El martes 3 de setiembre, el Gobierno, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, presentó oficialmente el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), instrumentos que sientan las bases para lograr un crecimiento económico y de bienestar sostenido en el largo plazo. Ahora bien, para lograr estos objetivos, tiene alta relevancia cerrar la brecha de infraestructura de acceso básico 2019-2038, señalada en el PNIC, que se calcula en S/ 363,452 millones. Para ello, resulta clave intervenir en aquellos sectores que adolecen de una mayor falta de infraestructura pública, para que el país dé un salto hacia adelante en su productividad.

De los ocho sectores identificados en la brecha, los de transporte, telecomunicaciones, electricidad e hidráulico han contado, históricamente y en los últimos años, con una alta participación del sector privado, por lo que será muy importante para el cierre de esta. En cambio, la infraestructura relevante para los sectores agua y saneamiento, educación y salud ha sido principalmente desarrollada por medio de la inversión pública. Lastimosamente, respecto de este tipo de inversión, el actual contexto no es prometedor, pues, desde enero hasta agosto del presente año, el Gobierno ha ejecutado solamente un 34.6% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), lo que equivale a S/ 16,456 millones, un crecimiento nulo con respecto al mismo periodo del año pasado. Por lo tanto, para estos sectores, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿podrá el Estado cerrar la brecha de infraestructura en el periodo estimado?

Aunque responder esta interrogante requiere considerar varias aristas, se puede dar luces al asunto al comparar los niveles recientes de inversión en cada sector con la inversión anual promedio necesaria para el cierre de la brecha correspondiente. En promedio, en los sectores agua y saneamiento, educación y salud se requeriría invertir cada año, durante los próximos 20 años, montos equivalentes a S/ 4,789 millones, S/ 296 millones y S/ 2,936 millones, respectivamente. Por otro lado, en los últimos cinco años, el Estado ha invertido un promedio anual de S/ 3,507 millones en agua y saneamiento, S/ 4,112 millones en educación y S/ 1,647 millones en salud. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión pública anual en agua y saneamiento debería aumentar S/ 1,282 millones (36.6%) con respecto a la inversión anual promedio de los últimos cinco años, si lo que se busca es cerrar la brecha del sector hacia 2038, y S/ 1,289 millones (78.3%) en el caso del sector salud.

En el sector educación, la diferencia entre el nivel de inversión pasada y la inversión necesaria para el cierre de la brecha es positiva. Sin embargo, como mencionamos en el Semanario 995, la brecha en este sector no responde a la capacidad física y la calidad de los centros educativos, características que se encuentran fuertemente comprometidas en el país (sobre todo en las zonas rurales) y son el principal objetivo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) del Ministerio de Educación (Minedu). Si la comparación se hiciera respecto de esta brecha de calidad, igual a S/ 94,610 millones según el PNIC, entonces la inversión anual del sector educación debería incrementarse en S/ 619 millones (15%) con relación a la inversión anual promedio de los últimos cinco años para cerrar dicha brecha en veinte años. De igual forma, si para el sector agua y saneamiento la comparación se hiciera con respecto a su brecha de calidad, la inversión anual del sector debería aumentar en S/ 2,349 millones (69.6%) respecto de la inversión anual promedio del periodo 2014-2018.

Estos resultados reflejan un grave llamado de atención, pues muestran que, si el Estado no da un impulso sustantivo a la inversión destinada a proveer agua potable, desagüe, hospitales y colegios, con condiciones de seguridad y funcionalidad básicas, sus esfuerzos para mejorar la productividad de la población y el país se verán retrasados. Tal como van las cosas, y de mantenerse el mismo ritmo de inversión pública de hace cinco años, la brecha en educación estimada por el Minedu no se cerraría en veinte años, sino en veintitrés; la brecha básica en agua y saneamiento, en más de veintisiete, y la brecha en salud, ¡en más de treinta y cinco!

Por tanto, resulta crucial cambiar el statu quo de la inversión pública. El Gobierno debe sacar adelante las reformas necesarias para facilitar la creación de infraestructura, empezando por las seis medidas de políticas planteadas en el objetivo prioritario número 1 del PNCP[1], que permitirán mejorar la planificación y ejecución eficiente de los proyectos de inversión. Asimismo, será importante involucrar en el desarrollo de estos proyectos al sector privado, por medio de obras por impuestos y asociaciones público-privadas. La meta hacia 2038 ya se ha trazado, no podemos esperar más.

[1] Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad.