 

Llegar a los S/ 41,044 millones dependerá de cuán serio sea el esfuerzo del Estado para empujar desde todas direcciones hacia la consecución de más inversiones. La colaboración público-privada no puede ignorarse.