El avance tecnológico y el uso de herramientas digitales ya son parte del día a día de muchos ciudadanos, gracias a los avances en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su capacidad para agilizar diversos tipos de transacciones. Desde el transporte de personas o bienes, la intermediación de servicios, el manejo de datos abiertos y el comercio electrónico hasta la interacción entre el Gobierno y los ciudadanos, la transformación digital de las economías es una verdadera revolución que cuenta con el potencial de acercar a las personas los servicios, bienes y oportunidades que alguna vez fueron costosos o inalcanzables.

Como hemos remarcado en ocasiones anteriores, existen quienes reclaman “nuevas” reglas de juego para la economía digital (ver semanarios 1013, 994, 989 y 983); no obstante, si bien un marco regulatorio, con reglas claras y seguridad jurídica, es un elemento clave para el desarrollo de cualquier actividad, ¿necesitamos una regulación particular para la economía digital? Y, aún más importante, ¿el Perú se encuentra en condiciones o tiene las herramientas necesarias para dar el salto tecnológico y normativo, y adoptar la transformación digital en el país?

La economía digital involucra a un gran espectro de actividades. Por ejemplo, incluye plataformas de comercio electrónico, proveedores de cloud computing[1] y soluciones digitales, sistemas de datos abiertos, plataformas digitales de intermediación de bienes y servicios, así como otras que con el paso del tiempo existirán en función del avance tecnológico y las demandas del mercado. Así, más allá de reglamentaciones o propuestas normativas específicas de corto plazo, debemos detenernos y evaluar el panorama general al cual el Perú se enfrenta. De esta manera, podremos responder las interrogantes planteadas y definir claramente cuál es la ruta de largo plazo a seguir en materia de transformación digital.

DOTEMOS DE PODER A NUESTRA MEJOR ARMA

La transformación digital en el Perú no es solo una necesidad para elevar nuestra competitividad, sino una obligación para mejorar el acceso a servicios y la calidad de vida de los peruanos. Así, con el Decreto de Urgencia 006-2020, que crea el sistema nacional de transformación digital, y el Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, nuestro país ha dado uno de los primeros pasos más grandes hacia este objetivo al otorgar a la Secretaría de Gobierno Digital (Segdi) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la rectoría en el proceso de transformación digital del Perú (ver Semanario 1016).

Sin embargo, vemos que actualmente las iniciativas regulatorias por parte de distintas entidades del Gobierno reflejan una severa descoordinación en cuanto a su posición respecto a la economía digital, así como la poca predictibilidad, que desincentivarían la inversión en innovación tecnológica y la colaboración entre la economía digital y el Estado. Y esto es justamente lo que la rectoría de la Segdi debería subsanar a partir de la expedición de los decretos de urgencia mencionados, de cara al futuro.

Así pues, la intervención de la Segdi en los procesos regulatorios actualmente en trámite y el ejercicio de su rol rector en materia digital son imprescindibles. Sin embargo, es necesario dotar a esta oficina de mayores recursos y autonomía, e incluso de manejo político, con el fin de alinear las acciones de todas las entidades públicas respecto del entorno digital.

UN PERÚ DIGITAL, ¿REALIDAD CERCANA MÁS QUE UTOPÍA?

La colaboración entre la economía digital y el Gobierno implica aprovechar la información de las empresas y trabajar en conjunto para informar a las políticas públicas con una mayor cantidad y mejor calidad de datos. De esta manera, podrá existir un verdadero Gobierno digital que mejore exponencialmente la comunicación entre el Gobierno central y los Gobiernos subnacionales; así como la relación entre el Gobierno con los ciudadanos.

Pensemos por un momento en la potencial capacidad del Gobierno si se adopta verdaderamente una mentalidad de transformación digital. Por ejemplo, la administración pública y los servicios al ciudadano podrían verse altamente impactados al contar con proveedores de calidad internacional en cloud computing para el manejo de datos personales o para la sistematización y digitalización de historiales médicos para entidades públicas y privadas. Asimismo, implicaría la materialización de la tan necesaria interoperabilidad entre todas las entidades del Gobierno, la cual reduciría trabas burocráticas y agilizaría todo trámite que una persona natural o empresa deba realizar en el país. Por otro lado, la colaboración con empresas de economía digital serviría como apoyo a la labor de fiscalización contra la evasión tributaria y la informalidad, así como al incremento de la bancarización. En cuanto a los programas sociales, se podría hacer uso de estas herramientas para incrementar la efectividad en su focalización, a fin de que personas con distintas necesidades básicas insatisfechas puedan acceder a servicios gubernamentales adecuados.

Las posibilidades de contar con un sólido y firme sistema de transformación digital en el Perú no tienen límites, y continuarán siendo desaprovechadas si las normas no se adecúan a un entorno digital en constante cambio y evolución.

Si consideramos los potenciales beneficios, el panorama normativo actual en el Perú, las barreras en acceso a las TIC y la coordinación de los actores más importantes en materia de economía digital en el país, desde ComexPerú nos comprometemos a generar e impulsar una hoja de ruta en economía digital que tendrá siempre al ciudadano como foco de toda recomendación de políticas. Este es un paso sumamente necesario para tener un rumbo claro y de largo plazo, así como una señal de colaboración público-privada en el proceso de transformación digital en el país.

[1] El cloud computing consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a través de internet. Es una tecnología que busca tener todos nuestros archivos e información en la red, sin preocuparse por poseer la capacidad suficiente para almacenar información en un ordenador o servidor particular.