El Proyecto de Ley 9658/2024-CR propone establecer un impuesto del 0.5% a las grandes empresas, con el objetivo de asignar mayores presupuestos para contrarrestar la inseguridad y el crimen organizado. La iniciativa vulneraría la seguridad jurídica y el principio de no confiscatoriedad tributaria. 

El proyecto presentado por el congresista Darwin Espinoza, de la bancada Podemos Perú, decretado a la Comisión de Economía, propone que las grandes empresas asuman indirectamente la responsabilidad de fortalecer la solvencia de todos los niveles de gobierno mediante el pago de un “nuevo impuesto”, con el objetivo de incrementar el presupuesto destinado a la seguridad pública. 

Históricamente, la inversión pública en el sector de orden público y seguridad representa menos del 20% del presupuesto total. Sin embargo, en los últimos años, este porcentaje aumentó significativamente hasta alcanzar el 34% del presupuesto, con una asignación de S/ 5,843 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El presupuesto restante, de S/ 11,350 millones, se destinó a actividades regulares. 

Es importante destacar que la mayor parte del avance en la ejecución del presupuesto destinado a la inversión pública en el sector se debe a los esfuerzos del Gobierno nacional que, hasta noviembre, utilizó el 94.3% del monto programado para el año. En contraste, el progreso fue más limitado en los Gobiernos subnacionales, con niveles de ejecución similares tanto en los Gobiernos regionales (66.6%) como en las municipalidades (65.5%). 

Esto sugiere que los altos niveles de inseguridad que enfrenta el país son el resultado de años de gestión deficiente de la inversión pública destinada al sector. De hecho, entre 2022 y 2024, el presupuesto asignado se duplicó. 

Sin embargo, esto no implica que (i) el nivel de ejecución del presupuesto en seguridad sea el adecuado, (ii) lo ejecutado se traduzca en una mayor sensación de seguridad para la población ni que (iii) se haya cerrado la brecha de inejecución presupuestal en este ámbito, especialmente a nivel subnacional. 

RESPONSABILIDADES CONSTITUCIONALES Y ALTERNATIVAS AL PROYECTO

De acuerdo con la Constitución, el Estado es el responsable de garantizar el desarrollo del país en materia de seguridad. Esta función implica brindar protección para asegurar que los derechos de los ciudadanos estén resguardados frente a amenazas o vulneraciones. 

La creación de un nuevo impuesto debe estar respaldada por una justificación sólida, ya que supone la apropiación de recursos privados por parte del Estado sin ofrecer compensación, lo que podría vulnerar el principio de no confiscatoriedad tributaria. En este contexto, el nivel de ejecución presupuestaria alcanzado hasta la fecha evidencia que la propuesta contenida en el Proyecto carece de fundamento. 

Asimismo, el Proyecto podría generar problemas de seguridad jurídica con las grandes empresas, las cuales, por su naturaleza, toman decisiones de inversión que requieren estabilidad y previsibilidad. Así, existen los convenios de estabilidad jurídica, que garantizan la protección de la inversión y aseguran la vigencia de la normativa tributaria aplicable. La vulneración de estos convenios no solo afectaría la confianza empresarial, sino que podría desencadenar procesos arbitrales contra el Estado. 

Por otro lado, existen medidas menos gravosas para abordar el problema público identificado en el Proyecto, que podrían fomentar una mejor ejecución del presupuesto en materia de seguridad: 

• Programas de reconocimiento a nivel nacional para los mejores ejecutores del presupuesto

• Bonificaciones por el rendimiento en la ejecución presupuestaria

• Promoción del mecanismo de obras por impuestos en el ámbito de la seguridad pública 

Si la intención del legislador para abordar la inseguridad pública es aumentar la recaudación, debería priorizarse la promoción de la formalización. Mientras sigamos siendo tolerantes con la informalidad o, peor aún, se sigan dictando normas que la fomenten, difícilmente lograremos ampliar la recaudación como es debido. Es crucial que el Congreso tenga en cuenta este aspecto, no solo en beneficio de la seguridad ciudadana, sino para cumplir con el resto de las obligaciones a cargo del Estado.