Pese al interés del Gobierno entrante por levantar las principales barreras burocráticas y resolver los cuellos de botella que le restan competitividad a nuestro país, lo que permitiría asegurar nuestro crecimiento y reducir los niveles de pobreza, desde el Congreso de la República ya surgen propuestas que jugarían en contra del bienestar nacional.

Nos referimos, por ejemplo, al primer proyecto de ley presentado en este nuevo Congreso, el N.° 001/2016-CR, denominado “Proyecto de ley del acuerdo patriótico de soberanía sobre el gas, renegociación del contrato de exportación con México y que establece el contrato de servicios para el aprovechamiento del gas garantizando la propiedad de la nación sobre la molécula del gas natural y la determinación de sus usos”, de autoría del congresista Manuel Dammert, quien ha demostrado a través de distintas iniciativas legislativas un especial interés por el sector de hidrocarburos. En esta oportunidad cuenta con el respaldo, entre otros, del congresista Marco Arana, conocido por su ciega oposición a los proyectos de inversión en industrias extractivas de minería e hidrocarburos, tal como mostró en su activa participación contra el proyecto minero Conga (Cajamarca), que representó en su momento una inversión de US$ 4,800 millones para nuestro país y hoy está paralizado.

Así, con la intención de “recuperar la soberanía del gas natural”, el congresista Dammert plantea una serie de disposiciones en el mencionado proyecto que fortalecerían la actividad estatal. Al respecto, señala que el gas in situ, así como el extraído, son de propiedad del Estado, ignorando el artículo 8 de la Ley N.° 26221, Ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional, el cual establece que solo los hidrocarburos in situ son del Estado. Asimismo, propone que sea el Estado quien establezca cuáles son los usos del gas natural, las condiciones del pago de regalías y, en caso de exportación, los destinos y las condiciones de venta; todo ello a través de contratos de servicios, lo que eliminaría los contratos de licencia. Además, pretende que aquellas empresas que actualmente mantienen contratos de servicios entreguen el 100% del gas natural a la empresa estatal Petroperú, la que se encargará de su comercialización en el mercado interno y el extranjero. ¿Y los contratos de licencia vigentes? Pues serían “negociados” con Perupetro en un plazo de hasta 180 días, si se llegara a aprobar dicha ley.

Pero eso no es todo. El proyecto plantea declarar de interés público renegociar el contrato de exportación del gas de Camisea con México, para lo cual establecería un comité integrado, entre otros, por el director de Perupetro, el Gobierno Regional del Cusco, un representante del Congreso y uno designado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la coalición de sindicatos de Petroperú y movimientos sociales. Asimismo, dispone la construcción de una planta de fraccionamiento en Kepashiato (Cusco) a cargo de Petroperú, muy cuestionada últimamente por los derrames de petróleo ocasionados bajo su administración.

Lo que está en juego

En pocas palabras, la propuesta del congresista Dammert pretende olvidar el rol subsidiario del Estado y hacerlo partícipe de la actividad empresarial, lo que nos ha traído resultados nefastos: a finales de los años 70, la pérdida de las empresas estatales sumó unos US$ 2,481 millones, con lo que se multiplicó 54 veces en tan solo una década. Además, pretende expropiar los recursos del privado, después de que este haya invertido en exploración y explotación, y asumido una serie de costos. 

Asimismo, violando los contratos suscritos entre el Estado peruano y las empresas del sector, así como los tratados de libre comercio bajo el capítulo de inversiones, se destruiría la estabilidad jurídica de nuestro país, instrumento para la atracción de inversiones que ha generado importantes recursos para nuestra economía, así como ayudado a reducir los niveles de pobreza. Así, en los últimos diez años, la inversión creció un 166.8%, el PBI un 76.2% y la pobreza se redujo del 55.6% al 21.8%.

La aprobación del proyecto de ley en cuestión acarrearía el retiro definitivo de la inversión privada en el sector de hidrocarburos, ya duramente golpeado, y que, sin embargo, en 2015 nos dejó S/ 2,516 millones en tributos internos, US$ 728 millones por contratos de licencia y US$ 40 millones por contratos de servicios, de acuerdo con Perupetro. A esto hay que sumarle los US$ 1,222 millones por canon y regalías, tal como se detalla en el gráfico. Darle pase a una iniciativa legislativa como la que plantea el congresista Dammert atentaría claramente contra la reputación e imagen del Perú como país serio en el cumplimiento de contratos y de su normativa interna.  

La soberanía energética de la que habla el congresista Dammert no es más que una forma encubierta de introducir en nuestra economía, desde el Legislativo, normas basadas en ideologías retrógradas que nos llevarían al fracaso. Estaremos atentos a estas perjudiciales iniciativas. El Perú debe continuar por el camino de la apertura económica y seguir atrayendo la inversión, no ahuyentarla.