De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los índices de criminalidad están regresando a los niveles prepandemia como consecuencia, entre otras cosas, del levantamiento de las políticas de movilización, la falta de empleo y la implementación de políticas efectivas. 

En su último informe sobre estadísticas de seguridad ciudadana para el periodo setiembre 2022-febrero 2023, la proporción de la población urbana de 15 años o más víctima de algún hecho delictivo fue del 23.2%, 0.7 puntos porcentuales (pp) mayor al periodo julio 2022-diciembre 2022 y 3.3 pp por encima del mismo periodo de 2021. Cabe mencionar que dicho resultado se encuentra 6.4 pp por encima del resultado más bajo registrado durante el periodo de pandemia, en el periodo marzo 2021-agosto 2021. 

Es importante resaltar que, para la población nacional urbana, los jóvenes entre 15 a 29 años son el grupo etario más afectado por la delincuencia, con un 26.9% de ellos que reportaron haber sido víctimas durante 2022. Luego se sitúan los adultos entre 30 y 49 años, con una incidencia del 25.4%, mientras que en los adultos entre 50 y 59 años fue del 22.1%. Los adultos mayores, de 60 años a más, fueron los menos afectados, con el 11.9%. 

De acuerdo con el INEI, la gran mayoría de denuncias corresponde a delitos contra el patrimonio (es decir, robos, estafas, entre otras modalidades), las cuales representaron el 66.4% del total durante los últimos meses del 2022. Entre los departamentos más afectados figuraron Ucayali, con el 76.7% de los delitos concentrados en este rubro, seguido por Lima Metropolitana y Piura, ambos con 74.1%. 

Para afrontar esta situación, el Gobierno asigna un presupuesto a los ministerios con la finalidad de que trabajen en conjunto y se controle dicha problemática. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para el año 2023, el presupuesto en el área de orden público y seguridad se ha incrementado a S/ 14,335 millones, lo que significó un incremento en 14% en relación con lo asignado durante 2022, cuyo presupuesto fue de S/ 12,616 millones. Cabe mencionar que, hasta mayo de este año, se ha ejecutado el 37.7% del total. 

Asimismo, según cifras del MEF, en lo que va de 2023, destacan tres departamentos con la menor ejecución de los fondos asignados para este sector. Tumbes, con un presupuesto de S/ 223 millones, ha ejecutado solamente el 26.1% de dicho monto. Amazonas, por su parte, contó con un presupuesto de S/ 99 millones y alcanzó una ejecución del 26.7%. Finalmente, Lambayeque, con S/ 376 millones, ejecutó el 27.9%. 

En contraste, se evidencian tres departamentos con una alta ejecución presupuestaria en orden público y seguridad: Áncash, con un presupuesto de S/ 563 millones y una ejecución del 48.1%; Arequipa, con un presupuesto de S/ 412 millones y una ejecución del 43.2%; y Huánuco, con un presupuesto de S/ 180 millones y una ejecución del 39.9%. 

Atender la problemática asociada a la inseguridad e incidencia de delitos demanda acciones conjuntas y oportunas de nuestras autoridades. Previamente, asegurar y resguardar la institucionalidad de ministerios es clave en la lucha contra la delincuencia, algo que en los últimos años no ha ocurrido. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, desde 2021, se han reducido significativamente los tiempos de permanencia de los titulares del Ministerio del Interior en sus cargos, disminuyendo incluso hasta una tercera parte de su duración respecto de años anteriores. Así, resulta complicadísimo implementar acciones o políticas eficaces que actúen sobre la criminalidad. 

El avance de la incidencia de delitos no es un tema menor, puesto que representa un costo tangible no solo para las familias, sino también para los emprendedores y los inversionistas.