Lima cada vez está más cerca a cumplir 500 años y sigue creciendo. Hacia este año, seríamos casi 9.7 millones de personas en la provincia y concentraríamos un 29.7% de la población a nivel nacional, según estimados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Dado esto, los retos y problemas que enfrenta la capital serán cada vez de mayor magnitud, pues habrá mayor congestión en los servicios, especialmente en el de transporte público. Y no es para menos, pues un 46.2% de limeños piensa que este servicio es uno de los tres principales problemas que afectan la calidad de vida en la ciudad, según el Décimo Informe Urbano de Percepción Sobre Calidad de Vida en la Ciudad de Lima Cómo Vamos.

Tal como manifestamos en el Semanario 1003, las deficiencias del transporte urbano en nuestro país son de diferente índole, dentro de las cuales encontramos a la falta de integración de los diferentes modos de movilización, la informalidad y baja calidad del transporte público, una gestión y fiscalización ineficientes, infraestructura inadecuada, etc. A pesar de ello, el 65.3% de limeños y el 64% de chalacos usa algún modo de transporte público colectivo[1] para ir a su trabajo, oficina o centro de estudio, sobre todo buses (27.9%) en la capital y combis o cústeres (38.4%) en el Callao, según el mencionado informe de Lima Cómo Vamos. En contraposición, los servicios de transporte individual[2], el transporte privado individual[3] y el sostenible[4] son minoritarios.

Entre 2010 y 2019, el uso de combis o cústeres en Lima ha caído casi la mitad, al pasar del 45.9% al 25.4%. A la par, se ha producido un aumento del uso de buses (+6.1%, del 21.8% al 27.9%) y han aparecido otros medios de transporte masivo como el Metro de Lima, el Metropolitano y los corredores complementarios, lo cual ha desplazado parte de la demanda. Es decir, las personas sí están dispuestas a usar el transporte público, pero la oferta actual restringe estas posibilidades. Actualmente, el uso de los sistemas de transporte público masivo solo representa un 8.1% del total de viajes (de un total de 26.7 millones) y predominan las opciones de transporte individual y las flotas de transporte público de peor calidad, según un informe de la Fundación Transitemos.

En cuanto a la flota, de las 26,805 unidades de transporte público inscritas, Lima Metropolitana tiene 16,751 unidades en 372 rutas y la Municipalidad Provincial de Callao, 10,054 vehículos en 144 rutas. Es decir, aun cuando el Callao solo representa un 5% del territorio y tan solo un 10% de la población, ha autorizado un 37.5% del total de la flota circulante en Lima Metropolitana, según información hacia 2018 del reporte anterior. Además, un 31% de la flota tiene 15 años o más de antigüedad en Lima y el 59% presenta las mismas condiciones en el Callao. Por ello, resulta imprescindible reforzar la gobernanza en transporte, rol que descansa ahora en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dado que coordinar entre decenas de alcaldes para tomar decisiones al respecto es una tarea titánica.

De este modo, la ATU tiene que plantear una estrategia que permita integrar el sistema público de transporte. Así, además de efectuar operativos contra servicios informales, que han sido en gran parte las acciones realizadas hasta ahora, esta institución debe apostar por un sistema de transporte público masivo e integrado. Medidas como el “pico y placa”, además de ser poco efectivas de acuerdo con la evidencia internacional (ver Semanario 993), solo se orientan a gestionar la circulación de vehículos privados y no enfrentan los problemas fundamentales, como la limitada oferta de un sistema de transporte público integrado. Por tanto, apoyar el desarrollo de sistemas de transporte público es esencial, no solo desde la inversión privada, sino también la pública, tal como sucede en las ciudades más desarrolladas del mundo.

Asimismo, vale aclarar que, mientras se diseñe el sistema integrado de transporte público —que de hecho será un proceso arduo—, debemos ser conscientes de que servicios no tradicionales han aparecido para subsanar ineficiencias y beneficiar al consumidor. En particular, nos referimos a los servicios de intermediación por aplicativo, los cuales satisfacen una demanda de los usuarios, y la autoridad no debería forzar su inclusión como “taxi tradicional”.  Estos han traído soluciones a graves problemas de orden público, seguridad en el transporte, costos de transacción e ineficiencias en mercados, tal como lo señalamos en el Semanario 1013, y frenar su desarrollo sería perjudicial.

Es más que sabido que el transporte desordenado y sus problemas subyacentes nos afectan todos los días y que atenderlos es urgente. Lima sigue creciendo y articular una estrategia para atender la demanda de transporte público año tras año presentará mayor complejidad. A diferencia de otras metrópolis de América Latina, como Santiago o Bogotá, aún no hemos sido capaces de articular nuestro sistema y orientarlo hacia uno de movilidad masiva, pero esperamos que esto cambie. Según declaraciones de María Jara, presidenta de la ATU, para el segundo semestre de este año se van a realizar los estudios y las bases para implementar el nuevo sistema integrado de transporte, con más rutas y servicios. En el mismo sentido, se ha anunciado que el primer tramo de la línea 2 del Metro de Lima, que conectará a 10 distritos, comenzará a operar en 2021. Estaremos atentos.

[1] Incluye buses, combis o cústeres, colectivos, Metropolitano, Metro de Lima y corredores complementarios.

[2] Incluye mototaxis, taxis regulares y servicios de intermediación de transporte por aplicativos.

[3] Incluye automóviles propios y motocicletas.

[4] Caminata y bicicletas.