En el libro Conflictos Sociales en el Perú (2008-2015), se concluye que las principales causas de los conflictos sociales en el Perú son (i) las malas prácticas ambientales y sociales en las últimas décadas y siglos, (ii) la histórica debilidad del Estado, (iii) el miedo de la gente muy pobre de perder lo poco que tienen, (iv) la presencia e influencia de sectores muy radicales opuestos a la actividad empresarial privada y (v) la competencia de mineros ilegales, disfrazada de protestas sociales. Lo mencionado es una realidad que hasta el día de hoy sigue ocasionando discrepancias.

Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, al mes de enero, se cuenta con 191 conflictos sociales, de los cuales el 67.5% del total registrado corresponde a conflictos socioambientales. Cabe resaltar que se tienen identificados 97 conflictos socioambientales activos. De estos, 64 involucran al sector minero (66% del total), lo que resulta preocupante dada la indudable importancia de este sector para el país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector minería e hidrocarburos representa un 14.4% del PBI, el tercer sector con más participación de nuestra producción nacional. Por ende, resulta ser un motor de desarrollo económico. Su relevancia se percibe en la generación de divisas y empleo, así como en la contribución al fisco nacional. Así, en 2018, el 52% del empleo minero correspondió a trabajadores procedentes del mismo departamento de la operación minera, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, lo que demuestra que una caída del subsector afectaría a miles de familias que dependen de él directa o indirectamente.

De igual manera, las inversiones mineras constituyen una pieza fundamental en la economía peruana, debido a que a través de la exploración de recursos minerales y la construcción de nuevos proyectos se fomenta la continuidad del aporte de la minería al desarrollo del país. Así, de acuerdo con un informe del Ministerio de Energía y Minas, en 2019, se superó la meta de inversión minera planteada (US$ 6,000 millones), con una ejecución de US$ 6,157 millones en minas operativas, nuevos proyectos y campañas de exploración, no obstante el panorama adverso que se tenía previsto para ese año. Sin embargo, a pesar del gran potencial geológico por ser explorado, en 2019, la inversión en exploraciones mineras en nuestro país se vio retraída y representó solo un 5.8% de las inversiones ejecutadas del sector (US$ 357 millones).

Por el lado público-privado, se han tomado iniciativas para atraer inversiones como la Guía para la Inversión Minera en el Perú 2020-2021, que busca dotar a los inversionistas de todas partes del mundo de información clave para tomar decisiones de inversión para la exploración y el desarrollo de nuestros proyectos mineros en el país. Asimismo, con el Plan estratégico y portafolio 2020-2021, se espera que un 13% del total de las inversiones estimadas por las asociaciones público-privadas (APP) sea dirigida hacia el sector energía y minas, con un valor de alrededor de US$ 717 millones. Cabe destacar que los proyectos con mayor monto de inversión en el sector son (i) el proyecto minero-hidráulico El Algarrobo (US$ 350 millones) y (ii) la masificación del uso del gas natural para el centro y sur del Perú (US$ 200 millones). Ambos esperan su adjudicación para el primer y segundo semestre de 2020, respectivamente.

Si bien contamos con las herramientas para que el sector minería se dinamice, esto no va ser posible si antes de ejecutar cualquier medida no se da una comunicación efectiva con las poblaciones involucradas. El principal desafío en materia de conflictos sociales en el Perú es la construcción de confianza entre el Gobierno, la sociedad peruana y la empresa, para así garantizar la solución de estos problemas en un ambiente alejado de la violencia.

Un Gobierno con un débil manejo de conflictos sociales, sin coordinación clara entre sus autoridades y que cede a chantajes ilegales, como el bloqueo de carreteras, está condenado al fracaso. ¿Hasta cuándo los peruanos debemos pagar los platos rotos generados por estos conflictos?