La informalidad siempre ha sido catalogada como un problema en la economía, pero se suele olvidar su origen. Si bien esta representa una pérdida de eficiencia agregada, la cual eventualmente resulta en un menor crecimiento, también significa un refugio para quienes no pueden acceder al empleo formal por distintas circunstancias o limitaciones.

Las diferencias entre formalidad e informalidad son varias. La seguridad de un empleo, de un adecuado nivel de ingresos y de condiciones laborales, son solo algunos de los elementos a los cuales quienes pertenecen al sector informal se encuentran ávidos de acceder. Por ello, no sorprende que sean ellos los que se vean más afectados por la actual coyuntura. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima una disminución promedio global del 60% de los ingresos de estos trabajadores tan solo en el primer mes de la crisis, y un incremento de la pobreza relativa de al menos 34 puntos porcentuales (pp).

En el Perú, la incidencia del empleo informal ascendió al 72.4% en 2018, según la publicación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cifra que supera al también elevado promedio regional de América Latina y el Caribe, del 53% durante el mismo año, según el informe de la OIT. No obstante, pese a la gran participación de la economía informal en nuestro país, su presencia en la estrategia actual de apoyo por parte del Gobierno es mínima.

Si bien este sector se caracteriza por no pagar impuestos y poseer una baja productividad, obviar las consecuencias de su abandono solamente perjudicaría los esfuerzos desplegados en los últimos años: se reforzaría la persistencia del sector informal y se materializaría el riesgo de reincidencia en la pobreza de 1,526,184 hogares vulnerables, como se detalla en la entrevista a Marcel Ramírez, docente de la Universidad del Pacífico. Por ello, se requieren esfuerzos destinados hacia este sector, pero que, en vez de asegurar su estabilidad y resiliencia ante la crisis, faciliten una transición hacia el sector formal.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Al respecto, existen recomendaciones de políticas de la OIT para mitigar los efectos sobre el sector informal durante la presente crisis. En particular, estas enfatizan la necesidad de incrementar la demanda de empleo en el corto plazo, mediante inversión pública eficiente, y capacitar a la población vulnerable para facilitar su inserción en mejores empleos futuros.

Una de las primeras sugerencias encontradas se refiere a efectuar proyectos intensivos en empleo para incrementar la oferta laboral de corto plazo. De esta manera, se recomienda la ejecución de proyectos de infraestructura en obras públicas, los cuales deberían orientarse a la disminución de brechas existentes acorde con su prioridad actual. Por ejemplo, podrían canalizarse recursos hacia la construcción de hospitales y establecimientos de salud de primer nivel, acorde con el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector Salud, elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa).

No obstante, la OIT advierte que esta medida no debe consistir en únicamente acelerar el proceso de ejecución, sino que debe ser acompañada de un planeamiento especial, sobre todo si la zona de riesgo donde se efectuaría el proyecto se encuentra expuesta a la COVID-19. Así, la OIT enfatiza que, entre otras acciones, se deberían acordar protocolos para mitigar la propagación del virus y establecer cláusulas de fuerza mayor para el cese de operaciones, aparte de mantener el distanciamiento recomendado e implementar sesiones de sensibilización. Ejemplos recientes de este mecanismo se encuentran en Sudáfrica, donde ya se está coordinando la continuación del Programa Ampliado de Obras Públicas (EPWP), el cual generaba empleo para 800,000 trabajadores vulnerables.

Por otro lado, también se debería considerar incrementar el capital humano de la población vulnerable mediante plataformas online. Así, se propone ofrecer programas de reconocimientos de habilidades y capacitaciones, con énfasis en comunidades de escasos recursos. Por ejemplo, similar al curso virtual sobre la identificación de la COVID-19, ofrecido por el Ministerio de Educación (Minedu), se podría aprovechar el mismo mecanismo para brindar orientación técnica respecto a la responsabilidad social empresarial en materia laboral e implementar capacitaciones sobre beneficios y ventajas de la formalización, las cuales corresponden a acciones estratégicas detalladas en la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 2018-2021.

Asimismo, se debe recordar que la informalidad se explica también por el interés de evitar los altos costos que implica cumplir con el marco legal y normativo del país. Por ello, para afrontar dicha problemática, son necesarias medidas que apunten a disminuirlos. Más aún, si se considera que el tiempo promedio de creación de una empresa formal asciende a 26 días, según el reporte para el país del Doing Business 2020, del Banco Mundial. En ese sentido, la digitalización de procesos y la reducción del costo de constitución de una empresa, como viene impulsando el Ministerio de la Producción, permitirían disminuir algunas de las tantas barreras que enfrenta la formalización.

En resumen, existen mecanismos para continuar con la agenda de formalización durante este año, que deben acelerarse. Las recomendaciones mencionadas constituyen solo algunas de las posibles a efectuarse sin demandar mayores complicaciones. La situación en sí no es favorable, pero la inercia no facilitará enfrentarla.