Según informe de la Liga contra el Cáncer, esta enfermedad es la principal causa de muerte en el Perú. En 2018 fallecieron 33,098 personas por cáncer y se detectaron 66,627 nuevos casos. Esta afecta en mayor medida a familias en condición de pobreza, ya que, por ejemplo, en 2015, la tasa de mortalidad en este estrato fue de 126 por cada 100,000 habitantes; mientras que en el segmento fuera de la pobreza fue de 102. Por otro lado, el Ministerio de Salud (Minsa) reporta que en el Perú existen 120,389 personas infectadas con VIH y 43,072 casos de sida acumulados en el periodo 1983-2018. Solo en 2018, se tienen 5,911 casos de VIH y 1,362 de sida.

Por ello se promulgó la Ley 27450 (2001), que exoneró del pago de aranceles y de IGV a los medicamentos para tratamiento oncológico y de VIH/sida; sin embargo, su aplicación está acotada a un listado que debe ser actualizado anualmente. La última actualización se dio en 2016. Además, mediante el Decreto Supremo 004-2011-SA, se creó una comisión conformada por el Minsa, el MEF, la Sunat y el Indecopi, actuando esta última como Secretaría Técnica, con el fin de analizar de manera anual el impacto de la norma.

Hasta el momento, la comisión ha elaborado tres informes (2012, 2013 y 2016) que muestran una reducción de los precios de la mayoría de los medicamentos incluidos en la lista. ¿Por qué estos informes no son públicos? ¿Por qué las entidades públicas (EsSalud, Minsa, INEN, etc.) no están obligadas a entregar esta información al Indecopi de manera oportuna, sistematizada y completa? Hoy estas no cumplen con el envío de información de calidad. Además, los laboratorios deben ser parte de este análisis y brindar información sobre los precios de sus productos.

Pero más allá de eso, es irracional que medicamentos para tratar estas enfermedades estén en una lista para quedar exoneradas del arancel (6%) y del IGV (18%). Una lista que no se actualiza y que por ello se generan sobrecostos que perjudican a los más pobres y al propio Estado, que debe adquirir medicamentos a un mayor costo. Claramente, esta lista no debería existir, y estos medicamentos deberían quedar exonerados inmediatamente.

Peor aún, hay un proyecto de ley (4818-2019-CR) que busca eliminar las exoneraciones a estos medicamentos, en sentido contrario al objetivo de mejorar el acceso a tratamientos innovadores y de menor costo. ¿Qué intereses particulares hay detrás?

¿Cuántas nuevas medicinas existen desde 2016 para tratar estas enfermedades y están pagando estos cargos? En 2018, se importaron US$ 12.5 millones en medicamentos oncológicos y para el VIH/sida que sí han pagado aranceles/IGV por no estar incluidos en la lista, lo que genera un sobrecosto de US$ 2.7 millones, mientras que en el periodo enero-julio de 2019 las cifras son de US$ 10.1 y US$ 2.2 millones, respectivamente. A nivel individual, aquellos por los que se han pagado los mayores sobrecostos son Atezolizumab, Ibrance y Sandostatin, usados para tratar los cánceres de pulmón, mama y páncreas, respectivamente, aquellos con mayor incidencia en el país. ¡De locos!