La presente pandemia y la paralización de las actividades económicas para mitigar su expansión han ocasionado un deterioro del mercado laboral afectando de manera desigual a la población. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el tercer trimestre del año, la población económicamente activa (PEA) ocupada en Lima Metropolitana se contrajo a 3,749,900 personas, un 23.9% menos respecto del mismo periodo de 2019, pero esto se agudizaría en los trabajadores que apenas habían alcanzado niveles de educación primaria[1] o secundaria, para los cuales se contrajo un 44.4% y un 26.4%, respectivamente. Similarmente, a pesar de que el ingreso promedio mensual en la capital disminuyó para todos los trabajadores, al pasar de S/ 1,743 a S/ 1,525 (-12.5%), dichos grupos también se perjudicaron más al reducirse sus remuneraciones a S/ 841 y S/ 1,018, un 44.4% y un 26.4% menos que el año pasado, respectivamente.

Si bien existen diversos motivos para explicar dicho desempeño, la vulnerabilidad de los trabajadores suele sustentarse en el tamaño de las empresas donde laboran y en la informalidad. En cuanto a lo primero, según los resultados del sector servicios provistos por el INEI, el cual concentró al 77.8% de la PEA ocupada en Lima durante el tercer trimestre de este año, la gran mayoría de trabajadores que culminaron como máximo la secundaria (el 81.3% en este sector) laboraron en micro y pequeñas empresas (mypes). Esta situación agravaría la poca seguridad de sus empleos, pues las mypes presentan complicaciones adicionales para sobrellevar la presente crisis, debido a su mayor fragilidad financiera, lo que las hace más propensas a despedir trabajadores y contraer su demanda de empleo, de acuerdo con Miguel Jaramillo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo.

Por su parte, la apremiante informalidad del mercado laboral, que de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú ascendería al 72.5% a finales del año, genera puestos de trabajo que se caracterizan por carecer de protección y beneficios laborales, así como, en la mayoría de los casos, salarios menores a la remuneración mínima vital, según la Defensoría del Pueblo. Esta situación se agudizaría en los trabajadores menos capacitados, debido a que la productividad asociada a ellos resulta menor que el salario mínimo impuesto, lo que les impide acceder a un empleo formal (ver Semanario 1038). Al respecto, el INEI reportó, en la última publicación de la Cuenta Satélite de la Economía Informal, que en 2018 el 79% del empleo informal a nivel nacional correspondió a trabajadores que culminaron como máximo la educación secundaria. 

Desafortunadamente, la situación se agrava al considerar los problemas estructurales pendientes por resolver en el mercado laboral, como su rigidez (ver Semanario 1026), la cual limita su dinamismo y su capacidad de generar empleos adecuados. De acuerdo con una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alrededor del 20% de los peruanos son considerados económicamente vulnerables, es decir, perciben ingresos por encima de la línea de pobreza[2], pero por debajo del nivel promedio de gasto per cápita[3]. Debido a esto y a todas las falencias antes mencionadas, el BID estima que la tasa de pobreza monetaria aumentaría al 30% durante este año, lo que representaría un retroceso a los niveles registrados hace 10 años.

¿Y CÓMO NOS RECUPERAMOS?

Ante esta situación, debemos recordar cómo se logró reducir inicialmente la tasa de pobreza. En particular, entre 1991 y 2019, esta se redujo del 59% al 20%, 39 puntos porcentuales menos, un progreso significativo que se explicó principalmente por el crecimiento económico (ver Semanario 1030). En ese sentido, si bien existen diversos factores que definirán el desempeño agregado del país, se puede pensar en desarrollar los sectores que concentran la mayor cantidad de trabajadores económicamente vulnerables.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la agricultura —que concentra un 24.2% de la PEA nacional, según el INEI— genera principalmente empleo informal, pues el 84% de los agricultores trabajó de esta manera en 2018. Asimismo, ya que en el último Informe Anual de Empleo dicha actividad económica se posicionó como una de las menos productivas en 2019, resulta necesario mejorar la productividad agrícola con el destrabe de los grandes proyectos de irrigación. En particular, cobra relevancia la situación de Majes Siguas II que, aparte de potenciar las agroexportaciones, se estima que crearía hasta 145,000 empleos formales (ver Semanario 1038). Cabe resaltar que, en Arequipa, departamento donde se llevaría a cabo el proyecto, la PEA asalariada en 2018 apenas ascendió a 391,000, según el MTPE.

Definitivamente, el impacto de la pandemia será significativo, pero ello no significa que no se pueda mitigar. Inclusive, existen oportunidades considerables para aumentar la productividad de sectores que concentran a los trabajadores más vulnerables, como los grandes proyectos de irrigación o el posible cese de la moratoria de organismos vivos modificados, los cuales hubieran potenciado considerablemente las cosechas de los agricultores sin dañar la biodiversidad (ver semanarios 1033 y 1034). Lamentablemente, a pesar de estar disponibles ambas alternativas, persistentemente se rechaza el diálogo y se desconocen los cuantiosos beneficios que se generarían para la sociedad, como evitar la expansión de la pobreza monetaria.

[1] Incluye el nivel inicial y la ausencia de nivel educativo.

[2] De acuerdo con el INEI, esta ascendió a S/ 187 soles mensuales por persona en 2019.

[3] De acuerdo con el BID, este asciende a S/ 695 mensuales por persona.