A raíz del escenario político que vive nuestro país, un grupo de proyectos de ley han quedado “congelados” en términos legislativos y solo podrían salir adelante en la forma de decretos de urgencia hasta que se constituya el nuevo Congreso. Entre estos, quizás uno de los que menos ha estado bajo los focos ha sido el Proyecto de Ley 4649/2019-PE, presentado en agosto último, que promueve la renovación del parque automotor a través del chatarreo de vehículos.

La propuesta del Ejecutivo busca reducir los niveles de contaminación del aire al sacar de circulación vehículos con alta antigüedad en las ciudades, para lo cual se otorgarían beneficios económicos y no económicos que incentiven el chatarreo. Gracias a esta medida, el proyecto estima que en los próximos 10 años se retirarían anualmente 10,250 vehículos, entre taxis, buses y transportes de carga, lo cual generaría ahorros para la sociedad por la reducción de gases de efecto invernadero y los consecuentes efectos positivos en la salud de los ciudadanos.

La iniciativa supone, a su vez, el primer avance del Ejecutivo enmarcado en el objetivo prioritario de Sostenibilidad Ambiental del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). De hecho, dentro de este objetivo se ha priorizado también la implementación de otras dos medidas: un paquete normativo para la promoción de vehículos eléctricos y la elaboración de un decreto supremo que regule el contenido de azufre en gasolinas y gasoholes de bajo octanaje[1]. En esta línea, cabe mencionar que aún se encuentran pendientes acciones para masificar el uso del gas natural vehicular (GNV), a partir de la eliminación del tratamiento diferenciado entre los requisitos para migrar a GNV y los correspondientes para GLP (ver Semanario 991).

No obstante, si revisamos el resto de las medidas respecto de los objetivos prioritarios del PNCP, encontramos que las tres mencionadas anteriormente son las únicas relacionadas con el transporte motorizado. Consideramos que los hacedores de política hubieran hecho mejor en ver el bosque y no solamente los árboles. Y es que, si el objetivo del PNCP es mejorar la competitividad y la productividad del Perú, tratar la problemática del transporte urbano enfocándose solamente en la contaminación ambiental no es tomar el toro por las astas.

Las deficiencias del transporte urbano en nuestro país son de diferente índole: la falta de integración de los diferentes modos de movilización, la informalidad y baja calidad del transporte público, una gestión y fiscalización ineficientes, infraestructura inadecuada, etc. Podemos observar, como un reflejo de esta realidad, que en Lima y Callao la gran mayoría de viajes motorizados se realizan por medio de buses, combis, coaster y mototaxis (9.4 millones de viajes al día), seguidos por los vehículos particulares (3.7 millones) y los taxis formales (2.8 millones) e informales (2.2 millones). En cambio, el uso de los sistemas de transporte público masivo[2], que en principio deberían ser de mayor calidad y más eficientes, es mínimo, ya que estos solo representan un 8.1% del total de viajes (1.6 millones). En otras palabras, predominan las opciones de transporte individual, que ocupan el mayor espacio vial por pasajero, y las flotas de transporte público de peor calidad, que, como todos sabemos, generan más desorden y, según el proyecto de ley del Ejecutivo, la mayor cantidad de emisiones contaminantes.

En este contexto surgen los altos niveles de congestión y caos vehicular, lo que tiene efectos perjudiciales en la sociedad, las denominadas externalidades negativas, que vemos día a día: demora en los tiempos de desplazamiento, accidentes, la ya mencionada contaminación, entre otras. Es la suma de todos estos factores lo que genera un costo para la economía. Por ejemplo, de acuerdo con un reporte de la Fundación Transitemos, solo en Lima y Callao los días laborales perdidos producto de la congestión representan aproximadamente un costo anual de S/ 27,000 millones, mientras que el costo del sobreuso de combustibles se estima en casi S/ 3,000 millones.

Por lo tanto, las políticas para reducir estas pérdidas económicas deben atacar la congestión vehicular, lo que a su vez implica lidiar con las múltiples problemáticas que la ocasionan. Es así que el Estado debería, por encima de otras medidas particulares como el cuestionado "pico y placa" aplicado por la Municipalidad de Lima (ver Semanario 993), dar más énfasis a colocar en marcha su Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, creado en julio de este año por el Decreto Supremo 027-2019-MTC. El programa busca promover sistemas integrados de transporte en ciudades con más de 100,000 habitantes, por medio de intervenciones en los Gobiernos locales que impulsen el planeamiento y accionar de políticas de tránsito ceñidas a estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.

En ese sentido, un sistema de transporte sostenible orienta la movilización urbana hacia los medios de transporte masivo, lo que genera una reducción en el uso de los vehículos particulares, para luego, en un mediano plazo, apuntar a un incremento del transporte no motorizado. Es decir, volviendo al caso de Lima y Callao, se trata de revertir la distribución de los viajes motorizados antes descrita, de forma que el tren, los corredores y el Metropolitano se vuelvan las opciones más atractivas para el ciudadano. Claramente, esto significa armonizar dichos tres medios de transporte, mejorar la fiscalización de otros vehículos en sus rutas y resolver problemas de circulación en la ciudad de forma efectiva.

Así, creemos que el proyecto de chatarreo y otras medidas que sean promovidas en el futuro con respecto al transporte deben estar articuladas bajo el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible. No es una tarea fácil, ya que su gestión dependerá también de la capacidad de las instituciones a cargo, en los diferentes niveles de gobierno, para actuar sin trabas y en coordinación mutua. Pero, al menos en la capital, la primera pieza del rompecabezas ya está puesta gracias a la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Que el resto del país siga este camino.

[1] Dos medidas que, de acuerdo con el PNCP, deberían estar listas en diciembre del presente año.

[2] Incluye Línea 1 del Metro, Corredores complementarios y el Metropolitano.