El pasado 19 de setiembre, se llevó a cabo la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, organizada por la Asamblea General de la ONU y que tiene como objetivo dar respuesta a la crisis educativa mundial en materia de igualdad, inclusión, calidad y pertinencia. Durante su participación, el presidente Pedro Castillo anunció, acertadamente, que la meta del Perú es lograr una educación inclusiva, descentralizada y diversificada, que contribuya a superar las brechas y garantice igualdad de oportunidades. No obstante, también presentó información sobre la actual construcción de un nuevo currículo nacional escolar, anuncio que levanta dudas sobre cómo se visualiza el destino de la educación en nuestro país y que no se debe pasar por alto.

Al respecto, cabe destacar que el Currículo Nacional de educación es el elemento que rige la política educativa. Este define los temas que deben estudiar los alumnos, así como la manera en la que serán evaluados. En esa línea, recordemos que el documento vigente fue aprobado en junio de 2016, tras un arduo proceso de elaboración que demoró alrededor de cinco años. Además, recién en los últimos años se ha empezado a aplicar de manera integral, debido, por un lado, al tiempo necesario que demanda el proceso de sensibilización y capacitación del personal educativo y, por el otro, a la interrupción originada por la pandemia. Así, un cambio de esta herramienta anularía el avance obtenido a la fecha.

De igual manera, el anuncio deja entrever el nulo sentido de urgencia que se tendría desde el Gobierno hacia lo que deberían ser las prioridades en materia educativa, como la pérdida de aprendizajes que se ha acentuado tras la pandemia, el estado de la infraestructura educativa, la deserción escolar, entre otros. De acuerdo con una reciente publicación del Banco Mundial, mientras que en 2019 la proporción de niños de diez años que no podía leer ni comprender un texto simple era del 57%, actualmente, esta se habría incrementado hasta un 70%. A nivel desagregado, la situación afecta de manera desproporcionada a los más pobres. En nuestro país, las evaluaciones del Minedu confirmaron la disminución del rendimiento promedio de los alumnos en pruebas de lectura y matemáticas, con lo que se registra un retroceso de tres años en el aprendizaje a nivel nacional (ver Semanario 1130).

Pero ¿qué hacer para abordar la pérdida de aprendizajes? El Banco Interamericano de Desarrollo propone tres estrategias para para el caso de América Latina: i) Garantizar el aprendizaje presencial y aprovechar la tecnología; ii) Terminar el aprendizaje inacabado y proporcionar una vía para el éxito; y iii) Reintegrar a los estudiantes y prevenir el abandono escolar.

En detalle, la primera estrategia sugiere asegurar la conectividad a internet y el acceso a dispositivos, garantizar un aprendizaje basado en tecnología adaptada a las necesidades y rendimientos de los estudiantes, e integrar la tecnología a la gestión escolar para el registro de actividades y seguimiento al rendimiento de estudiantes. Llevar a cabo esto permitirá contar con información para la toma de decisiones educativas y utilizar eficazmente los recursos escolares.

Esta propuesta cobra relevancia en nuestro país si contemplamos que el adecuado aprovechamiento de la tecnología demanda necesariamente una eficiente conectividad a nivel nacional, un sueño lejano en muchos departamentos. Para tener una idea, en 2021, cuatro de cada diez colegios a nivel nacional no tenían acceso a internet. Así, mientras que, en Tumbes, el 76% de colegios contaba con red de internet, en Loreto, esta cifra alcanzaba solo el 25%.

A ello se suma el estado de la infraestructura educativa. No cabe duda de que el acceso a escuelas adecuadamente implementadas es clave para garantizar un desarrollo óptimo y ofrecer una educación de calidad, pero la realidad dista de lo idóneo. En enero de este año, el Minedu confirmó que siete de cada diez locales educativos requerían una intervención en infraestructura básica (sustitución parcial o total). Además, estimó que se necesitarían S/ 111,296 millones para cerrar la brecha de infraestructura educativa y servicios básicos. Es decir, 17 veces el presupuesto destinado para inversión pública en educación en 2022. En tanto, necesitamos también enfocar los esfuerzos en esta problemática, de lo contrario, el sueño de igualar las oportunidades para todos solo quedará en discurso.

Las prioridades del sector educativo en nuestro país son claras, pero se necesita un compromiso político real, evidenciado a través de medidas concretas, para poder atenderlas. Si bien el actual currículo nacional puede someterse a mejoras, propias de un documento que está sujeto a actualizaciones y con incidencia a nivel nacional, todos deberíamos coincidir que, ante la crisis de aprendizajes que vivimos, no es el momento óptimo para cambiarlo ni hay razones suficientes para ello.