La minería ocupa un lugar central en la economía del Perú, siendo la principal actividad exportadora del país y una fuente crucial de ingresos fiscales y divisas. En un contexto de precios históricamente altos para minerales como el cobre y el oro, esta actividad se presenta como una oportunidad única para consolidar el desarrollo económico y regional. Para aprovechar plenamente este potencial, es indispensable superar retos internos, como el combate a la minería ilegal y la gestión de conflictos sociales promovidos, en algunos casos, por ONG que obstaculizan proyectos mineros formales. 

El Perú es uno de los principales productores de minerales a nivel mundial, ya que ocupa posiciones destacadas en la producción de cobre, oro, zinc y plata. En 2024, las exportaciones mineras alcanzaron récords históricos gracias al auge de los precios de los metales. Este escenario representa una oportunidad única para fortalecer la economía nacional y financiar proyectos de desarrollo regional en sectores clave como infraestructura, educación y salud. Por cada dólar generado por la minería, una parte significativa se traduce en canon minero y regalías que, bien ejecutados, tienen el potencial de beneficiar directamente a las regiones productoras y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

A pesar de sus beneficios comprobados, la minería enfrenta una oposición significativa en ciertos sectores. Algunas ONG y grupos activistas promueven discursos que cuestionan la legitimidad de los proyectos mineros formales, a menudo sin reconocer el peligro que representa la minería ilegal para el medio ambiente y la seguridad ciudadana. La minería ilegal, además de evadir responsabilidades tributarias, genera graves impactos ambientales y sociales, como la contaminación de ríos, la deforestación y la explotación laboral, incluyendo a menores de edad. Es urgente que el Estado actúe con firmeza para combatir esta actividad, no solo desde el ámbito policial, sino también implementando estrategias integrales que incluyan alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas. 

El doble discurso de algunas ONG, que se oponen a la minería formal mientras guardan silencio ante la ilegalidad, debe ser cuestionado. La minería formal opera bajo estrictos estándares ambientales y sociales, además de generar empleo formal y contribuir al desarrollo de infraestructura en las regiones donde opera. En contraste, la minería ilegal opera al margen de la ley, y deja a su paso devastación ambiental y conflictos sociales. Es fundamental que la opinión pública, así como las autoridades locales y nacionales, respalden los proyectos mineros formales y rechacen cualquier iniciativa que busque obstaculizarlos de manera injustificada. 

El Gobierno debe asumir un rol proactivo en la promoción de la minería responsable, lo que garantiza un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Esto incluye el fortalecimiento del marco normativo, la vigilancia efectiva contra la minería ilegal y la generación de un diálogo constructivo entre las empresas, las comunidades y otros actores clave. Aprovechar los altos precios de los minerales en el mercado global no solo es una oportunidad económica, sino también una responsabilidad histórica para garantizar el progreso del Perú. 

La minería formal es un pilar fundamental para el desarrollo del Perú. Con una gestión adecuada y el compromiso de todos los sectores, esta actividad puede seguir siendo fuente de prosperidad para las generaciones presentes y futuras. Es momento de apostar por el desarrollo responsable y de combatir con firmeza las actividades ilegales que ponen en riesgo nuestro futuro.