Uno de los principales problemas que deberá abordar el próximo Gobierno será resolver los persistentes problemas del mercado laboral. Si bien este alcanzó el puesto 77 de 141 economías en el pilar respectivo del Reporte de Competitividad Global 2019, del Foro Económico Mundial (el octavo mejor resultado para la región de América Latina y el Caribe), continuó rezagado en las categorías de prácticas de contratación y despido (134) y políticas activas del mercado laboral (120). Esta situación, sumada a una serie de factores estructurales adicionales, ha hecho que la gran mayoría de empleos sean informales, lo cual implica sacrificar protección social con tal de continuar trabajando.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a comienzos de la década pasada, nuestro país registraba una tasa de informalidad laboral del 77.1%, la cual se redujo al 71.6% en el cuarto trimestre de 2019, de manera que parte del progreso se perdió por el impacto de la pandemia, lo que generó que ascendiera al 73.4% en el último trimestre del año pasado, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Lo mismo ocurrió en Colombia, tras registrarse un 48.1% en 2020, lo que significó una reducción de 3.6 puntos porcentuales (pp.); mientras que la tendencia a la baja se mantuvo en México (55.6%; -3.5 pp.) y Chile (27%; -12.2 pp.). No obstante, a pesar del leve dinamismo en los últimos diez años, con excepción de Chile, el mercado laboral peruano continuó superando ampliamente el desempeño de la región, que se situó en un 53% durante 2018, según la Organización Internacional del Trabajo.

Lamentablemente, esto implica una severa limitación en la creación de empleos adecuados y la mejora de condiciones laborales. Ante esta situación, propuestas como la implementación de “mayores beneficios” o la eliminación de regímenes laborales flexibles no favorecerían a los trabajadores, sino que desplazaría a una proporción considerable de formales a la informalidad, lo que impediría el cumplimiento de las regulaciones laborales. Los contratos a plazo fijo representaron el 59.7% de los contratos existentes en el país en 2019, lo que incrementó su participación que ascendía al 51.4% en 2007, según el INEI, los cuales se han popularizado por las restricciones en la capacidad de despido que prometían proteger a los trabajadores, según Miguel Jaramillo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo.

¿LECCIONES ELECTORALES?

Durante la reciente campaña electoral, varios partidos políticos reconocieron las limitaciones del mercado laboral peruano y la mayoría prometió mayores beneficios y una recuperación del empleo perdido por la pandemia. No obstante, para lograrlo no bastarán las promesas de creación de millones de empleos formales directos que planteaban diversos candidatos (ver Semanario 1065), sino que será necesario adoptar políticas estratégicas que consideren los requerimientos actuales.

En particular, la elevada informalidad suele atribuirse a la abundancia de trabajadores poco calificados, de manera que el incremento en la cantidad de egresados universitarios anuales entre 21 y 35 años, de 669,200 a 833,300 entre 2012 y 2018, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), debería haber reducido la incidencia de este grupo. Si bien esto sí ocurrió, tras descender su tasa de informalidad del 40% al 36.5%, vino acompañado de un incremento en la tasa de desempleo del 6.7% al 8.8% durante el mismo periodo. Es decir, a pesar de la necesidad de fomentar la educación, una difusión sin planificación podría llevar a una oferta de trabajadores que no sería absorbida completamente por la demanda laboral.

Por ello, resulta interesante una de las propuestas presentadas durante la reciente campaña electoral: adecuar la oferta educativa a la demanda actual. En particular, esto no debería limitarse a la educación superior, porque la gran mayoría de trabajadores a contratarse en empresas de 20 a más empleados se concentra en aquellos con educación básica, lo que representa el 66.6% de las expectativas para 2021, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE); mientras que los profesionales universitarios (15.1%) y técnicos (12.3%) tienen una menor participación. Además, antes de la pandemia se registraba una elevada concentración de la demanda de trabajadores en los sectores industriales y las actividades prestadas a empresas, que acumularon el 39.9% de la expectativa de demanda laboral para dichas empresas en 2019, según el MTPE.

Si bien adecuar la oferta nacional educativa a los requerimientos del país sería complicado en el corto plazo, se debe reconocer que resultará necesario para facilitar el ingreso de los futuros trabajadores al sector formal. Además, la transición podría ser favorecida con una mayor oferta de los cursos de capacitación más solicitados para cada año. A raíz de la pandemia, en 2021 los tres más solicitados estarían relacionados con normas y procedimientos de seguridad, uso de equipos de protección personal y seguridad y salud ocupacional, según el MTPE.

Por tanto, una de las mejores maneras de solucionar los bajos niveles de empleo y la elevada informalidad consiste en alinear la valoración de los empleadores con las expectativas de los actuales trabajadores que buscan empleo. Solo así estarán dispuestos y encontrarán rentable ofrecerles mayores ingresos y beneficios; mientras ello no suceda, pero la regulación exija hacerlo, difícilmente se adecuarán a las nuevas normas y preferirán seguir operando en la informalidad.