Tras la guerra entre Rusia y Ucrania, las relaciones comerciales entre los países de la Unión Europea (UE) y Rusia, en especial en cuanto a la compra de combustible (gas, petróleo y carbón), han estado en la mira dentro de este contexto de incertidumbre. Esto porque la UE depende en gran medida de Rusia, pues es una de sus principales importadoras de combustible.

Según cifras de Eurostat, a 2019, la UE importó el 26.9%, 45.3% y 46.9% de petróleo, gas natural y carbón, respectivamente, de Rusia. Cabe añadir que, de acuerdo con el reporte de diciembre de 2021 de la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), en 2020, el 48% de las exportaciones rusas de petróleo crudo se destinaron a países europeos: Países Bajos (11%), Alemania (11%), Polonia (7%) y Finlandia (4%).

En el contexto de la guerra, países como EE. UU., Canadá, Reino Unido y, también, la UE aplicaron una serie de sanciones contra Rusia, lo cual afectó el comercio de combustible, pues se han cortado parcial o totalmente los suministros de gas, petróleo y carbón. Esto impactó con mayor fuerza a la matriz energética de los países miembros de la UE que, como se mencionó, dependen en gran medida de los combustibles rusos.

A corto plazo, esta crisis ha llevado a que ese grupo de países busque otros proveedores potenciales de combustibles, como EE. UU.; sin embargo, de acuerdo con National Geographic, se debe tomar en cuenta que, por ejemplo, el envío de gas natural en forma líquida es muy costoso, por lo que esta situación no sería sostenible en el tiempo. En este sentido, en el largo plazo, se hace aún más necesaria la transición de la matriz energética hacia energías limpias y renovables. Este es un aspecto que los países europeos han tomado en cuenta y, por ello, han enfocado más esfuerzos en impulsarlas y que se conviertan en realidad lo más pronto posible.

¿Cuál es la perspectiva del Fondo Monetario Internacional respecto de la transición energética? En el Acuerdo de París, firmado en 2015, se estableció como objetivo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 25%, con respecto a los valores de 2022. Según el reporte World Economic Outlook (WEO) de octubre último, elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), de realizarse una transición energética creíble y gradual, el coste de esa sobre el crecimiento del producto bruto interno (PBI) del mundo sería entre 0.15 y 0.25 puntos porcentuales (pp.), mientras que en la inflación sería de 0.1 y 0.4 pp. adicionales al año. Sin embargo, la inacción o procrastinación de los Gobiernos para poner en marcha este cambio podría generar que dichos costos se eleven.

A propósito de lo anterior, ¿cómo este cambio afectaría las exportaciones mineras? El Banco Mundial, en su publicación Minerals for Climate Action, menciona que las tecnologías de energía renovable demandan hasta diecisiete minerales: aluminio, cromo, cobalto, cobre, grafito, indio, hierro, plomo, litio, manganeso, molibdeno, neodimio, níquel, plata, titanio, vanadio y zinc. En ese sentido, el Perú sería uno de los países que se beneficie de este contexto, debido a su capacidad de producción y exportación de minerales como cobre, plomo, plata, zinc, molibdeno y hierro.

Según cifras de la Sunat, en el período enero-agosto de 2022, el principal producto exportado fue el cobre y sus concentrados, valorizado en US$ 11,368 millones (45% del total de nuestras exportaciones). Luego se encuentran los demás concentrados de zinc (6.4% del total), hierro y sus concentrados (5.2% del total), y el molibdeno y sus concentrados (2.9%). Por otro lado, según cifras del Centro de Comercio Internacional, el Perú representa un 14.2%, 13.8% y 12.1% de las importaciones totales de la UE respecto de cobre, plomo y zinc, respectivamente.

Si bien cabe la posibilidad de que el Perú se vea favorecido en tal contexto, hay factores que representan una barrera para un probable crecimiento de las exportaciones mineras. Uno de estos son los conflictos socioambientales. De acuerdo con el reporte mensual de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, en el mes de septiembre se registraron 136 conflictos socioambientales entre activos y latentes, de los cuales el 66.9% corresponde a conflictos relacionados con la actividad minera. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que, en lo que va del año, los conflictos sociales han generado una pérdida de US$ 790 millones, además de que se han dejado de percibir impuestos y regalías por un monto de S/ 740 millones.

El Perú tiene el potencial para aprovechar un posible incremento de la demanda de minerales ante un contexto de transición energética de los países desarrollados; sin embargo, para que ello se concrete es necesario dar solución a los conflictos socioambientales entorno a la minería. En este sentido, el Gobierno de turno debe contar con la capacidad para, en primer lugar, establecer políticas claras que eviten futuros conflictos y, en segundo lugar, implementar medidas para dar solución a los casos ya activos. Así, se asegura que el Perú siga siendo atractivo a la inversión, lo que fortalece la competitividad del país.