Los recursos son escasos y las necesidades vastas, por ello hay que saber administrarlos. Esta es una de las principales reglas de la economía; sin embargo, tal parece que la calidad del gasto público destinado a los programas sociales dista de esta realidad. A veces se piensa que el fin último de un programa social es lograr una mayor cobertura. No obstante, la evidencia demuestra que tal situación también acarrea que los recursos no lleguen a quienes más lo necesitan. Esta es la situación del Programa del Vaso de Leche (PVL), creado hace 32 años con gran entusiasmo, pero que en este tiempo no ha hecho más que dilucidar sus falencias.

En 2015, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el PVL fue percibido por 1,066,122 hogares a nivel nacional. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)[1], su primera prioridad deberían ser los niños entre 0 y 6 años, y las madres gestantes o en período de lactancia; y como segunda prioridad debería atender niños entre 7 y 13 años, adultos mayores y personas afectadas por tuberculosis. Vale recalcar que los hogares beneficiarios, además de lo anterior, deben cumplir con un requisito indispensable: estar categorizados como pobres o pobres extremos en términos monetarios.

Sorprendentemente, resulta que, del total de hogares beneficiarios, tan solo un 9.7% es pobre extremo, un 30.7% es pobre y, por más cruda que parezca la realidad, ¡un 59.6% no son pobres! Es decir, 6 de cada 10 hogares que reciben dicho programa alimentario no deberían hacerlo, pues no cumplen con el requisito principal. Además, si a esto le añadimos los 10,783 hogares que no incluyen a niños entre 0 y 13 años, así como adultos mayores o madres gestantes o en período de lactancia entre sus miembros, el total de filtración sería de un 59.8%[2], lo que significa 638,011 familias. La situación se torna aún peor si consideramos que Lima, que constituye un 22.7% de los hogares beneficiarios, presenta un 74.9% de filtración, y los departamentos de Madre de Dios (91.7%), Tumbes (90.9%) e Ica (89.1%) evidencian los más altos ratios de filtración. Por su parte, Cajamarca, el segundo departamento en términos de beneficiarios y el primero en niveles de pobreza, posee la menor tasa de filtración a nivel nacional (28.7%), pero esta es aún alta.

Una radiografía de los infiltrados

Un 87% de los jefes de hogar de las familias infiltradas se encuentra empleado o posee un negocio propio y, como si no fuese suficiente, 36,926 de ellos se desempeñaron como empleadores. Además, en promedio, los hogares infiltrados generan un ingreso neto mensual de S/ 2,412 y dos miembros del hogar lo perciben. Particularmente, un 83.3% de dichos hogares percibe ingresos familiares por más de S/ 1,000 mensuales, un 48.6% más de S/ 2,000 y un 12.8% más de S/ 4,000, por lo que queda claro que estamos en una situación crítica en lo que a focalización se refiere.

Adicionalmente, la situación de este programa se torna más alarmante aún si analizamos las condiciones de vida de estas familias, pues el 72.5% vive en casas propias[3] —un 37.6% de las cuales están construidas con material noble—, cuentan con agua y desagüe (65.6% y 55.9%[4], respectivamente), y con alumbrado eléctrico (93.2%). Esta situación se vuelve más agobiante aún si consideramos que un 33.7% de los hogares infiltrados destina parte de su presupuesto para televisión por cable, un 14.9% posee teléfono fijo, un 13.1% cuenta con internet y un 89% tiene al menos un celular. Vale recalcar que no es un delito contar con estos servicios, sino que estos hogares no deberían ser beneficiarios del PVL. Tal como establece su reglamento, el objetivo de este programa es mejorar el nivel nutricional de los sectores más pobres que, por su precaria situación económica, no están en condiciones de atender sus necesidades elementales, pero queda en evidencia que tal escenario dista mucho de la realidad.

Estas filtraciones se expanden hacia otros programas, dado que un 27.8% de estos hogares se beneficia de un programa alimentario adicional al PVL y un 13.8% lo hace con dos adicionales. Así, 120,899 hogares infiltrados son beneficiarios del Programa Juntos, otros 26,960 del Comedor Popular y 33,536 de Pensión 65. Las filtraciones antes mencionadas se deben, en gran medida, a la falta de control adecuado de las municipalidades, encargadas de la ejecución del programa. Por ejemplo, en el primer semestre de 2015, según cifras del Midis, de las 1,842 municipalidades distritales existentes, un 31.2% no remitió la información sobre los usuarios atendidos y en el segundo semestre dicha cifra alcanzó un 30.7%.

Cuando uno observa los indicadores sociales que muestra nuestro país se pregunta: ¿gastamos mal o gastamos poco? La respuesta, muchas veces, es ambas, pero deberíamos preocuparnos primero por cómo se ejecutan los recursos actuales. El PVL demuestra que, con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo la dirección. Y en un contexto de gasto social en ascenso y mayor cobertura de los programas sociales, urge redefinir el PVL y otros programas, sus sistemas de focalización y, principalmente, comenzar a mirar a la pobreza como un fenómeno multidimensional que requiere mucho más que buena voluntad y soluciones tradicionales. Tal como está focalizado el programa casi 1 millón de familias que sí cumplen con los requisitos no son beneficiarias del PVL y, como consecuencia de estas filtraciones y con el nivel de presupuesto actual, más de medio millón se estarían quedando fuera.