Sin lugar a dudas, el gran énfasis del Gobierno en las perspectivas de crecimiento se sustenta en reformas estructurales que influenciarán el repunte de la inversión pública y privada, así como el aumento de la productividad total de factores mediante una mayor formalización. Este crecimiento, de más del 5.5% en el mes pasado, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), ha sido posible debido a la consolidación de la producción minera de proyectos como Toromocho, Constancia, la ampliación de Cerro Verde y Las Bambas. En este sentido, la expansión del PBI se debió a una mayor extracción de cobre, la que permitió un crecimiento de la minería metálica en un 25% a inicios de 2016.

Por ejemplo, la extracción de cobre a finales de 2015 registró un crecimiento del 68% con respecto al cierre del año anterior, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Estas cifras, que no se presentaban desde junio de 2002, fueron generadas en un 84.3% por el sustancial aporte del inicio de operaciones del proyecto Las Bambas, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De esta manera, parece que el Perú estaría retomando el curso del desarrollo de inversiones luego de las decenas de conflictos sociales, levantamientos, paralizaciones y presiones políticas que poco han aportado a su resolución y estuvieron muy lejos de contribuir al consenso. Así, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), tan solo en el periodo 2011-2014 se retrasaron inversiones mineras por más de US$ 21,500 millones. Si se considera además la producción, el efecto en el empleo y el costo de oportunidad total, la cifra alcanza los US$ 62,500 millones, casi un 43% del PBI peruano en 2015.

Ello no solo le costó al Perú 13.4 puntos porcentuales de crecimiento acumulado, sino también un promedio de 791,000 empleos, US$ 4,220 millones en recaudación tributaria y la posibilidad de cubrir la brecha actual en infraestructura en un 4% del total. Sin embargo, esta parece ser una historia de nunca acabar para el país, dados los últimos hechos ocurridos en Apurímac.

Apurímac, gran necesidad de desarrollo

De acuerdo con el Índice de Competitividad Regional elaborado por el IPE, Apurímac se ubica en el puesto 23 en cuanto a PBI real se refiere, al haber generado S/ 2,454 millones en 2015. Asimismo, cuenta con una economía un 88.3% informal (puesto 20) y con un nivel de ingresos por trabajo de S/ 877, en promedio. Así, fue el segundo departamento con menor nivel de inversión pública ejecutada (60.6%) y el segundo con mayor índice de conflictos sociales.

No obstante, según estimaciones del BCRP, Apurímac crecerá en 2016 un 266%. Es decir, triplicará su PBI marcando un record nacional debido a la expansión minera a raíz de la extracción de cobre del proyecto minero Las Bambas. De esta manera, la participación del sector minero en la economía de esta región pasaría del 10.4% en 2015 al 63% en 2016.

Ante estas perspectivas, este proyecto conlleva beneficios para la región y para todo el Perú, puesto que es considerada la mayor inversión minera en la historia del país y una de las mayores en el mundo. Tan solo en la etapa de construcción generó 18,000 empleos directos y benefició a más de 40,000 familias. Asimismo, según cifras del Minem, pasaría de una producción de 293,000 toneladas métricas finas de cobre en 2016 a 500,000 en 2018, año en el que alcanzará el total de su capacidad. En cuanto a exportaciones, el BCRP estima un incremento anual de US$ 2,600 millones debido a la producción de la mina.

Por ello, resultaría sumamente perjudicial un conflicto por el proyecto minero, ya que significaría una paralización de US$ 10,000 millones. Así, la toma de la vía de acceso a la zona por parte de los pobladores y el enfrentamiento con la policía representan un gran riesgo. La grave situación suscitada no solo demuestra la casi nula aplicación de la ley, ya que en el código penal se estipulan normas con penas de cárcel para quienes bloqueen carreteras y vías de uso público, así como las normas contra el delito en flagrancia que no han sido aplicadas, sino también la recurrente incapacidad del Gobierno para lidiar con los conflictos existentes de manera eficaz.

Por otro lado, el conflicto ha generado la paralización de actividades de transporte, comerciales y educativas en la zona. Todo esto nos hace recordar que existen más actores que juegan un papel en estas situaciones. Como bien lo demuestran experiencias pasadas, existirían grupos de interés poco adeptos al desarrollo y las inversiones extractivas que ven en lo formal una amenaza para sus actividades y un peligro latente hacia sus intereses.

Ante este escenario, el Gobierno nacional, a través de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, debe tener una posición de liderazgo mucho más activa para garantizar la solución en un ambiente separado al de la violencia y criminalidad, y la aplicación de la ley, junto con un servicio de inteligencia que se respete. ¿Hasta cuándo los peruanos deberán pagar los platos rotos de estos conflictos?