El 31 de diciembre último, el Ejecutivo aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), y se dispusieron 180 días para concretar su respectivo plan. La PNCP tiene como principal objetivo generar bienestar para todos los peruanos sobre la base de un crecimiento económico sostenible con enfoque territorial. El Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), instancia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, junto a otras entidades públicas y privadas, fueron las que unieron fuerzas para emprender esta PNCP, con un horizonte de implementación a 2030, en la que se establecieron nueve objetivos prioritarios dentro de los siguientes cuatro pilares: (i) Infraestructura, (ii) Educación, (iii) Innovación y (iv) Eficiencia de mercados.

De acuerdo con la PNCP, en los últimos años, se ha ralentizado el crecimiento económico de manera que impide cerrar las brechas económicas y sociales con respecto a otros países, crear empleo de calidad que satisfaga la oferta laboral y seguir reduciendo la pobreza. Asimismo, se pone en evidencia que la productividad total de factores del Perú, un aspecto muy asociado al crecimiento económico, muestra desempeños negativos en los últimos 5 años. Para revertir este panorama, la PNCP busca guiar la política de gobierno en materia de crecimiento, para convertirla en una verdadera política de Estado, ya que acciones aisladas y desarticuladas han generado el retraso del dinamismo económico en el entorno subnacional y, junto con otros factores, han permitido que la pobreza persista en zonas rurales, principalmente de la sierra y selva.

Quizás uno de los aspectos poco o nada atendidos en los últimos años se refiera al pilar de Infraestructura. La PNCP resalta la enorme brecha de infraestructura en comparación con países avanzados y las diferencias en la dotación de servicios de infraestructura a lo largo de los departamentos del Perú, relacionado con las diferencias de la productividad laboral de estos. Asimismo, se advierte que esta situación se agrava al considerar la baja proporción de obras realizadas que cuentan con adecuadas medidas de mantenimiento y los desafiantes desastres naturales que afectan la sostenibilidad de la infraestructura. Ante este panorama adverso, urge una adecuada gestión en la planificación y la priorización de la infraestructura, dado que los recursos monetarios son insuficientes.

En línea con lo anterior, recientemente, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) realizó un análisis de la infraestructura en el país y concluyó con 10 propuestas para mejorar su situación. Una de las propuestas clave es desarrollar un plan de infraestructura a 2030, articulado entre los tres niveles de Gobierno, con órdenes de prioridad, plazos de cumplimiento y niveles de servicio, que incorpore como máximo 20 proyectos que deberían empezar a ejecutarse de forma anticipada a la aprobación del plan. Así, el CPC elaboró una lista de 20 proyectos que consideran importantes por su impacto en la productividad, con una inversión total de US$ 12,705 millones. Es importante notar que, dentro de esta propuesta del CPC, se recomienda que todos estos proyectos sean de interés nacional y tengan prioridad sobre las intervenciones de otros niveles de gobierno tanto en autorizaciones como en ejecución.

Al respecto, valdría la pena incluir algunos otros que, si bien no serían del alcance de la inversión de los señalados por el CPC, cuentan con un enorme potencial debido a su impacto en sectores dinamizadores en la economía, por ejemplo los aeropuertos departamentales, que claramente fomentarían el turismo a nivel local y nacional.

Finalmente, el CNCF tiene el gran reto de lograr que esta política sea implementada con éxito. No obstante, al ser una instancia de segundo nivel adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, carece de la fortaleza institucional que le permita ejercer sus funciones de manera eficiente, como coordinar con importantes entidades públicas y privadas, así como monitorear el avance de los indicadores relacionados con los objetivos prioritarios asignados a las entidades públicas especializadas, como ministerios u otras autoridades de nivel local o regional.

Si queremos que se cumpla el objetivo principal de este plan, el CNCF requiere de un mayor grado de institucionalidad y autonomía en el ejercicio de sus funciones; de lo contrario, seguiremos estancados en los diagnósticos y no avanzaremos hacia una economía más competitiva.