En reiteradas ocasiones hemos hecho hincapié en que una de las alternativas para recuperar el dinamismo del crecimiento económico en el Perú es impulsar la inversión tanto pública como privada. Sin embargo, a puertas de culminar el año [1], vemos que, por ejemplo, el avance en la ejecución de la inversión pública es poco alentador. De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solo se ha ejecutado el 53.3% del presupuesto institucional modificado (PIM) destinado a proyectos en todos sus niveles. De manera desagregada, el Gobierno nacional ha sido el que más avance ha tenido, con una ejecución del 61.5%, seguido por los Gobiernos locales (53%) y regionales (48.6%). Cabe resaltar que seis departamentos no han logrado ejecutar más de la mitad de su PIM y, si nos fijamos detenidamente, dentro de ellos está Cajamarca, el departamento con la mayor incidencia de pobreza monetaria del país, pues esta afecta a un rango del 37.4% al 46.3% de la población y, por si fuera poco, presenta altas tasas de pobreza extrema, entre el 8.5% y el 13.9% (ver Semanario 987).

La situación que se describe en Cajamarca es un ejemplo de que una mala gestión gubernamental puede perjudicar a los más vulnerables, situación que se repite en muchos departamentos a nivel nacional. Para contrarrestar esta situación, el Ejecutivo ha reconocido la importancia de involucrar al sector privado para que, de manera conjunta, se logre una mejora de la competitividad del país, a través de los mecanismos de obras por impuestos (OxI) y las asociaciones público-privadas (APP).

De acuerdo con cifras de ProInversión, hasta el tercer trimestre de este año, se han invertido S/ 282 millones en proyectos bajo la modalidad de OxI, un 42% menos que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, el número de proyectos adjudicados se redujo, al pasar de 22 en 2018 a 8 en 2019. De estos proyectos adjudicados, cuatro pertenecen al sector educación, dos a transporte urbano, uno a protección social y uno a seguridad. Existen siete departamentos en los que se han adjudicado proyectos: Ica, Moquegua, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Áncash y Apurímac. Las cifras indican que Ica fue el departamento que más se benefició de este mecanismo (dos proyectos), con una inversión ejecutada o comprometida de S/ 39 millones; sin embargo, Áncash, con tan solo un proyecto destinado al sector saneamiento, tuvo una inversión de S/ 137 millones, el mayor monto entre todos los proyectos. Cabe mencionar que se estima que estas inversiones han beneficiado a 153,062 peruanos.

Por el lado de la inversión a través de APP, hasta el tercer trimestre, existen siete proyectos en fase de transacción por un monto total de US$ 841 millones. Entre ellos, cuatro corresponden al sector energía y minas (US$ 344 millones), uno a saneamiento (US$ 270 millones), uno a transportes y comunicaciones (US$ 227 millones), y uno a irrigación (monto por definir). Si bien este monto y alcance sectorial representan un avance con respecto al estancamiento de años anteriores, resulta preocupante que tan solo uno (el sistema de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del lago Titicaca) haya sido adjudicado a la fecha (ver Semanario 1002).

Ahora bien, sería un error pensar que los mecanismos mencionados no están colaborando con la reducción de brechas de competitividad; todo lo contrario. Por ende, el Gobierno debería continuar incentivando estos proyectos, porque esto es lo que, más allá de servir de impulso para retomar el rumbo económico, hará que la población se sienta atendida con servicios de calidad. Asimismo, urge mejorar en cuanto a gestión y planificación en todos los niveles de gobierno, ya que, si no corregimos esta situación lo más pronto posible, el descontento de millones de peruanos podría llevarnos a un giro hacia el pasado en materia de políticas públicas, un escenario que no queremos repetir.

Por tanto, para notar cambios transcendentales debemos prestarle atención a nuestros principales motores de la economía que son la inversión pública y la privada, lo que se traducirá posteriormente en una mejora de la calidad de vida de todos los peruanos, especialmente de aquellos en las zonas más vulnerables. Por ello, algunas de las primeras tareas en la agenda 2020 deberían ser el destrabe de proyectos y dar prioridad a la implementación de los objetivos propuestos por el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. ¡El Perú primero!

[1] Fecha de corte: 16 de diciembre de 2019.