En el informe Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta, elaborado por el Banco Mundial, se señala que, hace décadas, los países de América Latina y el Caribe lidian con niveles sostenidos de elevada violencia. En los últimos 15 años, la tasa de homicidios se situó alrededor de 24 por cada 100,000 habitantes y no es casual que el número de latinoamericanos que mencionan al crimen como su mayor preocupación se haya triplicado. Asimismo, en el mismo informe se señala que, dentro de un país, un mayor nivel de seguridad puede reducir la pobreza y la desigualdad en los ingresos de los habitantes. ¿Cómo vamos con esto en el Perú? ¿Existen cambios? ¿O la inseguridad sigue afectando la tranquilidad de los peruanos?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre 2013 y 2018, la delincuencia se mantuvo como uno de los principales problemas del país según la percepción de la ciudadanía. En 2013, un 40.4% de la población consideraba a la delincuencia como el principal problema del país, mientras que, en setiembre de 2018, pasó a un 39.6%, antecedido por la corrupción como principal problema, con un 60.1%, dados los escándalos que involucraron a funcionarios públicos en los últimos años.

Asimismo, según datos de un último boletín del INEI, Principales indicadores de seguridad ciudadana, para el periodo noviembre 2018-abril 2019, un 26% de la población de 15 a más años de edad fue víctima de algún hecho delictivo y el 86.1% percibió inseguridad. Asimismo, el 86.6% de los hombres creyeron que serían víctimas y, en el caso de las mujeres, el 85.7%. Además, en lo que respecta a percepción de vigilancia, un 25.2% de la población manifestó que esta existió por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona donde vive, un 35.2% contó con vigilancia de serenazgo y un 10%, con patrullaje integrado.

Por otro lado, en 2018, la PNP registró un total de 371,760 denuncias por comisión de diferentes tipos de delitos a nivel nacional, un 27% más con respecto a 2017 (79,405). En cuanto a los delitos contra el patrimonio (hurto, robo, estafas, usurpación, otros), se presentó la mayor cantidad de denuncias, con un total de 246,984 (66.4% del total), un 30% más que en 2017. Los siguieron los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidios, aborto, lesiones, otros), con un total de 50,091 denuncias (+68%); los delitos contra la seguridad pública, con 41,211 (-6%), y los delitos contra la libertad, con 22,036 denuncias (+39%).

De igual manera, según la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), en los tres primeros meses del año, se han registrado 104,650 denuncias a nivel nacional, es decir, un 28% de todas las denuncias registradas por la PNP en 2018. Lima es el departamento que tiene la más alta incidencia de denuncias por presunta comisión de delitos, con 42,496 casos (41% del total), seguido por Lambayeque, con 6,657 (6%), y La Libertad, con 6,055 (5%).

Para atacar esta problemática, en noviembre de 2018, el Gobierno lanzó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, en el que se establecieron una serie de metas. Por ejemplo, para este año, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes debería disminuir a 7.7 y, para 2023, a un 6.5 (en 2017, la tasa fue de 7.8, según datos del INEI). Entre las principales acciones se encuentran implementar centros de salud mental comunitaria, desarrollar capacidades del personal de salud para la atención de calidad en salud mental, fortalecer el sistema de defensa pública para familiares víctimas de homicidio e implementar campañas que promuevan el uso de la línea de orientación legal gratuita, la cual tiene como finalidad asesorar a personas de escasos recursos que requieran de los servicios de un abogado para hacer valer sus derechos.

Otra de las metas es reducir la victimización por robos y hurtos en espacios públicos. Específicamente, el porcentaje de la población víctima del robo de carteras, celulares y billeteras, este año, debería ser del 16%. Como principales acciones están la fiscalización del cumplimiento de horarios de atención en establecimientos autorizados de venta de licor, así como realizar operativos contra el consumo de este en la vía pública.

El ministro del Interior, Carlos Morán, señaló a inicios de año que, en 2020, la nueva escuela de oficiales de la PNP permitirá duplicar el número de cadetes y capacitarlos con una preparación óptima. Sumado a esto, una mejor educación en los barrios más vulnerables a la delincuencia, una mayor eficiencia de la seguridad en las calles, junto con la implementación de tecnología avanzada para una constante supervisión y un servicio de inteligencia que se ocupe de manera efectiva de las medidas propuestas, ayudará a lograr los objetivos del Plan de Seguridad Ciudadana. Solo el tiempo nos dirá si los resultados de todo lo propuesto por el Gobierno de turno logrará el impacto deseado. ¡Más seguridad para vivir y trabajar tranquilos!