Durante 2020, la economía mundial sufrió un fuerte shock debido a la pandemia de la COVID-19. Como consecuencia, el reporte Global Economic Prospects del Banco Mundial (BM) estimó que una de las regiones más afectadas durante 2020 sería América Latina y el Caribe, con una contracción del 6.9%. En cuanto a 2021, el organismo multilateral espera que la economía se recupere y crezca un 4%, mientras que la recuperación de ALC sería de un 3.7%.

Esta situación se materializó en una disminución significativa de la actividad económica peruana, la cual, al cierre de 2020, cayó un 11.1%, según cifras del informe técnico de producción nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta caída se explica por el menor aporte de los sectores comercio (-16%), minería e hidrocarburos (-13.2%), alojamiento y restaurantes (-50.5%), transporte y almacenamiento (-26.8%), manufactura (-13.2%) y otros servicios (-10%).

Específicamente, la dura caída del sector minero e hidrocarburos, el cual representa un 14.4% del PBI peruano, restó 1.64 puntos porcentuales a la variación anual del PBI, y es consecuencia de una menor actividad económica a nivel nacional y un contexto internacional altamente volátil que repercutió en nuestros envíos al exterior. A raíz de la emergencia sanitaria y las medidas para su mitigación, el precio promedio de los metales en 2020 experimentó el aumento de tan solo un 1% respecto de lo registrado en 2019 y la caída más pronunciada se dio en el segundo trimestre de 2020 (-13.2% con relación al segundo trimestre de 2019).

La evolución de la producción minera coincide con la situación del empleo en el sector. De acuerdo con cifras del INEI, la minería en el Perú ocupa aproximadamente a un 21.9% de la población económicamente activa. Esta cifra es aún relevante en departamentos y localidades con proyectos activos en fases de construcción y explotación. Mientras que en mayo se alcanzó el nivel más bajo de empleos directos, 129,088 personas, en junio la cifra aumentó a 154,418 y en diciembre ya se contaba con 198,389, lo que significó solo una reducción del 3.1% con respecto al mismo mes de 2019. Arequipa acabó el año como el departamento con la mayor cantidad de empleos, 24,257, gracias a la empresa Cerro Verde, mientras que Moquegua y Áncash se ubicaron en el segundo y el tercer lugar, con 22,650 y 20,147 trabajadores, respectivamente (ver Semanario 1062).

Si bien la generación de empleo y la producción en el sector minero han mostrado señales de recuperación en los últimos meses del año, su repentina y significativa contracción ha generado rezagos que afectan otras ramas la economía. Una de ellas es la generación de ingresos tributarios y retribuciones al Gobierno peruano. De acuerdo con cifras de la Sunat, se registraron importantes contracciones en la recaudación de tributos internos por parte de la minería, la cual se mantuvo en terreno negativo hasta finalizar el año. 

Esta realidad no solo es preocupante en términos de estabilidad fiscal para el país, sino también en cuanto a la generación de recursos en los diferentes niveles de Gobierno. Así como la producción y la recaudación mineras se han visto contraídas, la generación de ingresos y ganancias retribuidas a los Gobiernos locales a través de mecanismos como el canon, el sobrecanon y las regalías mineras también resultaron afectadas durante el año.

En 2020, los Gobiernos locales recibieron aproximadamente S/ 9,418 millones por concepto de retribuciones de industrias extractivas, cifra un 16% menor que la reportada en 2018 y un 11% menor que la de 2017. Por su parte, Áncash, Cusco y Arequipa fueron los departamentos cuyas municipalidades recaudaron más en este rubro, con S/ 1,763 millones, S/ 1,356 millones y S/ 1,253 millones, respectivamente, que en promedio representaron un 67% de sus ingresos totales y fueron ejecutados en un 74% en proyectos de inversión para el desarrollo local. Esto no solo indica la gran importancia del sector en la disponibilidad de recursos para los Gobiernos subnacionales, sino también una alta vulnerabilidad de sus presupuestos ante la volatilidad de las industrias extractivas. Por esto, el destrabe y la promoción de inversiones en industrias extractivas sostenibles surge como una solución altamente efectiva para la dotación de recursos públicos de manera descentralizada.

En un contexto de alta presión fiscal, nuevas priorizaciones presupuestales y alta heterogeneidad en las consecuencias de la pandemia en las diferentes localidades del Perú, hoy más que nunca es de suma importancia ver al sector privado como un aliado para la generación de ingresos, puestos de trabajo e inversión productiva, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esto, sin lugar a duda, debe ir acompañado de la generación de capacidades y calidad en la gestión pública en los Gobiernos subnacionales, con el propósito de aprovechar al máximo los beneficios que el libre mercado, la inversión privada y las exportaciones mineras traen al país.