Entre los sectores cuyo presupuesto se incrementó, así como se puede evidenciar en el proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, el de saneamiento obtuvo una asignación de S/ 6,402 millones, un monto muy significativo pues se trataría del mayor presupuesto de apertura de los últimos 12 años, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, las problemáticas relacionadas con el uso y acceso al agua en el Perú no son cuestiones que vayan a solucionarse por el simple hecho de tener más dinero a la mano. Más bien, lo relevante es la manera en que hacemos frente a dichas problemáticas, y lo que señala un estudio reciente del Banco Mundial (BM), que analiza la situación de la seguridad hídrica en el país, es que en ese aspecto estamos fallando considerablemente. 

En su documento, el BM nos recuerda que el Perú es dependiente del agua en muchas dimensiones. Desde un punto de vista productivo, la minería y, en especial, la agricultura son actividades intensivas en el uso del agua, además de que en varios procesos manufactureros la utilizan para transformar insumos en productos. El agua, a su vez, es esencial para la generación de energía hidroeléctrica, que representa la mayoría de la generación total de electricidad, de acuerdo con el reporte. 

Por su parte, dada la baja cobertura en varias zonas del país, en especial de cobertura continua, los pequeños cambios en el suministro de agua en los hogares tienen un impacto enorme en su calidad de vida. Finalmente, a todo esto le debemos sumar que nuestro país es propenso a choques hídricos fuertes (sequías, lluvias, huaicos, etc.), los cuales siempre afectan el rendimiento económico y social. Cuando juntamos todos estos factores, nuestra sensibilidad a fallas en la seguridad hídrica (es decir, que se mantenga una cantidad y calidad de agua tal que tengamos un rendimiento aceptable en cada uno de estos puntos) se resume en que, cuando estas ocurren, se generan pérdidas de entre un 1.3% y un 3.5% del PBI, como mínimo. 

Dada esta “situación inicial”, el principal problema para el Perú, según el BM, es que las medidas y políticas con las que cuenta para mejorarla son poco eficaces. Aquí entran a tallar varios temas; por ejemplo, el monitoreo de reservas de agua subterránea, ejercido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), carece de información actualizada sobre todas las reservas acuíferas del país; mientras que la aplicación de derechos de uso de las ya identificadas es deficiente, lo que genera la sobreexplotación del recurso. 

Además, nuestra infraestructura hidráulica posee una capacidad de almacenamiento baja (el promedio de América Latina es casi 14 veces mayor), su modernización es mínima, y su operación y mantenimiento por parte de los Gobiernos subnacionales es subóptima. De forma similar, la infraestructura de riego de calidad es la excepción en las áreas de cultivo, siendo lo más frecuente un sistema de inundación y surcos que son poco eficientes en el uso del agua. Los problemas se intensifican en las zonas de la sierra, donde los responsables asignados de gestionar el agua para riego carecen de capacidades técnicas, equipos o sistemas de monitoreo. 

En cuanto a las instituciones que velan por la administración del agua, el BM señala muchas falencias. Empezando por la ANA, sus funciones como regulador están limitadas por una excesiva cantidad de responsabilidades (consecuencia de estar bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), la incapacidad de retener personal calificado y un bajo rendimiento de sus oficinas desconcentradas. 

Sobre las empresas prestadoras de servicios (EPS), la gran mayoría presenta un rendimiento operativo y financiero paupérrimo, puesto que usualmente funcionan con pérdidas. Su sistema de tarifas obedece a razones políticas y no cubre ni los costos rutinarios ni los planes de inversión de las entidades. Como consecuencia, no existe margen de maniobra para las EPS de mejorar la calidad de su servicio, lo cual origina que la población que deben atender sufra escasez de agua o intermitencia del servicio. Si a ello se suman las pérdidas por agua no facturada y sobrebombeo (el costo de la energía de bombear agua), el BM estima que el costo económico del mal funcionamiento de las EPS equivale a un poco más de US$ 500 millones por año. 

Con respecto a las autoridades estatales, los Gobiernos regionales, y en especial las municipalidades, carecen generalmente de instrumentos de gestión que son transversales al uso del agua. Por ejemplo, una municipalidad sin un plan de ordenamiento territorial y un inventario de redes de agua y alcantarillado poco puede hacer para diseñar incrementos en la prestación de los servicios de agua, o medidas de respuesta frente a riesgos climáticos que imposibiliten su acceso. 

De esta manera, para el BM es claro que la prestación de los servicios y los factores detrás de esta deberían ser el centro de atención para mejorar la seguridad hídrica. Si bien reconoce las importantes brechas de financiamiento que requiere construir infraestructura nueva, y que esto involucra mayores asignaciones presupuestales, lo que el país verdaderamente necesita es optimizar la labor de los agentes involucrados en el sector y los procesos que cada uno ejecuta. Los proyectos de inversión verán la luz de forma más expedita y serán más eficaces cuando la maquinaria que los genera y organiza esté bien aceitada. El presupuesto puede seguir aumentando cada año, pero, si estos temas no se solucionan, poco impacto tendrá al final.